El empresario y magnate de medios prodemocracia Jimmy Lai será sentenciado el lunes tras su juicio por seguridad nacional en Hong Kong, según indicó el sitio web del tribunal. El fundador de 78 años del ya desaparecido diario Apple Daily fue declarado culpable en diciembre por colusión con fuerzas extranjeras y por un cargo de publicación sediciosa, delitos que pueden derivar en cadena perpetua.
Lai, ciudadano británico, permanece en prisión desde 2020 y su caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes en la ciudad desde la imposición de la ley de seguridad nacional por parte de Pekín después de las protestas prodemocracia de 2019. La normativa amplió el alcance de los delitos vinculados a la seguridad del Estado y estableció sanciones severas, entre ellas penas de entre 10 años y cadena perpetua para los delitos de colusión considerados “de naturaleza grave”.
El empresario será sentenciado junto a ocho coacusados, entre ellos seis exejecutivos de Apple Daily. Todos los acusados, excepto Lai, se declararon culpables y algunos prestaron testimonio en su contra, lo que podría derivar en penas más breves, según señalaron sus abogados el mes pasado.
En enero, la defensa reconoció la “naturaleza grave” del caso, después de que el tribunal determinó que Lai solicitó sanciones extranjeras contra Hong Kong y China. Los fiscales citaron 161 publicaciones del diario Apple Daily como parte del expediente judicial. Esos contenidos fueron considerados sediciosos bajo una ley de la era colonial porque “excited disaffection” contra el gobierno.
En su veredicto de 856 páginas emitido en diciembre, los jueces afirmaron que Lai “albergó su resentimiento y odio hacia (China) durante gran parte de su vida adulta” y que buscó el “caída del Partido Comunista Chino”. Según la sentencia, las acciones del empresario formaron parte de una estrategia para movilizar apoyo internacional contra las autoridades chinas y hongkonesas.
Durante el proceso, Lai sostuvo que nunca intentó influir en las políticas exteriores de otros países y defendió el papel editorial del periódico. Según su declaración, Apple Daily representaba los valores centrales de la sociedad local, entre ellos el “Estado de derecho, libertad, búsqueda de la democracia”.
El caso provocó reacciones internacionales de gobiernos y organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, pidieron su liberación. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en su momento que solicitó a su par chino Xi Jinping que considerara el caso. “Es un hombre mayor y no se encuentra bien. Así que hice esa petición. Veremos qué pasa”, afirmó ante periodistas.
El primer ministro británico, Keir Starmer, planteó el tema durante una visita a Beijing en enero y señaló que ambas partes no coincidieron en su postura. Las relaciones entre Londres y Beijing se deterioraron en 2020 tras la imposición de la ley de seguridad nacional en Hong Kong, que redujo las libertades políticas en la excolonia británica.
La Unión Europea declaró que la condena resulta “símbolo de la erosión de la democracia y las libertades fundamentales en Hong Kong desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional”. Amnistía Internacional sostuvo que el fallo marcó un “la sentencia de muerte para la libertad de prensa en Hong Kong”, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas calificó el proceso como un “sham”.
Desde Beijing, las autoridades rechazaron las críticas internacionales y afirmaron que constituyen un intento de “difamación del sistema judicial de Hong Kong”. El gobierno local insistió en que el caso “no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de prensa”.
La sentencia que se conocerá el lunes definirá la pena para Lai y el resto de los acusados. El delito de sedición contempla un máximo de dos años de prisión, mientras que los cargos por colusión con fuerzas extranjeras considerados graves pueden derivar en condenas de entre 10 años y cadena perpetua. El caso mantiene la atención internacional y se presenta como un proceso central dentro del marco legal establecido tras las protestas de 2019.
(Con información de AFP)
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