Gestión del riesgo en escuelas: el desafío de planificar antes de la emergencia

Ante una emergencia en un establecimiento educativo —sea un fenómeno climático extremo, un accidente o un episodio de violencia—, las primeras respuestas recaen en las mismas espaldas: las de docentes, directivos y auxiliares.

Son ellos quienes, con las herramientas que tienen a mano, además de vocación y responsabilidad, asumen el resguardo inmediato de niños y adolescentes.

En la práctica, al equipo escolar se le exige actuar no solo como educadores, sino también como gestores de crisis, contenedores sociales y articuladores de contingencia.

Esta inmensa responsabilidad cotidiana contrasta con la magra realidad salarial de los docentes. Perciben ingresos que distan de reconocer la tarea que llevan a cabo y el nivel de riesgo que administran cada día. Valorizar su labor exige de forma impostergable una remuneración acorde al compromiso ético y humano que asumen frente a la sociedad.

Sin embargo, en un contexto donde los eventos meteorológicos adversos impactan con mayor frecuencia e intensidad, el compromiso del equipo escolar no puede ser el único sostén. Tormentas severas, ráfagas de viento inusuales e inundaciones repentinas se han transformado en una situación cada vez más recurrente en la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

Pretender que la sola vocación del personal docente reemplace la logística estatal o la inversión en infraestructura adecuada resulta injusto e insuficiente. Proteger a la comunidad educativa requiere una planificación exhaustiva, rigurosa y continua a cargo del Estado.

La escuela no es solo un edificio donde transcurren los procesos de enseñanza y aprendizaje; es el corazón de la vida comunitaria. Allí se construyen los primeros lazos de ciudadanía y cuidado mutuo. Cuando una crisis irrumpe, la continuidad pedagógica es atravesada, se alteran las trayectorias y se vulnera la tranquilidad de las familias.

Por eso, dotar a las instituciones educativas de herramientas técnicas y conocimientos ante escenarios adversos donde afloran vulnerabilidades no es una mera cuestión burocrática ni un trámite formal: es una decisión estratégica de cuidado y una prioridad absoluta de prevención.

Saber cómo actuar ante lo imprevisto no solo salva vidas, sino que también transforma el pánico en certidumbre. Cuando una comunidad escolar cuenta con protocolos concretos, los equipos directivos y docentes afrontan con medios y recursos útiles las situaciones extraordinarias, y los estudiantes incorporan conductas de autocuidado que luego trasladan a sus propios hogares y otros entornos.

Para que la gestión del riesgo sea efectiva, debe construirse con un enfoque profundamente territorial y comunitario, donde se contemplen la heterogeneidad y la idiosincrasia de cada lugar.

Asimismo, es imprescindible tejer alianzas estratégicas con los actores que mejor conocen la respuesta operativa: Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos Voluntarios y otras organizaciones de la sociedad. Ellos poseen la experiencia en logística, el saber técnico y la capacidad de respuesta rápida que la escuela necesita integrar en sus dinámicas cotidianas a través de capacitaciones periódicas, mapas de riesgo locales y protocolos unificados.

Desde el plano legislativo y de gestión, el desafío es aunar criterios y transformar las iniciativas existentes en políticas públicas integrales. No se trata de sobrecargar de responsabilidades a la escuela ni de sumar exigencias administrativas a los docentes, sino de acompañarla con recursos, instrucción permanente y redes de apoyo consolidadas antes de que la emergencia suceda. Es pasar del esfuerzo aislado a la consolidación de un marco normativo que garantice previsibilidad a largo plazo.

La prevención no es una opción secundaria: es la primera línea de defensa de una sociedad que respeta a sus instituciones y prioriza el bienestar de las generaciones futuras.

Educar también es preparar para cuidar, prevenir y actuar con celeridad. Garantizar entornos escolares seguros, respaldar a sus trabajadores con salarios dignos y proteger a quienes educan es, fundamentalmente, una obligación ineludible del Estado.