Las universidades reconocerán las “horas de estudio”: cómo avanza el nuevo sistema de créditos académicos

En los dos últimos años, la agenda de las universidades estuvo tomada por el conflicto presupuestario, que tuvo esta semana un nuevo capítulo con el fallo de la Corte Suprema. Frente a la urgencia del reclamo, quedaron postergadas varias discusiones que el sistema se debe desde hace tiempo.

Algunas, sin embargo, fueron avanzando: las universidades comenzaron a adaptar sus carreras al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), una reforma que se aprobó en octubre de 2023 y se terminó de formalizar en abril de 2025, con acuerdo del Consejo de Universidades –que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas y privadas–. La reforma tiene el visto bueno tanto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y fue apoyada tanto por la gestión nacional anterior como por la actual.

Como anticipó Infobae, las universidades tienen tiempo hasta enero de 2027 para adaptar los planes de estudio de las carreras y expresarlos en el sistema de créditos (aunque pueden solicitar hasta dos años más para terminar el proceso). La medida implica un cambio profundo en la forma de organizar los planes: además de las horas de clase, se contabilizará el tiempo que los estudiantes dedican a leer, hacer trabajos prácticos, estudiar para los exámenes y realizar otras actividades fuera del aula.

Hasta ahora, la carga horaria de las materias –y de las carreras– se medía principalmente a partir de las horas de interacción entre docentes y estudiantes. El nuevo esquema incorpora el denominado Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), que contempla el tiempo total necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Cada crédito equivale, en términos generales, a 25 horas de trabajo académico.

La implementación ya está en marcha. Un relevamiento reciente del Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería (Confedi), que reúne a las autoridades de estas carreras en las universidades públicas y privadas, mostró que el 86,5% de las instituciones que integran esa red ya inició acciones vinculadas con el nuevo sistema y que más de la mitad cuenta con normativa institucional específica. El estudio también identificó un desafío compartido: cómo medir el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes.

El foco en el tiempo de estudio

Hasta ahora, un plan de estudios se estructuraba alrededor del tiempo de enseñanza: cuántas horas de clase tenía una asignatura, cuántas horas de laboratorio o de prácticas incluía una carrera. El nuevo sistema busca poner en el centro el tiempo de aprendizaje.

El subsecretario de Planeamiento Académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Pablo Suculini, explicó a Infobae que la institución trabaja para que en 2027 todos los diseños curriculares de las carreras llamadas “del artículo 42” (las que no implican riesgo para la salud, la seguridad o los bienes) estén adaptados al nuevo esquema. “El proceso reviste principalmente una reorganización de contenidos y carga horaria, haciendo foco en el cumplimiento de los objetivos y alcances planteados en las carreras", señaló Suculini.

La UTN adoptó un valor de 25 horas por cada crédito y estableció que los planes de estudio deberán promediar 60 créditos anuales, incluyendo tanto el tiempo de interacción docente como el trabajo autónomo. La cifra implica 1500 horas anuales. A modo de ejemplo, una materia de 6 créditos implicaría unas 150 horas de trabajo académico total, incluyendo clases presenciales o virtuales, lecturas, trabajos prácticos, estudio individual y evaluaciones.

Medir el trabajo autónomo es la cuestión más compleja, coinciden referentes de distintas universidades. ¿Cómo saber cuánto tiempo necesita un estudiante para aprender una materia? Marcelo De Vincenzi, presidente del Confedi y vicerrector de Gestión y Evaluación de la Universidad Abierta Interamericana, considera que la respuesta no puede reducirse a una fórmula única.

“Las materias introductorias, de alta mediación docente, reclaman menos trabajo independiente por hora de clase; las de transferencia, que enfrentan al estudiante a problemas-tipo, reclaman más; las de integración –proyectos, prácticas, trabajos finales–, donde la autonomía es la sustancia misma de lo que se aprende, reclaman muchísimo más”, explicó De Vincenzi a Infobae.

El proceso implica cambiar la lógica de los planes de estudio, en los que muchas veces quedaban equiparadas materias muy dispares entre sí. “La verdadera innovación aparece cuando el crédito deja de ser una simple equivalencia horaria y pasa a reflejar distintos niveles de complejidad, autonomía y responsabilidad profesional. Asignar a cada asignatura un peso según esos criterios convierte la planilla de créditos en un mapa conceptual de la progresión formativa”, sostuvo De Vincenzi.

La idea coincide con buena parte de las recomendaciones que distintas universidades vienen elaborando a nivel interno en los últimos meses: no se trata de convertir automáticamente horas de clase en créditos, sino de revisar los planes actuales y repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Una oportunidad para revisar las carreras

Entre los objetivos que impulsaron la creación del SACAU aparecen la transparencia, la flexibilidad curricular y la movilidad académica. El sistema busca que los estudiantes puedan reconocer con mayor facilidad materias cursadas en otras universidades, realizar intercambios nacionales e internacionales y continuar estudios de posgrado en distintas instituciones. También pretende ofrecer información más clara sobre la dedicación que exige cada asignatura y cada carrera.

