El sistema educativo fue, sin lugar a dudas, una de las áreas más afectadas con la pandemia que venimos atravesando en el último tiempo. Tan pronto como empezó a complicarse la situación epidemiológica a nivel global, las instituciones educativas tuvieron que empezar a tomar determinaciones que se inclinaron principalmente por dos caminos: la suspensión de clases de manera temporal o dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la virtualidad. La última opción claro está, en los países en los que las instituciones educativas estaban previamente preparadas para dar ese salto tecnológico.
La educación virtual venía creciendo en el último tiempo, sin embargo, no todos los países estaban preparados para la transformación. La firma Edventures constató que en Estados Unidos, la cantidad de instituciones educativas que acudieron a una OPM (Online Program Management) creció un 130% y en LATAM, la Online Business School (OBS) demostró que para 2019, el 50% de las clases de educación superior estaban recurriendo a metodologías e-learning. La educación virtual entonces, antes de la pandemia, venía posicionándose como una buena alternativa.
En la Argentina, en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de ley que garantiza los procesos de enseñanza a través de la virtualidad en las instituciones educativas en la jurisdicción. Lo que propone la iniciativa es el acceso, permanencia y egreso del Sistema Educativo Provincial a través del uso de recursos tecnológicos. Es una ley de vanguardia en el país, que consagra derechos para docentes y estudiantes, en un momento de dislocación para el sistema educativo.
La ley busca facilitarles a los agentes educativos la accesibilidad a dispositivos tecnológicos y a una plataforma educativa. Además, brinda un marco regulatorio que pretende garantizar la conectividad en las escuelas y en los hogares de la provincia. Algo a destacar de esta ley es que pone en cabeza del Estado la provisión de recursos tecnológicos y de conectividad, que promuevan la igualdad en el sistema educativo. Eso sí, para que se dé esta situación, se plantea la necesidad de la declaración previa del Ministerio de Educación, cuando la educación presencial sea inviable, contemplando casos de fuerza mayor como una pandemia.
Eso no es todo, en el Capítulo III de la ley provincial se contempla la educación virtual como trayecto de formación completo. Esto quiere decir que, el Estado provincial podrá crear instituciones educativas que contemplen la virtualidad como única alternativa. Lo anterior, tiene como objetivo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el abordaje de la diversidad territorial, temporal, laboral y generacional de estudiantes, con la finalidad de garantizar el acompañamiento de trayectorias educativas inclusivas, completas y de calidad.
La promoción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los entornos virtuales y el desarrollo de los estudiantes como sujetos activos de la educación permite fortalecer la relación de los estudiantes y los docentes con las nuevas tecnologías educativas, la adquisición de competencias digitales y la participación activa del Estado como facilitador del entorno tecnológico que permitirá que se desarrolle la educación virtual como trayecto de formación completo.
Frente a este panorama de avance por parte de la provincia de Santa Fe, es importante plantearnos varios interrogantes como: ¿qué se está haciendo a nivel nacional al respecto?, ¿de qué manera el Estado podría avanzar en la implementación de políticas públicas que promuevan la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la situación actual? Esto, a través de herramientas que faciliten la virtualidad para docentes y estudiantes en el país.
Después de la esta experiencia que estamos viviendo, cabe plantearnos la virtualidad total de la educación. Eso sí: a través de un acompañamiento estatal, de una capacitación masiva en competencias digitales de los agentes del entorno educativo, pero sobre todo, desde la necesidad de repensarnos como sociedad ante las situaciones fortuitas que ponen en jaque los procesos educativos de nuestro país y dejan en evidencia la falta de preparación que tenemos frente a este tipo de contingencias.
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