Recrudece la disputa por la mesa nacional docente: "Vamos a ir hasta la última instancia", adelantó Romero

El 17 de enero el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 52/2018. A través de la norma, se produjeron dos cambios en la mesa nacional con los docentes. Por un lado, reglamentó la derogación de la paritaria nacional. Por otro, licuó el poder de CTERA, que disponía de mayoría simple, y puso en igualdad a los tres gremios con representación nacional.

El decreto modificó el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo que rige desde 2006 porque, según el Ministerio de Educación, era "cuidadamente confuso". El artículo se refería a un "convenio marco" para discutir, entre otros temas, salario mínimo docente. Para los gremios implicaba una paritaria en la que fijar un piso salarial a nivel nacional. El Gobierno plantea que "solo los empleadores pueden negociar sus salarios". Los empleadores, en este caso, son los gobiernos provinciales.

En torno a ello, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) recibió un revés judicial en el amparo contra el Ministerio de Educación por considerar la negativa a la paritaria nacional del año pasado "una conducta antisindical que afecta el derecho constitucional a la negociación colectiva".

El Juzgado de Primera Instancia de Trabajo N°60 no falló sobre la cuestión de fondo, pero sí marcó que el amparo no era la vía "idónea" para hacer el reclamo. UDA está dispuesto a llevarlo a las "últimas instancias". Ya apeló y pasó a la Cámara. En caso de recibir un nuevo revés, buscarán llevarlo a la Corte Suprema.

20 días después de la firma del decreto, el ministro Alejandro Finocchiaro convocó a los representantes de los gremios a la mesa nacional. CTERA buscó impugnar la reunión y se ausentó a la cita.

Más allá de remarcar el rechazo a la exclusión del debate salarial, los dirigentes de UDA, AMET y CEA se fueron conformes del encuentro. Se acordó una mejora de 210 pesos adicionales para solventar el material didáctico que se va a pagar durante los 12 meses del año y la conformación de tres comisiones: una de formación y capacitación, una de condiciones de trabajo y otra de ingreso a la docencia.

Infobae dialogó con el ministro Alejandro Finocchiaro y con Sergio Romero, titular de UDA, quien asumió una voz de mayor relevancia ante la ausencia de CTERA en la mesa.

La relación sindicatos-ministerio a partir del decreto

Finocchiaro: "El decreto 52 puso luz a una situación que estaba por demás confusa en la anterior reglamentación. En primer lugar, plantea la existencia de un convenio marco. Bajo ningún punto de vista habla de una paritaria. Esto quiere decir que durante los años del kirchnerismo les hicieron creer a los gremios docentes que era una paritaria, cuando en realidad nunca lo fue.

El Ministerio de Educación de la Nación no es el empleador de los docentes, no paga los salarios, excepto en el caso de los universitarios. Los empleados que tienen relación directa con los estados provinciales o nacionales cuentan con leyes de paritarias específicas. Tampoco estaba regulada la representación, lo que dejó librada la porcentualidad a criterios políticos. Ahora cada cada entidad tiene un representante en el ámbito de diálogo; lo mismo que sucede con los universitarios.

En realidad, el diálogo es el propósito profundo del artículo 10. La reglamentación anterior, errónea, lo imposibilitó clausurando voces. Prueba de esto es que, incluso en el último gobierno de Cristina Fernández, en dos años el ministro Sileoni cerró las negociaciones por decreto. Lo que esperamos, a partir del decreto, es restaurar aquel espíritu original".

Romero: "Desde UDA ya impugnamos en el ámbito administrativo el decreto 52/2018 que pone la claúsula de automaticidad en el salario nacional docente (20% por encima del vital y móvil). Lo hicimos donde se originó: en la Casa Rosada".

De igual modo, concurrimos a la primera reunión porque estamos convencidos de que más allá de las diferencias que tenemos con el Gobierno -que son muchas- estamos obligados a sentarnos con el que consideramos empleador".

¿En qué beneficia y perjudica a las paritarias provinciales?

Finocchiaro: "El decreto 52 implica una mejora directa en el desarrollo de las paritarias provinciales. Lo que fue mal llamado "paritaria nacional" durante el kirchnerismo fijó un piso de condiciones ajeno para las provincias, comprometiendo las finanzas jurisdiccionales y complejizando las negociaciones.

Como ya afirmamos, los gobernadores harán la mejor propuesta y el mayor esfuerzo posible para acordar sus paritarias: son ellos los verdaderos empleadores, y es entre los sindicatos y los gobernadores la real discusión paritaria. Salvo el caso de CABA o Chaco, jurisdicciones en las que no hay ley que las defina. En este sentido, la relación directa entre sindicatos y empleadores está en manos de las provincias".

Romero: "Vamos a volver a insistir por la paritaria nacional. Creemos que es un error porque se generan brechas enormes entre las provincias. Doy dos ejemplos: en Misiones y Formosa hay un salario inicial de $11.400. En cambio, en Santa Fe ya está en $15.200 sin haber cerrado su paritaria. Si acordara el 15%, se iría casi a $18.000. Hay una disparidad tremenda. Más allá del piso de 20% por encima del SMVM, hay que tratar de recuperar la discusión salarial a nivel nacional".

Los temas en los que se avanzará en la mesa de acuerdo marco

Finocchiaro: "En el acta quedó demostrado que algunos temas son de interés de los sindicatos y del gobierno. Entendemos que el diálogo es la base de cualquier posibilidad de crecimiento. Calculo que, como planteamos en la reunión, los encuentros de las comisiones tendrán lugar en marzo.

Se empezarán a tratar los temas inherentes a la mejora del sistema y la calidad educativa en todos sus términos. Las hemos conformado para tratar muchos temas que le interesan a todos los docentes del país, más los padres y madres que quieren mejorar la educación de sus hijos".

Romero: "Tenemos la confirmación de que las tres comisiones van a ser convocadas en los próximos días. Estamos pidiendo que se ratifique el acta que firmamos. Básicamente vamos a pedir que se generen equipos especializados, que se hable claramente de cuánto va a ser la inversión para la formación y capacitación docente. Queremos que sea permanente y en servicio, con fuerte presencia del Estado y que arroje resultados en el corto plazo".

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