El especialista en educación superior Norberto Fernández Lamarra, profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), considera que se trata de “un gran avance” para el sistema universitario argentino.

“Tenemos carreras largas que hay que repensar. Nuestros estudiantes tienen trayectorias que se lentifican y tardan en recibirse mucho tiempo más del previsto por los planes de estudio; muchos de ellos dejan las carreras sin graduarse. Los créditos pueden ser una solución si nos permiten revisar nuestros planes de estudio y comprender la formación universitaria desde su complejidad y no solo por el tiempo que los estudiantes están en el aula”, explicó a Infobae.

Fernández Lamarra recordó que Europa adoptó sistemas similares a partir del “Proceso de Bolonia”, que facilitó la integración y la internacionalización universitaria. En Argentina, sin embargo, los problemas que se busca resolver son otros: entre ellos, la duración efectiva de las carreras y las dificultades de los estudiantes para graduarse.

El especialista advirtió que la implementación requiere de un proceso participativo de revisión de las carreras. “Sería un error creer que se trata de una simple cuenta matemática que nos permita convertir horas de clase en créditos. La asignación de créditos por materia debe ser resultado de un proceso de reflexión por parte de cada equipo y de cada carrera”, sostuvo.

“Ojalá los créditos nos lleven a un proceso de reflexión genuino y participativo sobre nuestros planes de estudio”, expresó Fernández Lamarra. Y agregó: “Profesores, estudiantes y directores de carrera deben involucrarse en este cambio que supone una nueva concepción”.

Mónica Marquina, investigadora del Conicet y profesora de la UBA y la UNTREF, coincidió con esta mirada: “La principal dificultad es considerar el sistema de créditos como un instrumento de conteo de horas y conversión automática, en lugar de aprovechar esta oportunidad para revisar los planes de estudio y considerar todo el esfuerzo de trabajo del estudiante. Eso requiere no aplicar una fórmula ni una multiplicación, sino estar dispuesto a cambiar hacia un modelo pedagógico mucho más centrado en el estudiante”.

Marquina subrayó que la medición del trabajo autónomo no puede hacerse sin la participación estudiantil: “Los estudiantes son los que mejor saben cuánto tiempo les lleva leer los materiales, hacer los trabajos prácticos o prepararse para las evaluaciones. Si este proceso no cuenta con ellos, estaremos perdiendo información fundamental para construir planes de estudio razonables”, sostuvo.

Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en educación superior, introduce otra dimensión del desafío: la necesidad de construir sistemas de información más robustos. “La principal dificultad radica en que el sistema de créditos exige medir y estandarizar la carga real de trabajo del estudiante, algo que en Argentina no forma parte de la cultura institucional ni de los mecanismos de aseguramiento de la calidad”, señaló el especialista.

El experto subrayó que el nuevo esquema puede convertirse en una oportunidad para modernizar la gestión universitaria. “Lo positivo es que esta nueva modalidad forzará a las universidades a ser más rigurosas en su planificación estratégica. El cambio no solo introduce un nuevo paradigma curricular, sino que abre una oportunidad para que las instituciones aprendan y modernicen su gestión”, afirmó Rabossi.

Rabossi resaltó que el nuevo esquema puede contribuir a flexibilizar carreras tradicionalmente extensas: “Es una oportunidad para acortar las carreras de grado, crear ciclos comunes que faciliten la movilidad estudiantil entre carreras y universidades, y dejar las competencias más específicas para el nivel de posgrado”.

Algunos riesgos de la reforma

Los especialistas consultados por Infobae señalaron también algunos riesgos en la implementación del sistema. Según Rabossi, muchas universidades todavía no cuentan con datos sistemáticos sobre las trayectorias de sus alumnos ni con herramientas consolidadas de seguimiento académico.

“La falta de cultura informativa y estadística más cierto desorden de gestión que caracteriza a algunas universidades dificulta la adopción de un sistema de créditos. Sin sistemas de información, encuestas de carga horaria autónoma o mecanismos de seguimiento de estudiantes, los créditos pueden volverse una ficción”, advirtió. Y agregó: “El riesgo es que se implemente de manera meramente declarativa, sin datos y estadísticas reales sobre la carga de trabajo de los estudiantes”.

Marquina planteó una preocupación similar: que la reforma se limite a “traducir” los planes en créditos académicos, sin hacer transformaciones más profundas. “El riesgo es que, ante el interés de no cambiar demasiado, se apliquen los créditos de manera tal que cierren los números, pero los planes de estudio sigan quedando muy compactados y el problema de la duración de las carreras no se resuelva”, afirmó.

