
Contar información digitalizada y actualizada sobre los estudiantes resulta fundamental para poder hacer un seguimiento de sus trayectorias y, por ejemplo, detectar a tiempo señales de alerta que permitan prevenir el abandono. En los últimos dos años, Argentina estuvo dando pasos relevantes para consolidar su Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), un área en la que el país estaba atrasado con respecto a otros de la región. El Estado nacional ya cuenta con una base de datos que abarca al 84% de los estudiantes: si bien la cifra mejoró 10 puntos en dos años, aún hay un 16% de alumnos que no están incluidos.
El último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, titulado “Argentina: Nominalización de datos educativos” y elaborado por Samanta Bonelli, muestra cuáles fueron los avances en la conformación de sistemas de información nominales (es decir, con datos por alumno) en las provincias y a nivel nacional, así como los desafíos pendientes.
El SInIDE había sido creado en 2012, hace más de diez años, pero recién cobró impulso en los últimos dos años, según lo exige la Ley de Cédula Escolar aprobada en 2018. En 2021, el Ministerio de Educación de la Nación creó una base de datos nacional que reúne la información de las provincias: allí ya están disponibles los datos del 84% de la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario de las 24 jurisdicciones.
Otro avance en el último año fue la creación de un sistema de gestión institucional (SInIDE Gestión Escolar) donde ya 15 mil escuelas en 10 provincias cargan todos los días la información de sus estudiantes, como asistencia o calificaciones.
“Hoy tenés 22 provincias (todas menos San Luis y Misiones) que no solo tienen la cédula escolar, sino que toman lista diariamente en este sistema. Tenemos el registro del presentismo de los chicos, tenemos la trayectoria escolar y ahora empezamos a titular en formato digital, con blockchain”, explicó el exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, en su última entrevista antes de dejar el cargo.
Justamente en línea con los avances en la digitalización de la información educativa, en noviembre el Ministerio de Educación de la Nación anunció un nuevo sistema de títulos digitales para las escuelas secundarias de todo el país, que eliminará la emisión en papel de los títulos de educación secundaria y superior. Las provincias de Córdoba, La Pampa y Santa Fe ya lo están utilizando. Según lo anunciado, la próxima en sumarse será la provincia de Buenos Aires.
Además, el Consejo Federal de Educación creó el Registro Federal de Egreso (ReFE), que unifica la base de datos de los egresos de todas las instituciones educativas del país. Su sitio, de acceso público, permite verificar la autenticidad de los títulos digitales de nivel secundario y superior emitidos a partir del 1° de noviembre del 2023.
Desafíos pendientes: tener la información a tiempo... y usarla
“Luego de 10 años de marchas y contramarchas, hacia adelante se requiere profundizar las estrategias implementadas por la Nación para alcanzar la nominalización del 100% de la matrícula y contar con más información, oportuna y de calidad, para el seguimiento y acompañamiento de las trayectorias educativas”, señaló Samanta Bonelli, autora del informe.
Más allá de los avances en los últimos años, el documento de Argentinos por la Educación subraya que aún no se alcanzó la cobertura del 100% de la matrícula nominalizada a nivel nacional. También advierte sobre ciertas limitaciones de la base de datos nacional: al alimentarse de información anual y no continua, los datos no se actualizan de manera constante, lo que dificulta la posibilidad de acompañar a los estudiantes o intervenir a tiempo.

“En 2023 Argentina finalmente está logrando ponerse al nivel de otros países de América Latina en la producción de datos nominales de los estudiantes que se encuentran en los distintos niveles de la educación formal”, consideró Juan Cruz Perusia, investigador principal de CIPPEC. Perusia mencionó tres desafíos centrales para los próximos años: institucionalizar los procesos de producción de la información, mejorar la eficiencia de esos procesos y, sobre todo, avanzar en un mayor uso de la información, desarrollando por ejemplo sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar.
En este último punto hace hincapié Juan Suasnábar, investigador y consultor en IIPE UNESCO y BID: la información vale en la medida en que pueda ser utilizada para la mejora. “El verdadero potencial de los datos para identificar necesidades, anticipar problemas, proyectar soluciones y evaluar resultados radica en que formen parte de una política de Estado sostenida que establezca objetivos a corto y mediano plazo respecto de qué hacer con los datos. Es decir, que permita traducirlos en acciones concretas para mejorar la educación”, señaló.
El informe de Argentinos por la Educación se basó en un relevamiento en línea del que participaron 17 de las 24 jurisdicciones: Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Todas ellas cuentan con altos niveles de cobertura de datos nominales de sus estudiantes. No respondieron la encuesta Catamarca, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, según indicó la organización.
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