Las instituciones del sistema judicial refuerzan la capacitación continua con nuevas iniciativas en El Salvador

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) inauguraron un diplomado en Derecho Sanitario, dirigido a jueces, magistrados de Cámara y colaboradores jurídicos, según informaron en redes sociales, con el fin de fortalecer sus conocimientos y mejorar la aplicación de la normativa en materia constitucional, penal y contencioso administrativa.

Al evento asistió el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, y el superintendente de la SRS, Noé Geovanni García Iraheta, quienes destacaron la importancia de fomentar iniciativas multidisciplinarias para consolidar una justicia más sólida y eficiente.

“Esto es parte del esfuerzo y del trabajo en equipo multidisciplinario. En ese sentido, los invito a aprovechar estas iniciativas orientadas a fortalecer la administración de justicia, mediante mejores sentencias, resoluciones administrativas más sólidas y, por supuesto, la construcción de un mejor país”, dijo Mejía al inaugurar el evento. Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahum Martínez, explicó que en la primera jornada del diplomado se abordarían aspectos constitucionales del derecho sanitario, estableciendo así las bases para el resto del programa. El objetivo es fortalecer la interpretación y aplicación de los estándares constitucionales en la resolución de casos concretos.

El área de Capacitación Judicial de la Unidad Técnica Central anunció que el diplomado tendrá una duración de 80 horas y estará centrado en los procedimientos administrativos desarrollados por la SRS, tanto en el ámbito farmacéutico como en el sector alimentario. Esta formación permitirá analizar la posible trascendencia penal de determinadas conductas y facilitará a los operadores de justicia la distinción entre la competencia administrativa y la penal, un aspecto clave para la correcta administración de justicia en el país. Entre los presentes al acto inaugural se encontraban magistrados de la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, así como representantes de jefaturas y direcciones de la CSJ y la SRS.

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) impulsa la especialización jurídica mediante seminarios orientados a la mejora de la práctica judicial. El primero, titulado Resoluciones judiciales en materia civil y mercantil con impacto registral en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se realizará el 24 de febrero en modalidad virtual, de 2:00 a 4:00 de la tarde. La jornada está dirigida a jueces y operadores jurídicos interesados en comprender los principios registrales y su correcta aplicación en sentencias que afectan la propiedad raíz e hipotecas. El evento abordará temas como la resolución judicial como título registrable, la calificación registral y los límites del registrador.

El segundo seminario, denominado Metodologías para redactar resoluciones judiciales claras y efectivas: más allá del hipérbaton y los circunloquios, está programado para el 25 de febrero, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, también en modalidad virtual. La ponencia estará a cargo de Alexsir Evenor Arguera álvarez, técnico metodólogo de la Escuela de Capacitación Judicial. El propósito es ofrecer a los participantes herramientas prácticas para redactar resoluciones comprensibles, precisas y accesibles, dando respuesta a la demanda de una justicia más transparente para la ciudadanía.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a la actualización y perfeccionamiento de los profesionales del derecho en El Salvador. Tanto la CSJ, el CNJ y la SRS han evidenciado un compromiso constante con la capacitación continua, considerada un pilar fundamental para mejorar la administración de justicia. La inclusión de diplomados, seminarios y videoconferencias en la agenda formativa permite a jueces, magistrados y operadores jurídicos acceder a nuevas herramientas y conocimientos, con impacto en la calidad de sus resoluciones y en la confianza de la sociedad en el sistema judicial.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de los profesionales es una prioridad para las instituciones responsables del sistema de justicia. Incorporar formación especializada responde tanto a los desafíos actuales como a las demandas ciudadanas de mayor eficacia, transparencia y equidad en la resolución de los conflictos jurídicos.