La presencia de altas redes de corrupción en los sistemas penitenciarios de América Latina ha facilitado la comisión de delitos desde el interior de las prisiones, según el análisis de Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública.
Este fenómeno quedó en evidencia luego de que El Salvador alertara sobre estafas telefónicas originadas en una cárcel de Colombia, lo que llevó a que las autoridades de ese país adoptaran medidas de bloqueo de señal en varias instalaciones penitenciarias.
Sosa atribuyó la efectividad limitada de los bloqueadores de señal y otras tecnologías al hecho de que “los centros penitenciarios en América Latina están involucrados en redes de corrupción que incluyen tanto a custodios como a personal administrativo y a empleados de los ministerios responsables”.
El criminólogo detalló que estas estructuras permiten el ingreso de objetos prohibidos, como drogas y dispositivos de comunicación, e incluso la manipulación de equipos de inhibición de señal.
El caso más reciente surgió tras una denuncia pública del Gabinete de Seguridad de El Salvador, que detectó una nueva modalidad de estafa basada en falsos secuestros realizados desde la cárcel de Cómbita de Colombia.
Según el reporte oficial, al menos 100 teléfonos móviles habían sido identificados en uso dentro de tres centros penitenciarios de Colombia, incluyendo recintos de máxima seguridad.
En respuesta al señalamiento realizado por el gabinete de Seguridad de El Salvador, las autoridades colombianas ordenaron el bloqueo inmediato de señales en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada.
Sosa explicó que, pese a la prohibición legal, la existencia de antenas cercanas a las cárceles permite la continuidad de las comunicaciones ilícitas. Además, mencionó que en el pasado estos bloqueadores de señal han sido desactivados intencionalmente.
El experto subrayó que la corrupción penitenciaria posibilita la coordinación de delitos como estafas virtuales y extorsiones.
Las investigaciones han detectado que las bandas criminales utilizan ingeniería social y manipulación psicológica para obtener información de las víctimas, aprovechando datos disponibles en redes sociales abiertas y plataformas de mensajería.
En el caso de las llamadas fraudulentas, las víctimas suelen recibir comunicaciones en las que se les hace creer que un familiar ha sido secuestrado.
Los extorsionistas emplean grabaciones, amenazas y tácticas de presión para aislar a las personas y obtener transferencias de dinero a través de corresponsales financieros.
Las autoridades salvadoreñas y colombianas han advertido sobre la sofisticación de estas modalidades, que se apoyan en el uso de datos personales recolectados en internet.
El análisis de Sosa advierte que la problemática trasciende la simple instalación de tecnología de bloqueo. “El inhibidor por sí solo no es suficiente. Se debe limpiar el sistema penitenciario de redes corruptas que facilitan el tráfico de objetos y la comunicación ilícita”, dijo.
El experto insiste en que la entrada de drogas, licor y dispositivos móviles a las cárceles no solo ocurre por medio de visitas, sino mediante la colaboración de empleados del propio sistema.
En los centros de máxima seguridad, el contacto físico suele estar restringido y la comunicación se realiza bajo monitoreo estricto, a través de cabinas o sistemas vigilados. Sin embargo, Sosa remarcó que en muchas cárceles de la región persiste la señal de telefonía móvil e internet, lo que facilita la operación de redes delictivas desde el interior.
A nivel de Centroamérica, las autoridades guatemaltecas están revisando de manera integral la infraestructura penitenciaria, luego del hallazgo de una terminal satelital Starlink en una de sus prisiones. Esta revelación demuestra la capacidad tecnológica que mantienen las estructuras criminales adentro de los cárceles para mantener la comunicación con el exterior.
Este hecho se suma a los hallazgos recientes que dejó una requisa preventiva en la cárcel Renovacion 1, en Guatemala, donde las autoridades encontraron chalecos y radios operadores, algunos objetos prohibidos.
“Se creará un círculo de seguridad alrededor de las prisiones, con el fin de impedir el ingreso de objetos diseñados para facilitar la comunicación hacia afuera”, dijo hoy el ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Villeda.
Por su parte, las autoridades salvadoreñas han reforzado la vigilancia judicial sobre casos de delitos informáticos, como la reciente audiencia relacionada con la estafa conocida como Forex, que involucró a cientos de víctimas y operaciones por millones de dólares.
“La mayoría de llamadas que proceden de WhatsApp y muestran códigos de Colombia, México o Guatemala corresponden a estas redes delictivas”, advirtió Sosa. El experto recomienda denunciar los hechos ante la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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