La doble exclusión educativa y laboral siguió afectando a jóvenes de Centroamérica y República Dominicana entre 2014 y 2023, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2023, Honduras y Guatemala registraban las tasas más altas, por encima del 32% entre la población de 15 a 29 años.
Según la CEPAL, El Salvador y República Dominicana redujeron la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan remuneradamente, mientras que Guatemala y Honduras retrocedieron. En El Salvador y República Dominicana, los valores bajaron a 22,7% y 15,9%, respectivamente.
El informe “Entre la escuela y el trabajo: Juventudes en transición en América Latina” señaló que en Costa Rica y Panamá la situación también mejoró, aunque de forma más moderada.
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La proporción de jóvenes que combinan estudio y trabajo remunerado sigue siendo baja y muestra trayectorias dispares. República Dominicana pasó de 14,1% a 16,4%, mientras que Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras registraron descensos. El informe de la CEPAL vincula esos resultados con dificultades para compatibilizar ambas actividades.
Brechas de género e ingreso
La perspectiva de género mantiene diferencias marcadas. El informe de la CEPAL indica que las mujeres jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la doble exclusión.
En 2023, cerca del 33% de las mujeres de 25 a 29 años en la región no estudiaba ni trabajaba, frente a poco más del 11% de los hombres del mismo rango de edad.
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Esa brecha se relaciona con la división sexual del trabajo, que concentra en las mujeres las tareas de cuidado y las actividades domésticas no remuneradas. La mayoría de las jóvenes que no estudian ni trabajan dedica su tiempo a esas tareas, mientras que los hombres buscan empleo con mayor frecuencia, según la CEPAL.
La desigualdad se profundiza al considerar los niveles de ingreso. Entre quienes pertenecen al quintil más pobre, alrededor del 47% de las mujeres y el 24% de los hombres quedan fuera del sistema educativo y del mercado laboral. En el quintil más rico, esas cifras descienden a 10% y 6%, respectivamente.
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Rezago educativo y territorio
El rezago educativo es otra expresión de la exclusión. De acuerdo con la CEPAL, los jóvenes que no estudian ni trabajan tienen menos años de escolaridad que quienes siguen vinculados a la educación o al empleo. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, quienes están fuera de ambos sistemas alcanzan 10.3 años de escolaridad, frente a 13.4 años de quienes solo estudian o estudian y trabajan.
La diferencia también aparece en el grupo de 25 a 29 años y reduce las posibilidades de inserción laboral futura y de movilidad social, indica “Entre la escuela y el trabajo: Juventudes en transición en América Latina”.
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El territorio también incide en la exclusión. Las mujeres rurales registraron los niveles más altos, con 44.7% en 2023, frente a 25.8% de las mujeres urbanas y 13.2% de los hombres urbanos. Aunque hubo una mejora en la última década, la distancia entre las mujeres rurales y el resto de los grupos siguió siendo alta.
Brechas étnicas e informalidad laboral
Las brechas étnico-raciales también atraviesan la situación juvenil de la región. En Guatemala y Panamá, los jóvenes indígenas presentan tasas de exclusión superiores a las de sus pares no indígenas. En República Dominicana, la situación afecta de forma desproporcionada a jóvenes afrodescendientes.
En el mercado laboral, la informalidad predomina en los sectores donde los jóvenes logran insertarse. La CEPAL indicó que en agricultura y construcción la tasa de informalidad supera el 80% para quienes estudian y trabajan, y también se mantiene alta entre quienes solo trabajan remuneradamente.
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En servicios y comercio, la informalidad es menor, pero sigue representando un problema para la protección social y la estabilidad laboral juvenil.
Recomendaciones de la CEPAL
Frente a este escenario, la CEPAL recomendó fortalecer políticas que articulen educación, empleo y protección social, con foco en los grupos más vulnerables.
El organismo propuso impulsar la permanencia educativa con becas y transferencias monetarias, y flexibilizar la oferta formativa para responder a las necesidades de los jóvenes, los territorios y los sectores productivos locales.
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