Interpol elimina alerta roja sobre Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador

La Interpol eliminó la notificación roja que solicitaba la búsqueda internacional del expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani, requerido por la justicia salvadoreña en el proceso penal sobre la masacre de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989. La decisión, comunicada el 15 de abril de 2026 a la Policía Nacional Civil de El Salvador, modifica sustancialmente el alcance de la cooperación global contra Cristiani, publicó el medio digital regional Centroamérica 360.

Tras la comunicación de Interpol, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador —responsable del caso— recibe la resolución en un momento definitorio, ya que el proceso judicial entró en fase de juicio en noviembre de 2024, pero enfrenta recursos de revocatoria presentados por las defensas, indica el medio.

El tribunal fijó una audiencia relevante programada para el 30 de abril a las 14:00 para analizar estos recursos y definir los siguientes pasos procesales, lo que acrecienta la importancia de la reciente decisión de Interpol sobre Cristiani y los demás imputados.

Según la publicación de Centroamérica 360, la notificación internacional sobre Cristiani fue retirada tras una revisión interna del expediente: “Interpol eliminó los datos de Cristiani. En consecuencia, ya no se podrá usar el sistema de Interpol para su búsqueda y localización”. Esta exclusión de los mecanismos internacionales, en opinión de la autoridad citada, dificulta la posibilidad de localizar y detener al exmandatario fuera de El Salvador.

Al mismo tiempo, la Secretaría General de Interpol decidió bloquear temporalmente los datos del exdiputado Rodolfo Parker, otro de los procesados, mientras finaliza el análisis detallado de su expediente. Sin embargo, se mantienen activas las alertas rojas sobre otros involucrados bajo controles específicos, informó la entidad a las autoridades salvadoreñas.

El proceso judicial mantiene a Cristiani bajo acusaciones por crímenes y corrupción

La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene vigentes procesos penales tanto contra Cristiani como con relación a otros altos oficiales militares y el propio Parker. Los delitos imputados en la causa de los Jesuitas incluyen asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal, dice en la publicación de Centroamérica 360.

Además, la Fiscalía acusa a Cristiani de haber autorizado la matanza, motivo por el que existe una orden de detención desde marzo de 2022 dictada por un juzgado de paz.

De forma paralela a la causa por la masacre de 1989, la Fiscalía General impulsa un proceso por lavado de dinero y exige que bienes incautados al exgobernante —por un monto superior a USD 9 millones— pasen al Estado. Entre los activos intervenidos en junio de 2023 se cuentan un helicóptero, ciento cuarenta y tres inmuebles, cuarenta y un vehículos y veintisiete cuentas bancarias, detalló la fiscalía en su momento. Para el ministerio público, el patrimonio del expresidente fue utilizado para “ocultar y legitimar el delito de lavado de dinero”. El destino de estos bienes se encuentra bajo evaluación judicial mediante la figura de extinción de dominio.

Cristiani fue presidente entre 1989 y 1994 con la insignia de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y fue el mandatario que firmó los acuerdos de paz con la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este acto puso fin a la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

La masacre de los Jesuitas en la UCA: impacto internacional y avance judicial

El 16 de noviembre de 1989, en pleno auge del conflicto armado, un comando militar ejecutó en la UCA a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López, junto a las colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina Ramos. Este crimen ha sido considerado como uno de los hechos más graves cometidos durante la guerra civil y adquirió proyección internacional porque cinco de las víctimas —incluidos varios sacerdotes jesuitas— tenían nacionalidad española, hecho que permitió que organismos y tribunales fuera de El Salvador impulsaran investigaciones y reclamos judiciales.

En el marco actual, la eliminación de la notificación roja significa que Alfredo Cristiani ya no es buscado a través de los sistemas globales de Interpol, lo que restringe la capacidad de la justicia salvadoreña para obtener su extradición o ubicación por vías policiales internacionales. Los procesos penales continúan en el ámbito local, con una audiencia decisiva programada y causas adicionales por corrupción en curso.

El paradero de Cristiani y repercusiones políticas

El paradero de Cristiani se mantiene desconocido. En el último año, la administración del presidente Nayib Bukele lo vinculó a su campaña contra la corrupción, señalándolo como “uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país” y prometiendo recuperar para el Estado “lo robado”.

Las notificaciones internacionales de búsqueda respecto a otros implicados continúan activas y bajo seguimiento, reportó Centroamérica 360. La revisión judicial de los expedientes, tanto por la masacre como por el presunto enriquecimiento ilícito, sitúa la figura del expresidente en el centro de un proceso de justicia transicional en El Salvador.