La definición del futuro judicial de los exjefes militares implicados en la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en El Salvador, depende ahora de la resolución que adopte la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente en los próximos días.
Según la organización Cristosal, este tribunal debe decidir si confirma o revoca la decisión anterior del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que ordenó la apertura de juicio contra el exministro de la Defensa, Guillermo García, el excomandante de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo, y diez oficiales que integraban el mando del Batallón Atlacatl.
La decisión marcará si el caso, considerado el crimen de guerra y lesa humanidad más grave de América Latina contemporánea, avanza finalmente a la etapa de juicio y sentencia tras décadas de obstáculos legales e institucionales, informó Cristosal.
Más de mil personas civiles murieron entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981 durante la operación militar del Batallón Atlacatl en el norte del departamento de Morazán, al oriente de El Salvador.
De acuerdo con la información de Cristosal, más de la mitad de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes, y a estos asesinatos se sumaron violaciones sistemáticas contra mujeres y menores. La magnitud del crimen motivó en 2010 una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado salvadoreño investigar y juzgar seriamente estos hechos.
La respuesta judicial, sin embargo, ha sido lenta y por momentos favoreció la impunidad, señala la organización.
Durante los 44 años transcurridos, el expediente judicial ha pasado por etapas marcadas por recursos, bloqueos y decisiones judiciales que demoraron la llegada del caso a juicio.
La reciente apelación, interpuesta por los acusados ante la Cámara de lo Penal, busca frenar nuevamente el proceso. Para los familiares de las víctimas y las organizaciones acompañantes, la causa ha avanzado gracias a pruebas testimoniales y científicas sólidas y persistencia frente a intentos reiterados de archivar el expediente.
La decisión de la Cámara será decisiva para el proceso
La Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, con sede en el departamento de San Miguel, tiene ahora la competencia exclusiva para determinar si el juicio sigue su curso o si la causa vuelve a quedar estancada.
Cristosal manifestó que espera que el tribunal confirme la decisión de elevar el caso a plenario. Según la organización, permitirá “llevar a cabo un juicio que se ha retardado durante décadas” y acercará al país a cumplir la sentencia internacional pendiente.
La entidad sostiene que este punto marca una nueva disyuntiva histórica para El Salvador: avanzar hacia la verdad y la justicia para las víctimas, o prolongar la impunidad que ha caracterizado este proceso desde su inicio.
El expediente judicial está sostenido, afirma Cristosal, por “la dignidad de las víctimas, que han cumplido su parte durante generaciones”.
La resolución de la Cámara de lo Penal será determinante para establecer si el sistema de justicia salvadoreño estará finalmente a la altura en el caso de El Mozote, cuyos hechos y consecuencias permanecen vigentes más de cuatro décadas después.
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