
Solo dos meses atrás, Benjamín Equiza, de 7 años, protagonizó un fallo inédito: la Justicia le dio la razón a la familia en que no debía volver a cursar segundo grado, que había aprobado como alumno libre, pese a la orden del ministerio de Educación bonaerense que lo obligaba a repetir. El caso no concluyó ahí. Sumó un nuevo capítulo judicial.
En 2021, Infobae dio a conocer la historia de Benjamín, que integra el grupo de chicos con altas capacidades intelectuales. Por diagnóstico de una especialista, es superdotado. Tiene ”múltiples potencialidades”, una facilidad inusual para matemática, pero también un “alto razonamiento verbal, poder de abstracción e inteligencia rica y muy creativa”.
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Esos talentos, que aparentan ser una ventaja, muchas veces se convierten en una pesadilla. El niño se aburría en clase, no quería ir a la escuela, le costaba socializar con sus compañeros, cada tanto incluso somatizaba con vómitos cíclicos. Decidieron adelantarlo, que en 2020 rindiera libre segundo grado en la Ciudad de Buenos Aires. Aprobó con sobresaliente cada una de las materias y obtuvo el certificado.
La trama judicial se desató en tercer grado, cuando ya había cursado medio año en un colegio privado de La Plata. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense desconoció el título y lo obligó a volver a hacer segundo grado. Paradoja mediante, le pedían que repitiera a uno de los pocos chicos que había acreditado aprendizajes en un año, el primero de la pandemia, en el que todos los alumnos habían promocionado sin importar su nivel de conocimientos.
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La familia presentó un amparo que, aunque con demoras, se decantó favorable. El pasado 3 de marzo, el Juez Federico Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de la provincia de Buenos Aires, respaldó la validez del certificado emitido por CABA -que dicho sea de paso tiene validez nacional- y ordenó que el ministerio confeccionara un plan pedagógico que se adaptara a las necesidades de Benjamín.
El niño comenzó cuarto grado y, cuando parecía que la disputa judicial había quedado en el pasado, la cartera educativa apeló el fallo. No puso objeciones a permitir que siguiera en cuarto, pero sí recurrió la parte que ordena la elaboración de un plan de enseñanza-aprendizaje personalizado para el niño.
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“En el ministerio se la pasan diciendo que son una cartera inclusiva, pero se manejan como si fueran todo lo contrario. Ni siquiera le pueden dar continuidad a lo que dejó la gestión anterior. En el medio están los chicos y el daño que les generan es enorme. Los rompen por todos lados. No hay una conciencia real del daño y por eso ponen palos en la rueda”, le dijo Soledad Heith, madre del niño, a este medio.

Quince días después, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la apelación y le dio la razón a la familia. Por mayoría, ratificaron el fallo de primera instancia: la cartera educativa tiene que elaborar un plan pedagógico a medida y pagar las costas.
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“La Cámara confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia en todos sus términos”, celebró Fabiana Rogliano, la abogada de la familia, especializada en niñez y adolescencia. La letrada ya tuvo una primera reunión con la secretaria administrativa para la elaboración del plan. Allí propuso que los docentes se capaciten con Mensa, una asociación internacional de superdotados que tiene su sede local.
Una evaluación más
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Casi desde que tiene uso de razón, Benjamín fue evaluado. Fue evaluado por psicólogos, por educadores, por autoridades, con el estrés y la angustia que la mirada inquisitiva conlleva. El año pasado la psicóloga fue taxativa: “Basta de someterlo a evaluaciones’”, le dijo a los padres. En las últimas horas, la DGCyE se comunicó con la escuela para pedirles que, una vez más, evalúen al chico para así poder confeccionar el plan pedagógico.
“Lo siguen dañando. Perdieron un juicio, quedó firme la sentencia y siguen jugando al límite. Se creen con toda la impunidad del mundo”, se quejó la madre. “Benja nos dijo que desde que empezó el jardín se sentía amenazado y que ahora está empezando a ser feliz en un colegio donde son amables con él y otra vez piden que lo evalúen. Se meten a restar en lugar de sumar. Todo para dilatar el plan pedagógico y no capacitarse como les ordenó el juez”.
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El segundo encuentro con las autoridades será el próximo lunes. Primero se reunirán con los abogados y después con la familia. En el careo empezará a derimirse si hay una voluntad real de cumplir la sentencia o si continúan las dilaciones burocráticas.
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