
La capacidad de ahorro de la mayoría de los hondureños sigue siendo limitada, el 71.6 % declaró que en 2025 sus posibilidades de generar reservas económicas fueron iguales o inferiores a las del año anterior, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias ante eventos imprevistos, como emergencias de salud o la pérdida de empleo.
Aunque el más reciente informe presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales señala una reducción de la tasa de desempleo respecto al año previo, la dinámica familiar evidencia que tener trabajo no siempre se traduce en mejores condiciones de vida ni reduce la exposición a la pobreza extrema, según datos publicados por la máxima casa de estudios en el marco de la VIII Encuesta Económica Familiar Multipropósito.
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Estas cifras reflejan la tensión entre la mejora del empleo y la persistente dificultad para elevar los ingresos. Además, el rubro de alimentación fue el que más incrementó su peso en el gasto familiar, afectando al 22.55 % de los hogares y poniendo en relieve cómo el aumento de costos impacta principalmente en quienes destinan mayores proporciones de su presupuesto a necesidades básicas.

La VIII Encuesta Económica Familiar Multipropósito de la UNAH determinó que la tasa de desempleo afectó al 6.10 % de los hogares en 2025.
Esta proporción representa una reducción de 1.20 puntos porcentuales frente al 7.20 % registrado en 2024, lo que indica una leve mejoría en el mercado laboral hondureño.
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El estudio evaluó una muestra representativa de 10, 298 hogares entre el 6 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, logrando una cobertura nacional que ofrece una visión amplia sobre el empleo, los ingresos y las condiciones socioeconómicas de las familias. Destacó una presencia predominante de la región central, con el 61.32 % de los encuestados, seguida por el Valle de Sula, que concentró el 17.73 %, marcando diferencias regionales en dinámica laboral y generación de ingresos.
Pese a la disminución de la desocupación, el informe identifica que el 40.1 % de los desocupados llevan más de seis meses buscando empleo. Este segmento enfrenta riesgos de vulnerabilidad económica, pérdida de habilidades laborales y deterioro en la calidad de vida. El informe cita la necesidad de “programas de capacitación, incentivos a la contratación y políticas públicas focalizadas” como posibles medidas para atender a este grupo.
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El contexto macroeconómico nacional, según el estuvo organismo estuvo marcado el año anterior por una estabilización relativa de la inflación, el tipo de cambio y el producto interno bruto.
Estos factores contribuyeron a moderar la volatilidad económica respecto a periodos previos. Sin embargo, la inestabilidad en los precios de insumos básicos sigue siendo una amenaza para el poder adquisitivo, sobre todo en sectores de menores ingresos.

La estructura laboral en Honduras mantiene una mayoría de empleo asalariado, representando el 67.03 % de la población ocupada. El 32.97 % restante corresponde a trabajadores independientes, emprendedores y personas en el sector informal.
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En cuanto a actividades económicas, el comercio lidera con 23.85 %, seguido por la agricultura con 22.84 % de ocupación. Esta dinámica evidencia el peso del comercio en áreas urbanas y de la agricultura en zonas rurales.
El informe subraya que ambos sectores registran desafíos continuo, competencia internacional, variabilidad climática y acceso limitado al financiamiento condicionan el entorno laboral y económico para quienes dependen de estas actividades.
La encuesta indica que seis de cada diez personas desempleadas logran reubicarse en el mercado laboral en un intervalo determinado, reflejando cierta movilidad laboral, aunque insuficiente para atender la totalidad del desempleo de larga duración.
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Además de la contracción en los ingresos, los hogares enfrentaron una alza significativa en el costo de la vida. El gasto en alimentación fue señalado por el 22.55 % de los hogares como el rubro de mayor aumento durante el año, seguido por el transporte (17.86 %) y la adquisición de bienes y servicios (17.30 %). Estos incrementos se relacionan con el encarecimiento de combustibles, mayores costos logísticos y cambios en productos esenciales.
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