Sostienen que las pruebas educativas sufrieron tantos cambios en los últimos 27 años que dejaron de ser confiables

Cambian las materias que se toman, cambian los años escolares evaluados, cambia la frecuencia de la prueba, cambia la forma de comunicar los resultados. La historia de la evaluación en Argentina es de cambio constante, desde la primera en 1993 hasta hoy. En el medio, se pierde rigurosidad en la metodología y los operativos dejan de ser comparables.

A esa conclusión llegó un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la Unesco. El informe muestra los vaivenes que sufrió la evaluación en el país: hubo pruebas anuales, cada dos años y cada tres.

En lo que respecta a primaria, entre 1993 y 2000 se tomaron pruebas muestrales todos los años en primaria en matemática y lengua. A partir de 2004 la prueba pasó a ser bienal y más tarde, desde 2008, fue trienal. Algunos años antes, en 2005, las pruebas perdieron comparabilidad por cambios metodológicos, señala el informe.

La primera prueba en Argentina se tomó en 1993, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (SINEC). Su objetivo central era conocer la realidad educativa de cada provincia. Esa primera evaluación se tomó a una muestra representativa de séptimo grado y el último año de la secundaria, con preguntas sobre lengua y matemática. Durante décadas se denominaron Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). A partir de 2016, con la gestión de Cambiemos, pasó a llamarse Aprender.

“La evaluación educativa a través de pruebas estandarizadas tiene más de 25 años en el país, es decir que se ha mantenido con diferentes gobiernos. Sin embargo, aún no está claro que exista una política clara de evaluación en términos de definiciones institucionales (qué dependencia está a cargo), instrumentos (cómo se evalúa, cada cuánto tiempo, en qué áreas y niveles, de qué manera, cómo se difunden los resultados) y para qué (qué se quiere lograr en términos de objetivos)”, escribió Montoya en su informe.

El artículo describe también los cambios en las materias evaluadas y la población objetivo de las pruebas: en secundaria, entre 1993 y 2005 se evaluó solo lengua y matemática, mientras que a partir de 2007 se incorporaron –con frecuencia cambiante– ciencias sociales y naturales. En la mayoría se evaluó a los chicos del último año; en otras a los alumnos de segundo o tercero.

En los últimos 25 años, hubo tanto pruebas muestrales en las que solo una porción representativa responde y censales en las que todos los chicos deberían contestar. Todas las modificaciones generaron una consecuencia obvia: las estadísticas educativas no son confiables, los cambios en las metodologías hacen que las pruebas no sean comparables. Es decir, que se dificulte medir avances o retrocesos. Y eso se le suma otro problema: la difusión de los resultados, que ha llegado a tardar dos años o incluso, en 2013, no se dieron a conocer por provincia, solo por región.

“Para extraer el máximo provecho de tan rica y costosa información, es necesario que las bases de datos sean de libre acceso, resguardando la identidad de las escuelas y los alumnos. Esto no siempre ha sido así durante las últimas décadas, lo que afecta la transparencia de los resultados y dificulta la investigación educativa”, planteó Natalia Krüger, investigadora de la Universidad Nacional del Sur y Conicet.

Por su parte, Guillermo Jaim Etcheverry, presidente de la Academia Nacional de Educación, sostuvo: “Dado el tiempo transcurrido desde que el país comenzó a evaluar su sistema educativo, es preocupante el hecho de que no se haya institucionalizado aún en todo el país la realización de estas evaluaciones, con una metodología y una planificación uniformes. Eso es imprescindible hoy en la mayoría de los sistemas educativos del mundo”.

Según supo Infobae, en el próximo Consejo Federal, que nuclea a los 24 ministros provinciales, la nueva gestión educativa presentará un plan de evaluación. El Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que hace años no sesiona y cuenta con integrantes de la academia, funcionarios provinciales y representantes de los sindicatos docentes, volvería a funcionar con plenitud en un rol de asesoría.

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