Autoridades salvadoreñas emiten sentencias a pandilleros acusados de extorsión, agresión sexual y otros delitos

A 36 años de prisión fue condenado Kevin Giovanni Ventura por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de dos personas. El fallo, emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, incluyó además una sanción de USD 300 por responsabilidad civil.

Según la investigación, Ventura pertenecía a la cancha Bosques del Río de la pandilla Barrio 18, organización vinculada a delitos en la colonia Bosques del Río y sus alrededores. El hecho que motivó la condena ocurrió el 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Soyapango, cuando Ventura irrumpió en la vivienda de una de las víctimas tras haber entrado previamente en otros domicilios vecinos.

El expediente judicial detalla que, al ser sorprendido por una de las víctimas, Ventura la golpeó en la cabeza con una almágana. Los gritos de auxilio despertaron a una segunda persona, quien también fue atacada con la misma herramienta.

La primera víctima logró huir y pedir ayuda. Las autoridades acudieron al sitio y consiguieron detener a Ventura en flagrancia. Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde recibieron atención médica y lograron estabilizarlas.

El tribunal consideró válidas las pruebas de la Fiscalía y confirmó la acusación de intento de homicidio. Además de la sentencia y la multa, Ventura enfrenta un proceso penal por agrupaciones ilícitas, dada su pertenencia a la organización delictiva.

La figura legal de agrupaciones ilícitas ha sido clave en El Salvador para combatir estructuras como la Barrio 18, consideradas organizaciones terroristas por la ley salvadoreña. Esta condena se suma a los esfuerzos estatales para desarticular la operatividad de pandillas en zonas urbanas y periféricas.

Cinco miembros de la pandilla 18 Sureños condenados por extorsión en Cojutepeque

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque dictó 15 años de prisión para Carlos Humberto Quintanilla, Oscar Armando Rauda Santos, Ricardo Heriberto Pérez Juárez, Kenyi Jhonlid Vásquez Vásquez y Erick Balmore Rivera Cruz. Todos fueron hallados culpables de extorsión agravada contra un comerciante del mercado municipal del barrio El Calvario.

La víctima, dedicada al comercio, comenzó a recibir amenazas de muerte en enero de 2019 por parte de miembros de la pandilla 18 Sureños, quienes exigían pagos periódicos de dinero. Los extorsionadores pertenecían a los grupos Vista Lago y Huerto Municipal de Cojutepeque.

Tras varios pagos obligados, el comerciante optó por denunciar debido a la disminución de la rentabilidad de su negocio. Esta decisión permitió que el 23 de julio de 2019 se realizara una entrega controlada de efectivo, colaborando con las investigaciones.

Las autoridades lograron identificar a otros pandilleros involucrados, lo que facilitó nuevas capturas. Durante el juicio, se expusieron pruebas para acreditar la participación de los condenados en el delito de extorsión.

Al concluir la audiencia de vista pública, el juez impuso la pena de 15 años de cárcel a cada uno de los implicados, consolidando la respuesta judicial frente a delitos de extorsión en la región de Cuscatlán Sur.

Un menor de la MS13 es sentenciado a 15 años de internamiento en Ahuachapán

El Juzgado Cuarto del Tribunal Primero Contra El Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 15 años de internamiento a un menor de edad por el delito de agrupaciones ilícitas. La decisión fue consecuencia de una investigación iniciada en julio de 2025 en Tacuba, Ahuachapán Centro, tras el reporte de que un adolescente realizaba señas alusivas a pandillas en una red social.

Las diligencias permitieron confirmar que el menor era miembro activo de la MS13, específicamente de la clica Cobras Locos Salvatruchos, y ostentaba el rango de homeboy. La Fiscalía General de la República fundamentó la acusación con estos elementos, logrando la sentencia de internamiento en un centro especializado.

Este caso refleja la estrategia de persecución penal dirigida también contra estructuras juveniles en el marco de la lucha contra las pandillas, extendiendo el control sobre actividades ilícitas realizadas en plataformas digitales y redes sociales.

12 años de prisión para entrenador por agresión sexual en Chalatenango

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango dictó 12 años de prisión a Agustín Alexander Echeverría Guardado tras comprobarse su responsabilidad en agresión sexual y el intercambio de contenido sexual con una niña de 12 años, durante junio de 2025 en el sur de Chalatenango.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República establecieron que Echeverría, quien se desempeñaba como entrenador deportivo de la víctima, utilizó su posición de confianza para acosarla mediante el envío constante de mensajes por redes sociales. El 18 de junio de 2025, el agresor saltó el muro de la casa donde la menor residía con su abuela, entró a la habitación y usó la fuerza para tocar el cuerpo y partes íntimas de la niña.

La abuela sorprendió a Echeverría durante el ataque y alertó a las autoridades, quienes lo capturaron en flagrancia minutos después.

El juez ordenó, además de la pena de prisión, el pago de USD 600 en concepto de responsabilidad civil. La sentencia se distribuyó en 10 años por agresión sexual en menor o incapaz y 2 años adicionales por intercambio de mensajes de contenido sexual a través de tecnologías de información y comunicación.

10 años de prisión por agresión sexual a menor en Chalatenango

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango sentenció a 10 años de cárcel a José Servelio Lemus Menjívar, tras comprobarse su responsabilidad en la agresión sexual de una niña de cinco años en Nueva Concepción, Chalatenango Centro, durante el año 2024.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaron que Lemus Menjívar, quien era el novio de la madre de la víctima, aprovechó su cercanía con la familia para cometer el delito en reiteradas visitas al hogar. La menor relató los abusos a su madre, quien inicialmente no le creyó, pero la abuela materna se enteró y alertó al padre, quien procedió a denunciar el caso. La acción permitió la captura del imputado por orden de la Fiscalía.

En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron establecer la participación del acusado en el delito de agresión sexual en menor o incapaz. El tribunal también ordenó el pago de USD 1.000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Este caso subraya la importancia de la intervención de familiares y del acompañamiento institucional en la protección de la niñez frente a delitos sexuales.