
La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) realizó este miércoles un despliegue simultáneo en varios comercios de La Libertad, incautando dispositivos y documentos como parte de una operación nacional destinada a erradicar el comercio ilegal de tecnología.
Estas acciones forman parte del llamado Plan Tenaza, vigente desde el año pasado, el cual tiene como propósito asegurar que los dispositivos electrónicos en circulación cuenten con respaldo documental que acredite su origen lícito y combatir redes de receptación en todo el territorio salvadoreño.
Durante los recientes operativos en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Zaragoza y Lourdes Colón, las autoridades efectuaron allanamientos a cinco diversos locales dedicados a la compra, venta y reparación de aparatos electrónicos.
En este contexto, se procedió a la incautación de teléfonos celulares y documentos, los cuales serán empleados como prueba en los tribunales correspondientes.
Al cierre de la intervención, la fiscalía reportó la detención de Michael Steve Figueroa López. Dicho individuo enfrentará cargos por el delito de receptación.

Entre las estrategias del Plan Tenaza figura la revisión de la legalidad de computadoras, tablets y teléfonos celulares, además de la evaluación minuciosa de la documentación que los respalda.
Según datos de la FGR, desde el inicio del programa se han intervenido más de 20 negocios en distintos municipios del país.
Las investigaciones han evidenciado que numerosos dispositivos, sustraídos mediante robos u otros delitos, eran trasladados a establecimientos para ser vendidos o desmantelados, a menudo sin que los responsables pudieran demostrar su procedencia legal.
Las autoridades han afirmado que este tipo de intervenciones continuará en diferentes regiones del país centroamericano, con el objetivo de desarticular por completo las estructuras asociadas a la comercialización ilícita.
Regulación y sanciones del delito de receptación
El delito de receptación está regulado en el artículo 214-A del Código Penal de El Salvador, sancionado con vario años de prisión.
Esta figura castiga a quienes adquieren, reciben, transportan, almacenan, transforman, comercializan, venden o introducen en el tráfico lícito bienes muebles que provienen de un delito, como el robo o el hurto, con conocimiento o presunción de su origen ilícito.
La receptación se configura cuando una persona, aun sin haber participado en el delito original, facilita la circulación o comercialización de objetos robados, contribuyendo a la continuidad de los delitos patrimoniales.
En el caso de la venta de tecnología, la receptación se presenta al poner en el mercado celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos que fueron sustraídos mediante hechos delictivos.

El Código Penal establece una pena de prisión de tres a seis años para quienes incurran en este delito. La sanción puede incrementarse si el valor de los bienes es considerable, si el responsable hace de la receptación su modo de vida o si actúa en el marco de una organización criminal.
La tipificación de la receptación busca desincentivar el comercio ilegal de bienes robados y cortar la cadena que permite su circulación en el mercado, fortaleciendo la lucha contra la delincuencia patrimonial en el país.
¿Qué es el Plan Tenaza?
El Plan Tenaza involucra tanto a la Policía Nacional Civil (PNC) como a la fiscalía, y consiste en allanamientos coordinados en locales que operan en el sector tecnológico, prestando especial atención a la trazabilidad de los productos comercializados.
La meta es desmantelar las redes de comercio ilegal y reducir la incidencia de delitos patrimoniales, como el hurto y robo de aparatos electrónicos, colaborando a fortalecer la seguridad pública e incrementando el control estatal sobre la circulación de tecnología robada.
El plan comenzó a ejecutarse desde noviembre de 2025, siendo un método efectivo para frenar redes que comercializa dispositivos sin respaldo legal.
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