El Salvador: Exempleado bancario condenado tras crear usuario digital a nombre de una fallecida para hurtar sus ahorros

La sentencia ordenó penas de cárcel y el pago de una compensación económica tras comprobar una operación de sustracción de fondos por medio de la creación ilegal de un perfil digital vinculado a una persona fallecida

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El Tribunal Cuarto de Sentencia
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condena a Rony Johansen Caishpal Núñez a 15 años de prisión por fraude informático y suplantación de identidad post mortem. (Cortesía: UNIR Ecuador)

En un fallo que resalta la gravedad de los delitos cometidos mediante el abuso de confianza y el uso de herramientas tecnológicas, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador dictó una condena de 15 años de prisión contra Rony Johansen Caishpal Núñez, de 45 años.

El imputado, valiéndose de su cargo en una institución financiera, ejecutó un esquema de fraude informático que incluyó la suplantación de identidad de una persona fallecida para apropiarse de sus ahorros.

La sentencia también alcanzó a su esposa, Amalia Doménica Gutiérrez de Caishpal, de 47 años, quien fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de hurto por medios informáticos.

Según las investigaciones fiscales, la pareja logró sustraer un monto total que supera los USD 73,000, afectando tanto el patrimonio de la fallecida como la integridad del sistema bancario.

Rony Caishpal Núñez utilizó su
Rony Caishpal Núñez utilizó su posición en una entidad financiera para crear un usuario digital falso y sustraer más de $73.000 de una cuenta bancaria de una persona fallecida. (Cortesía: El Tiempo)

El esquema: Suplantación de identidad

El caso destaca por la frialdad en la ejecución del delito. Durante el juicio, se acreditó que el 2 de agosto de 2021, Caishpal Núñez aprovechó sus facultades como empleado bancario para crear un usuario de banca en línea a nombre de una clienta que había fallecido el 8 de abril de ese mismo año.

La víctima original poseía diversos depósitos a plazo fijo, cuyos intereses se acumulaban en su cuenta de ahorros, convirtiéndose en el objetivo del ahora condenado.

Una vez creado el usuario digital fraudulento, Caishpal generó un perfil transaccional que le permitió operar con total libertad. Desde la comodidad de su posición técnica, realizó múltiples transferencias electrónicas hacia siete cuentas distintas, movilizando los fondos de la fallecida para ocultar el rastro del dinero.

Participación familiar y responsabilidad civil

La estructura delictiva no terminó en las transferencias digitales. La investigación determinó que parte de los fondos sustraídos fueron convertidos en efectivo por su esposa, Amalia Gutiérrez de Caishpal, quien realizaba retiros constantes en cajeros automáticos ubicados en las cercanías de su lugar de residencia.

Además de las penas de cárcel, el Tribunal Cuarto de Sentencia estableció montos específicos en concepto de responsabilidad civil para resarcir el daño económico causado a la institución bancaria afectada:

  • Rony Caishpal Núñez deberá pagar la suma de USD 47,851.58.
  • Amalia Gutiérrez de Caishpal fue sentenciada a cancelar USD 25,281.00.
El fallo judicial obliga a
El fallo judicial obliga a Rony Caishpal Núñez y a su esposa a resarcir al banco con el pago de más de USD 47,000 y USD 25,000 respectivamente, por responsabilidad civil. (Cortesía: Centros Judiciales de El Salvador)

Desglose de los delitos informáticos

La condena de 15 años impuesta a Caishpal Núñez se desglosa en tres tipos penales que demuestran la complejidad del ataque al sistema: hurto por medios informáticos con ocho años de prisión y hurto de identidad con cuatro años de prisión por hacerse pasar por la víctima fallecida.

De igual forma, se le agrega el acceso indebido a programas o datos informáticos que supone tres años tras la rejas por vulnerar la seguridad interna del banco.

Este caso sienta un precedente importante en la justicia salvadoreña sobre la protección de datos personales y la seguridad bancaria. Las autoridades judiciales subrayaron que el uso de la identidad de una persona fallecida no solo representa un daño patrimonial, sino una violación ética profunda que el sistema de justicia penal debe castigar con rigor para mantener la confianza en las instituciones financieras.

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