El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 15 años de prisión a Rony Johansen Caishpal Núñez al comprobar que, mediante delitos informáticos, desvió fondos bancarios pertenecientes a una mujer fallecida.
En total, la pareja se apoderó de más de USD 73,000 a través de operaciones electrónicas.
Como parte de las consecuencias civiles, el tribunal ordenó que Caishpal Núñez reembolse USD 47.851,58 al banco afectado y estableció que Amalia Doménica Gutiérrez de Caishpal, su esposa, debe pagar USD 25,281.
Este dictamen se dictó después de que los acusados ejecutaron los retiros y transferencias a siete cuentas distintas, utilizando parte de los fondos para retirar efectivo en cajeros automáticos cercanos a su domicilio.
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Las investigaciones determinaron que Caishpal Núñez, empleado bancario en ese momento, creó el 2 de agosto de 2021 un usuario de banca en línea a nombre de una clienta que había fallecido el 8 de abril de ese mismo año. Al obtener acceso, generó un perfil transaccional con el cual movilizó fondos depositados en plazos fijos, apropiándose tanto del capital como de los intereses de la víctima.
Por estos hechos, la justicia condenó a ocho años a Caishpal Núñez por hurto por medios informáticos, cuatro años por hurto de identidad y tres años por acceso indebido a datos informáticos. Gutiérrez de Caishpal recibió una pena de cuatro años de prisión por hurto por medios informáticos.
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Racha de casos
En octubre la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador reportó que 124 integrantes de una estructura transnacional dedicada a delitos informáticos permanecerán en detención mientras el caso avanza a la fase de instrucción. Además, el proceso judicial también afectará a 32 acusados ausentes, incluyendo siete colombianos, un venezolano, dos guatemaltecos y 22 salvadoreños.
Según la resolución del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, todos los procesos penales existentes contra estos individuos serán acumulados en una sola causa. La investigación contra la red internacional comenzó en mayo de 2025, cuando se detectó la utilización de cuentas bancarias, servicios de envío de dinero como Western Union y plataformas de criptomonedas, específicamente Binance y Bingx, para operaciones de lavado de dinero. El monto movilizado por la organización asciende a aproximadamente seis millones de dólares (USD6.000.000).
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La estructura desmantelada estaba integrada por 549 personas de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Honduras, quienes emplearon diversas estrategias en redes sociales para cometer estafas, hurtos y lavar dinero. La etapa de instrucción se encuentra bajo reserva total y tendrá una duración de dos años.
La normativa está orientada a combatir los delitos informáticos en El Salvador introduce penas que pueden alcanzar hasta los seis años de prisión cuando las conductas afectan sistemas públicos o servicios esenciales, en un esfuerzo por proteger tanto la integridad de los datos como la infraestructura tecnológica nacional. Según el articulado, la normativa abarca no solo los hechos cometidos en territorio salvadoreño sino que también puede aplicarse si el acto delictivo comenzó en otro país y culminó dentro de la jurisdicción nacional, así como en aquellos casos donde los sistemas atacados operan en suelo salvadoreño y el responsable no ha sido juzgado en el extranjero.
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El alcance de la ley incluye a todas las personas —naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras— responsables de acciones que perjudiquen a bienes jurídicos del Estado, sus habitantes o intereses protegidos por pactos y tratados internacionales ratificados por El Salvador. La normativa detalla que será sancionado con penas de uno a cuatro años de prisión quien, intencionadamente y sin autorización, acceda, intercepte o utilice total o parcialmente un sistema informático operado mediante tecnologías de la información o la comunicación.
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