VMT registra marcada reducción de los conductores alcoholizados en El Salvador

Al menos 148 personas fueron detenidas en El Salvador por conducir bajo los efectos del alcohol entre el 1 y el 27 de enero de 2026, lo que representa una reducción del 12.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Viceministerio de Transporte (VMT). Esta cifra refleja el impacto de la política de “Cero Tolerancia al Alcohol”, que entró en vigor a finales de diciembre de 2024 en todo el país.

El endurecimiento de las normas para los conductores en El Salvador forma parte de una tendencia regional que busca disminuir el número de accidentes viales provocados por la conducción peligrosa. La legislación salvadoreña prohíbe cualquier nivel de alcohol en sangre a quienes se ponen al volante, alineándose de ese modo con países como Uruguay, Argentina y Chile que han adoptado normativas similares en los últimos años.

La decisión de restringir absolutamente el consumo de alcohol en conductores fue impulsada por un incremento sostenido en el número de incidentes viales.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las detenciones por conducción peligrosa en El Salvador experimentaron fuertes fluctuaciones desde 2019.

Así, en 2019 se registraron 2,206 casos, cifra que descendió a 1,284 en 2020, pero aumentó a 1,511 en 2021 y se estabilizó en 1,455 en 2022. A partir de 2023, los arrestos comenzaron a crecer: 1,875 en 2023 y 2,311 en 2024. Las proyecciones para 2025 anticipan una leve disminución, llegando a 2,178 casos.

La reforma salvadoreña prevé fuertes multas económicas que pueden desembocar en la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Bajo el nuevo marco legal, las personas detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol enfrentan consecuencias que varían según el tipo de conductor y la gravedad de la infracción.

Reacciones y marco regional

La entrada en vigencia de la política de “Cero Tolerancia al Alcohol” en El Salvador coincide con un movimiento regional que endurece los controles sobre la conducción bajo efectos de sustancias prohibidas. Uruguay impuso la prohibición total de alcohol en sangre para conductores en 2015; la modificación de la Ley 18,191 llevó el límite de 0,8 gramos a 0. Argentina redujo en 2023 el tope permitido de 0.5 a 0 gramos por litro de sangre en las rutas nacionales luego de la aprobación legislativa respectiva. Chile, pionero en la región, instauró en 2012 las leyes de cero alcohol para los conductores, reducción que desde entonces se ha traducido en un descenso sostenido de víctimas fatales.

En ese contexto regional, El Salvador ha endurecido su legislación penal. El Código Penal contempla penas de dos a cinco años de prisión para conductores particulares sorprendidos en estado peligroso, y de cinco a 10 años de cárcel, suspensión de licencia y decomiso del vehículo para transportistas públicos o de carga sorprendidos bajo efectos del alcohol. Las sanciones no sólo se limitan a quienes ingieren bebidas alcohólicas, sino que también se extienden a usuarios de sustancias psicoactivas, a quienes participan en carreras de velocidad ilegales o disputan la vía.

El VMT reportó que, en promedio, seis personas son detenidas cada día por conducción peligrosa, aunque el número tiende a crecer durante las festividades y periodos vacacionales. Cuando la detención ocurre tras un accidente de tránsito, las autoridades proceden a la aprehensión inmediata; si hay víctimas, las penas aumentan considerablemente y la ley impide cualquier tipo de conciliación entre las partes.

Las condenas por homicidio culposo o lesiones graves asociadas a accidentes de tránsito pueden alcanzar hasta 10 años de prisión para conductores de vehículos livianos y 15 años para quienes manejan transporte colectivo o de carga.