Las ART superaron los 10 millones de trabajadores cubiertos

En el 26° aniversario del Sistema de Riesgos del Trabajo, un aumento del empleo privado en los últimos meses, permitió superar esa marca por primera vez. Los desafíos para el sector

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Trabajadores en una cadena de montaje en Alemania, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND
Trabajadores en una cadena de montaje en Alemania, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

En el 26° aniversario del Sistema de Riesgos del Trabajo, el próximo 1° de julio, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) detalló que según los últimos datos disponibles. de a mayo 2022, están bajo cobertura 10.012.879 trabajadores y 1.030.287 empleadores. “Además, desde lo cualitativo, esta fecha encuentra al Sistema de Riesgos del Trabajo consolidado como un aspiracional social entre aquellos colectivos que aún no cuentan con la protección”, destacó la Unión de ART.

“Este número que se alcanza por primera vez, nos enorgullece y alienta a seguir trabajando en el crecimiento y perfeccionamiento constante, en un camino de permanente evolución y adecuación a los cambios y desafíos que impone el mundo del trabajo”, afirmó Mara Bettiol, presidente de UART.

Según UART, la suba llegó de la mano del crecimiento del empleo formal luego de que, desde el mes de agosto del 2020, en pandemia, la cobertura alcanzó sus menores valores. “Según datos del Ministerio de Trabajo, el empleo privado tuvo un aumento del 6,2% lo que representa 350.000 nuevos puestos generados en mayor medida por los sectores de industria, construcción y comercio, mientras que el empleo público creció 3,3%, lo que se traduce en 100.000 nuevos trabajadores para dicho sector. En los últimos meses, se observa una caída del aumento del empleo público frente al empleo privado, que crece lenta pero sostenidamente”, se destacó.

En cuanto a las cifras de prevención, hace un año, para el 25° aniversario las vidas salvadas alcanzaban las 14.300. Ahora, el dato de muertes evitadas es de 15.400 , con una caída de más del 78% respecto de 1997.

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“La cobertura ante un accidente es inmediata e integral, sin ningún tipo de copago, y hasta la recuperación total o máxima posible. De haber secuelas, hay prestaciones dinerarias indemnizatorias del daño, tabuladas por un Baremo que integra la Ley. Las mismas han tenido fuertes incrementos entre 2012 y 2022, en base a actualización automática por RIPTE. Este cuadro de situación explica el carácter aspiracional del sistema de Riesgos del Trabajo. Toda vez que se lleva a cabo una encuesta de calidad de servicios o se presenta una nota periodística con testimonios de trabajadores que carecen de cobertura, surge la valoración y el reclamo de contar con ella”, destacaron un UART.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), de febrero 2022, 27% de los trabajadores cubiertos se desempeñaban en la Administración Pública/Defensa/Seguridad Social Obligatoria; 12,5% en Comercio; 12,4% en Industria; 7,4% en Enseñanza; 5,3% en Transporte; 5,1% en Actividades Administrativas y 30%, el resto, en otras actividades.

Analizando los trabajadores cubiertos por provincia: 32,3% corresponden a Buenos Aires; 22,5% a CABA; 6,4% a Santa Fe; 6,4% a Córdoba; 4.4% a Mendoza; 28% al resto. Las provincias que adhirieron a la ley de ART son ya 15 más CABA y entre todas concentran la mayor actividad económica.

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Con respecto a la respuesta ante la pandemia, desde UART afirmaron que se atendieron hasta el 24 de junio de 2022 (último dato disponible) casi 527.000 casos. “La cobertura de las ART por COVID en Argentina fue la más larga en el tiempo, la más abarcativa en cuanto a trabajadores alcanzados y la más integral por el tipo de prestaciones médicas y dinerarias, según la Federación Sindical Europea. Se demostró una vez más que el Sistema de Riesgos del Trabajo responde, alcanzando y superando las expectativas, sobre la base de adaptaciones informáticas, organizativas, operativas y prestacionales permanentes”, explicaron.

Los desafíos pendientes

Con respecto aloque viene para el sector, UART hable de una “doble mochila”: los costos de la cobertura de Covid, en cuyo financiamiento se está trabajando pero no está resuelto y también temas irresueltos de larga data como litigiosidad, Cuerpos Médicos Forenses (CMF) e insuficiencia tarifaria.

- “A la infra tarifación crónica, con una alícuota en baja constante (de un 2,63% en abril 2020, a 2,51% en abril 2021 y a 2,43% en abril de este año), se le sumó el problema del financiamiento del COVID. Inicialmente, tratándose de una enfermedad ajena al mundo laboral, se dispuso su cobertura con cargo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), constituido en origen para circunstancias excepcionales. Pero la extendida duración de la crisis sanitaria y la integralidad y extensión de la cobertura de COVID por parte de las ART, determinó su refondeo, y aun así, su actual insuficiencia ha determinado la necesidad de constituir un fideicomiso (Decreto PEN 79/22). Su constitución y gestión por parte de un agente fiduciario profesional, como así también la obtención de financiamiento por parte del mercado, conlleva plazos que están lejos de verse cumplidos a la brevedad”.

- Litigiosidad. “Luego de la reforma del 2017, esa litigiosidad exasperada y paradojal respecto de los resultados positivos en materia de prevención había comenzado a ceder. Pero, la pendiente constitución de los Cuerpos Médicos Forenses por parte de las justicias jurisdiccionales y CSJN en CABA, generó los incentivos para revertir esa baja. En 2021 la reversión de tendencia fue ya clara y evidente con un aumento del 17% de la masa judicial respecto de 2019 y el ingreso de 80.000 juicios. La ausencia de un cuerpo de peritos profesional, jerarquizado, convocado por concurso y con honorarios definidos por acto médico y no como porcentaje de la sentencia, constituye, junto al apartamiento del Baremo a la hora de definir el daño, un claro incentivo a la litigiosidad. La demora en su constitución, a 5 años de la reforma, configura una asignatura pendiente inexplicable, que drena recursos que van a sobrecargar los costos de la justicia y a restarle competitividad al mercado laboral”.