El gobierno porteño denunció a 366 padres por las tomas de colegios y les reclama más de 50 millones de pesos

El gobierno porteño ya realizó 25 denuncias penales a 366 padres que autorizaron tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos. Lo hizo a través de La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que apuntó a los adultos por consentir la usurpación de un edificio público.

Además, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal docente y no docente de las escuelas tomadas. El objetivo de la cartera que conduce Soledad Acuña es transferirle a los adultos el costo laboral que implicó tener cerrados los colegios.

En ese sentido, el gobierno porteño ya cursó 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos. La cifra por la demanda civil asciende a $50.538.442,85.

Durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, una veintena de colegios porteños fueron tomados por sus estudiantes. El Mariano Acosta comenzó la ola de tomas que luego continuó el Lengüitas y a la que se sumaron, entre otros, el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia y el Liceo 5.

Los reclamos que más se reiteraron en los colegios giraron en torno a cambios en las viandas escolares, mejoras edilicias, rechazo a las prácticas laborales obligatorias en empresas y a la “persecución política” a los centros de estudiantes. Todas las medidas de fuerza se levantaron más allá de que los reclamos persisten.

“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, expresó Acuña.

Cuando se hicieron las primeras denuncias a los padres del Mariano Acosta, la duda que surgió es si corresponde transferir la responsabilidad penal a los adultos. Aunque para muchos no tiene sustento legal, en la cartera educativa se basan en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”.

Más allá de las denuncias penales y civiles, las tomas también dejaron consecuencias en el plano educativo. La Ciudad decidió extender el calendario escolar en aquellos colegios que fueron tomados por sus estudiantes en las últimas semanas. La extensión de las clases será obligatoria para todos los estudiantes y la cantidad de días variará de acuerdo a cuánto haya durado la medida de fuerza en la institución.

De acuerdo al calendario escolar establecido para este año, las clases terminaban para todas las secundarias el 2 de diciembre. A partir de esta nueva resolución, en las escuelas que fueron tomadas, las clases regulares se extenderán de acuerdo a los días que hayan permanecido cerradas. Luego, los estudiantes tendrán el período de apoyo para la evaluación y promoción previo a las mesas de examen, y el ciclo lectivo finalizará el 23 de diciembre.

Si bien la resolución es obligatoria para todos los alumnos, aquellos estudiantes que participaron de las tomas corren riesgo de quedar libres y perder su condición de alumno regular por faltas injustificadas en caso de no cumplir con el 85% de asistencia del bimestre.

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