Además, aunque uno de los objetivos declarados del SACAU es facilitar la movilidad académica, Marquina advirtió que hasta ahora no se establecieron mecanismos específicos de articulación y diálogo entre instituciones. “El sistema europeo se construyó para favorecer el reconocimiento mutuo y la movilidad. En Argentina todavía falta avanzar en esa dimensión”, señaló.

Carlos Muñiz, secretario académico de la Universidad Católica Argentina (UCA), coincidió en que la implementación debe aprovecharse para revisar en profundidad los proyectos formativos: “El desafío es que este cambio no sea meramente administrativo. Debe ser una instancia a partir de la cual se revisen contenidos, metodologías, evaluaciones y prácticas”, afirmó.

Muñiz destacó que la organización en créditos permite construir diseños curriculares más realistas, pero reconoció que la normativa vigente también introduce tensiones. “Se imponen ciertas rigideces en el diseño de los planes de estudio que van a hacer compleja la transición, y que probablemente redunden en una disminución significativa de la carga horaria de los grados”, advirtió. Y subrayó: “Las instituciones debemos extremar los recaudos para evitar que este cambio se realice en menoscabo de la formación de los estudiantes”.

Cómo se preparan las universidades

Las universidades argentinas, tanto públicas como privadas, ya están trabajando para adaptarse al nuevo sistema. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboró documentos base y guías de orientación para acompañar a las 15 facultades y a los dos colegios preuniversitarios en los procesos de rediseño curricular. También organizó talleres para revisar y proyectar los nuevos planes de estudio, según dijeron a Infobae.

De acuerdo con la evaluación realizada por la propia universidad, una de las discusiones más relevantes que abrió este proceso es la brecha entre la duración teórica y la duración real de las carreras, una preocupación que el CIN viene planteando desde hace años. “La implementación de este sistema no ha generado mayores objeciones en las unidades académicas”, informaron desde la UNC.

Según información difundida por las propias instituciones, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) está trabajando junto con sus 17 facultades en la adecuación de sus trayectos formativos. También han difundido avances en la implementación las universidades nacionales de Rosario (UNR), Cuyo (UNCuyo), el Litoral (UNL) y La Matanza (UNLaM), entre otras.

Esta semana, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) actualizó su normativa para ponerse en sintonía con las resoluciones oficiales sobre el sistema de créditos. “La implementación o adecuación de esta normativa se realiza a medida que avanza la reforma curricular, es decir, la modificación de los planes de estudio de las diferentes carreras”, dijeron a Infobae desde la institución.

Las universidades privadas también deben ajustar sus planes al nuevo sistema. “En la UCA asumimos la implementación del SACAU como parte de una política de mejora académica. Una organización en créditos permite hacer más transparente la carga de trabajo total, pensar un diseño más realista de los planes de estudio y favorecer la movilidad internacional”, dijo Muñiz, secretario académico de la institución, a Infobae.

En la Universidad Austral, en tanto, el proceso incluyó un estudio comparado de experiencias internacionales y la realización de simulaciones en carreras de distintas áreas. “Focalizamos en la estimación de las horas de trabajo autónomo del estudiante, que es la dimensión más compleja de medir”, explicó Álvaro Barrachina, director de Planeamiento y Procesos Académicos de la Austral.

Esas pruebas les permitieron detectar dificultades concretas, especialmente en la distinción entre horas de interacción pedagógica y trabajo autónomo y en la necesidad de evitar que la medición refleje el formato de una materia más que el esfuerzo real que demanda aprenderla. “Más allá de cumplir con la normativa, nos interesa que el CRE represente con fidelidad el trabajo real de los estudiantes y que funcione como una oportunidad para innovar en el diseño curricular de nuestras carreras”, señaló Barrachina.

Si bien la implementación plantea varios desafíos, para los especialistas consultados la reforma implica un avance y una oportunidad para repensar las carreras universitarias: un debate que venía quedando relegado por la emergencia económica generada por el recorte del presupuesto nacional. También desde el CIN venían planteando la necesidad de resolver las urgencias para poder abordar una agenda más estratégica y orientada al futuro.

“Creo que el SACAU representa un avance significativo y necesario porque introduce un lenguaje común de carga académica en un sistema –como el argentino– históricamente fragmentado y de baja articulación. Lo positivo, además, es que permite ordenar planes de estudio, mejorar la comparabilidad entre instituciones y alinear la educación superior con estándares regionales e internacionales”, planteó Rabossi.

Marquina concluyó: “Muchas de las resistencias tienen que ver con actitudes conservadoras frente al cambio. Pero en un mundo donde se modifican las formas de trabajar, los perfiles de los estudiantes y las competencias que demanda la sociedad, también es necesario transformar los planes de estudio y las maneras de enseñar”.