Empresas piden cambios a la licitación del nuevo centro penitenciario de $85 millones en Panamá

El interés del sector construcción por uno de los proyectos penitenciarios más ambiciosos impulsados por el Gobierno quedó reflejado durante la reunión previa y de homologación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que se construirá en Las Garzas.

Un total de 12 empresas participaron en el encuentro convocado por el Ministerio de Gobierno para analizar los requisitos de la licitación de $85 millones, una obra que busca transformar el modelo de reinserción social en Panamá.

El proyecto contempla el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento durante tres años de un complejo con capacidad para 2,500 personas privadas de libertad en condición de preliberados y de confianza, además de alojamiento para 160 custodios. La instalación será levantada dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya, en el corregimiento de Las Garzas.

Las compañías que participaron en la homologación fueron Centro Equipos, S.A.-Constructora de León; Dream Biometric; Improesa; CTL Ingeniería; Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (PROINFA); Global Delfos; Proinpetrol; Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOSCA); Inversiones Fernández Espina Hermanos; Grupo Caribe; Ro Consulting y Constructora Cumo.

La elevada participación empresarial no solo evidenció el interés por competir por el contrato, sino también la complejidad técnica y financiera de la obra.

A lo largo de la jornada, que se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, los representantes formularon decenas de consultas y observaciones relacionadas con los requisitos de experiencia, los estados financieros, los plazos de presentación de propuestas y las especificaciones técnicas del futuro centro.

Al revisar el contenido de las intervenciones, un tema sobresalió por encima de todos: la experiencia exigida a las empresas y al personal técnico.

Diversos participantes solicitaron flexibilizar el numeral 10.19 del pliego, que establece los criterios para acreditar experiencia en centros penitenciarios. Empresas como CTL Ingeniería, PROINFA, Global Delfos, Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting plantearon observaciones relacionadas con este requisito.

Las solicitudes fueron variadas, pero apuntaban en una misma dirección: permitir que la experiencia requerida pudiera acreditarse mediante la sumatoria de varios proyectos y no necesariamente con una única obra de gran magnitud.

También se pidió ampliar el reconocimiento de proyectos similares y flexibilizar las exigencias relacionadas con la capacidad penitenciaria mínima de 2,500 personas privadas de libertad.

La segunda petición más recurrente fue la ampliación del plazo para la presentación de propuestas.

CTL Ingeniería solicitó extender el período a 30 días calendario; PROINFA pidió 45 días; Global Delfos también propuso una extensión de 45 días; mientras que Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting respaldaron ampliar el tiempo disponible para preparar las ofertas.

Otro grupo importante de observaciones estuvo relacionado con los requisitos financieros. Varias compañías solicitaron reducir el capital de trabajo exigido del 50% al 25%, revisar los índices de liquidez y endeudamiento, permitir que los requisitos financieros de los consorcios pudieran acreditarse mediante la sumatoria de los indicadores de sus integrantes y flexibilizar los criterios de facturación mínima.

Estas solicitudes fueron planteadas por CTL Ingeniería, Global Delfos, Proinpetrol, ASOSCA, Inversiones Fernández Espina Hermanos, Grupo Caribe y Ro Consulting.

Las empresas también formularon preguntas específicas sobre el diseño arquitectónico y las especificaciones técnicas del futuro centro.

Entre ellas figuraron consultas sobre la posibilidad de realizar nuevas visitas de campo, el formato para la presentación de planos y maquetas, la procedencia de los materiales de construcción, las características del equipamiento tecnológico, los cronogramas de trabajo y desembolsos, las dimensiones de algunas instalaciones deportivas y la necesidad de aclarar discrepancias detectadas en algunos apartados técnicos del pliego.

Global Delfos presentó una de las intervenciones más amplias al advertir sobre aspectos operativos del proyecto, incluyendo la definición del perfil de los privados de libertad, la ubicación de equipos de seguridad, las características de edificios de hasta cinco niveles, la necesidad de considerar ascensores y las condiciones del terreno donde será construido el complejo.

Las respuestas de la entidad muestran que varias observaciones podrían traducirse en ajustes posteriores al pliego de cargos. En numerosas ocasiones, los representantes del Ministerio de Gobierno respondieron que los planteamientos serian verificados, evaluados o aclarados mediante adendas. Incluso en algunos casos reconocieron la necesidad de revisar aspectos de redacción y precisar requisitos técnicos.

El futuro Centro de Resarcimiento y Rehabilitación representa una apuesta distinta al modelo penitenciario tradicional. El proyecto contempla aulas, biblioteca, laboratorio de informática, talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería y prefabricados de concreto.

Además de espacios para atención psicológica, psiquiátrica, actividades deportivas y convivencia familiar como dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido, gimnasio de pesas, espacios para ajedrez y juegos de mesa, así como un área de oración destinada a actividades espirituales y consejería religiosa.

La licitación fija la recepción de propuestas para el próximo 14 de julio de 2026. El complejo deberá utilizar iluminación LED, sistemas de ventilación natural, materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, además de áreas verdes y paisajismo integrado. También se solicita que el diseño proyecte una imagen institucional moderna y compatible con el objetivo de reinserción social.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario panameño. A inicios de este año la población penitenciaria superaba los 24,600 privados de libertad frente a una capacidad instalada cercana a 14,700 plazas, mientras que el complejo de La Joya albergaba más de 15,000 personas pese a haber sido diseñado para menos de 10,000.

La magnitud de las consultas formuladas durante la homologación anticipa una competencia intensa por uno de los contratos de infraestructura pública más relevantes del año. También deja entrever que el Ministerio de Gobierno deberá decidir en las próximas semanas si incorpora parte de las recomendaciones planteadas por el sector privado antes de la recepción definitiva de las propuestas.