Justicia salvadoreña sentencia a 26 cabecillas y prepara más de 480 juicios para abril

Entre enero y marzo de 2026, los tribunales especializados en crimen organizado de El Salvador han dictado condena a 26 cabecillas de pandillas bajo el modelo de audiencias únicas abiertas.

Este sistema, implementado en juzgados de San Miguel, Santa Ana y San Salvador, permite mantener juicios colectivos abiertos hasta por dos años, centrados en líderes y miembros de estructuras criminales.

Las sentencias derivan de detenciones realizadas durante el régimen de excepción instaurado el 27 de marzo de 2022, prorrogado en 49 ocasiones por la Asamblea Legislativa. En este contexto, los jueces aplican la reforma de julio de 2023 a la Ley Contra el Crimen Organizado, que exige penas de 45 a 60 años de prisión para cabecillas de pandillas.

Según información de Diario El Salvador, en las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los responsables por agrupaciones ilícitas y, en casos específicos, los jueces impusieron penas que superan 300 y 400 años por delitos como extorsión, homicidio, tráfico ilícito, feminicidio, lavado de dinero y otros hechos relacionados con el crimen organizado. Los 26 cabecillas sentenciados forman parte de más de 30 expedientes abiertos en el primer trimestre de 2026, los cuales siguen activos y permiten que la Fiscalía solicite nuevas acusaciones durante los próximos 24 meses.

Para fundamentar las condenas, el ministerio público presentó perfiles criminológicos que detallan el rango, función y control territorial de los acusados. Como encargados de grupos territoriales, los líderes emitían instrucciones directas y tenían la última palabra sobre la ejecución de hechos delictivos. La desobediencia a sus órdenes era sancionada, incluso con la muerte.

En San Salvador, ocho dirigentes mareros resultaron sentenciados. Entre ellos, las resoluciones destacan los siguientes casos:

• Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, recibió 40 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
• El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso 45 años de prisión a:

- Vladimir Antonio Guzmán Olmedo (“Drogo”) - Edwin Giovanni Benítez Orellana (“Little Spi”) Por actividades criminales en Chalatenango .

• Carlos Javier Vásquez Amaya, corredor de la clica Saicos Locos Salvatruchos, fue condenado a 60 años por su papel operativo en Cuscatlán.

Además, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado sentenció a tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que operaba en La Paz y tenía bases en Estados Unidos, a 45 años de prisión cada uno.

Las audiencias únicas abiertas permiten mantener juicios activos y facilitan la actuación de la Fiscalía contra las estructuras, adaptándose al avance de las investigaciones.

Audiencia única para más de 480 cabecillas de la Mara Salvatrucha en San Salvador

Las autoridades judiciales de El Salvador han programado una audiencia única abierta para más de 480 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso está previsto para comenzar durante este mes de abril en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El expediente judicial contiene más de 37,000 folios y documenta 37,402 delitos atribuidos por la Fiscalía General de la República. Entre los cargos figuran agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, actos de terrorismo y rebelión.

La mayoría de los imputados participará de forma virtual desde distintos centros penales donde se encuentran recluidos, algunos desde hace varios años y otros detenidos tras el régimen de excepción, según información de Diario El Salvador. El grupo de acusados incluye 24 miembros de la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 corredores de programas.

Los integrantes de la ranfla histórica permanecen en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, mientras que otros cabecillas están internos en los penales de Izalco, Ciudad Barrios y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Entre los procesados se encuentran dirigentes localizados en México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

De acuerdo con la Fiscalía, los principales responsables son los corredores de los 32 programas que componen la estructura de la Mara Salvatrucha. La acusación sostiene que estos líderes coordinaban actividades delictivas desde prisión y desde el exterior.

La audiencia única se prolongará durante varios meses debido a la cantidad de personas involucradas y la complejidad de los hechos documentados entre 2012 y 2022. En este proceso se busca establecer la responsabilidad de cada cabecilla en la estructura organizativa y en los delitos cometidos.

Las investigaciones fiscales señalan que la organización utilizaba diferentes estrategias para cometer crímenes. Entre los métodos identificados se encuentra el denominado “H1”, que consistía en asesinar a personas y luego enterrarlas para impedir su localización.

El expediente reúne pruebas sobre la ejecución sistemática de delitos y detalla el funcionamiento jerárquico de la estructura, según los fiscales encargados del caso.

La Fiscalía considera que el enjuiciamiento de los cabecillas y el debilitamiento de las redes de mando forman parte de la estrategia institucional en la lucha contra la criminalidad organizada, mientras se desarrolla una audiencia que podría tener repercusiones en la aplicación de justicia penal contra estructuras de pandillas.