La justicia de El Salvador condena a colombianos y detiene a red internacional de tráfico de cocaína

Tres operaciones independientes contra el tráfico internacional de cocaína ejecutadas en El Salvador desembocaron en la incautación de cuantiosos cargamentos, la destrucción total de la droga y largas condenas de prisión para ciudadanos colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos y salvadoreños.

Las autoridades atribuyen estos golpes al despliegue de la Fuerza Naval y a la actuación coordinada de juzgados de instrucción y paz en distintos puntos del país, con decomisos que, en conjunto, superan los 32 millones de dólares y anticipan nuevas vistas públicas y sentencias en los tribunales.

En el caso de mayor volumen y valor, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó una pena de 15 años de cárcel a Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios y Segundo Silvio Grueso Araujo, todos de nacionalidad colombiana, por el delito de tráfico ilícito internacional en perjuicio de la salud pública, según la información oficial.

Durante el juicio, se determinó que el cargamento —identificado el 27 de marzo de 2023 por personal de la Fuerza Naval de El Salvador— ascendería a 1,280 kilogramos de cocaína, tasados en $32,179,200.

Los hechos ocurrieron a 530 millas náuticas (980 kilómetros) al sur de la bocana El Cordoncillo cuando una embarcación de bajo perfil —semisumergible— fue intervenida tras el patrullaje regular de la Fuerza Naval.

En el interior hallaron 64 bultos, cuya inspección arrojó resultado positivo a cocaína. La nave fue llevada posteriormente al puerto La Concordia, en el sector de La Paz Centro, donde arribaron el 3 de abril. Pericias técnicas determinaron el origen colombiano de la droga, con destino a la frontera entre México y Guatemala.

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso ante el juez elementos documentales, periciales y testimoniales que sustentaron la condena. Según la FGR, las coordenadas halladas y documentos manuscritos eran prueba clave del itinerario internacional que pretendía concretarse.

Otra operación relevante ocurrió el 26 de enero. En este caso, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura estableció la detención provisional de un ciudadano guatemalteco, Eduardo Morales Fajardo, y un salvadoreño, Ubaldo Reyes Juárez.

Ambos enfrentan cargos de tráfico ilícito, tras ser aprehendidos en la desembocadura del río Jiboa, en La Paz.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 375 kilogramos de cocaína, cuyo valor se estimó en $9,427,500, monto que fue resaltado como evidencia fiscal. La jueza ordenó la destrucción de la droga para el 30 de enero de 2026, y el proceso penal fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en La Paz Oeste, para su continuidad.

La tercera causa, registrada el 22 de enero por Centros Judiciales, involucra la apertura a juicio de otro grupo de extranjeros: Juan Carlos Mosquera Cortés y Siciliano Anatilio Vidal Sol (colombianos), junto a Jairo Iván León Acosta (ecuatoriano). Según la acusación, en noviembre de 2024, la Marina Nacional de El Salvador los interceptó mientras navegaban a gran velocidad, arrojando bultos al mar desde su lancha. Finalmente se recuperaron 26 bultos que contenían 763 paquetes de cocaína, con un valor comercial aproximado de $19,181,866,62. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador concluyó que hay elementos suficientes para debatirse en una eventual vista pública y ordenó mantener la detención provisional de los imputados mientras el caso avanza a la etapa de sentencia.

Las tres investigaciones pusieron énfasis en la cooperación interinstitucional y la persistencia del patrullaje marítimo. Destaca que, en todos los casos, la justicia ordenó la detención preventiva y el resguardo o destrucción de los cargamentos como parte integral del castigo y la protección de la salud pública.

Las normas antidrogas en El Salvador están definidas por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), que establece sanciones severas para quienes infringen las restricciones sobre cultivo, posesión, tráfico y comercialización de sustancias ilícitas. En caso de posesión igual o superior a dos gramos de droga, la condena puede variar entre tres y seis años de prisión, mientras que si se prueba que la intención era traficar, la pena aumenta a entre seis y 10 años. Las actividades como la fabricación y transformación de precursores químicos reciben sanciones de 10 a 15 años de cárcel, y el cultivo no autorizado de plantas como marihuana o coca puede conllevar entre cinco y 10 años de reclusión.

El tráfico ilícito, incluyendo la adquisición, traslado, venta, exportación o importación de drogas, es considerado el delito más severo según la LRARD, castigado con penas de 10 a 15 años de privación de libertad. Para casos de posesión inferior a dos gramos, la penalización oscila entre uno y tres años de prisión.

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