La Argentina está entre el 5% de los países que no protegen a los investigadores para patentar productos

En la industria farmacéutica, aunque se asegura que no es excluyente sino que comprende a todos los emprendedores basados en la innovación, investigación y desarrollo de un producto, existe preocupación porque la temática del sistema de la salud, en particular en lo que respecta al costo de los medicamentos y las posibilidades de su abaratamiento, a través de los incentivos a la innovación y desarrollo, no aparecen en la agenda de los partidos políticos, como es el caso del tratamiento final de un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado en 1998, para la adhesión al Tratado Multilateral de Cooperación de Patentes (PCT, por su sigla en inglés).

Es el caso de los laboratorios nucleados en Caeme, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, aunque sostienen que la preocupación es extensiva a otras industrias, e incluso a los laboratorios nacionales, algunos de los cuales que ocupan los primeros puestos del mercado tienen presencia productiva en países de la región, y por tanto se rigen por normas internacionales.

La Argentina se encuentra entre los muy pocos países, junto con Venezuela, que se mantienen fuera del PCT, un sistema que favorecer principalmente a los pequeños emprendedores e investigadores, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otros, que no cuentan con el paraguas de una gran empresa, pese a que posibilita reducir de USD 150.000 el costo de una patente individual cuando está próxima a ingresar el estudio en el desarrollo preclínico, a unos USD 5.000, hasta llegar a la etapa comercial que puede llevar hasta 20 años, y del cual llegan alrededor del 2 por 10.000 de las móleculas descubiertas. Y, fundamentalmente, permite conocer si el producto ya existe en el mundo y si es patentable.

Entre los costos de no estar incluido en el PCT se destaca la fuerte caída de la participación de la Argentina en el segmento mundial de la investigación, innovación y desarrollo en el área farmacéutica humana clínica que se estima en unos USD 90.000 millones al año, de 2,4% a 0,8% en 2016, y con el nuevo gobierno subió, pero a un todavía muy bajo 1,2% del total.

Y en el caso particular de los medicamentos, destacan en Ceme: "La Argentina pondera entre las más bajas del planeta, y los laboratorios están entre los más débiles en la protección marcaria, porque si bien la ley está, existen mercados marginales y hay una protección legal para no patentar medicamentos".

Ese fenómeno se refleja en el ranking de valuación de los países del G20 en propiedad intelectual, donde aparece la Argentina en el último lugar.

Mientras que el cuadro general sobre 125 evaluados aparece en el cuarto quintil, luego de haber caído entre los 20 peores, a comienzos de la década.

Destaca un estudio de Caeme: "En 1995, a través de la Ley 24.481 en la Argentina se reconoció la patentabilidad de los productos farmacéuticos; y en 2000 se concedieron las primeras patentes sobre productos farmacéuticos al adherir a estándares europeos; pero en 2012, a través de la Resolución 118/2012 los entonces Ministerios de Industria, Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), resolvieron modificar los criterios de patentabilidad sobre invenciones químicos-farmacéuticas" .

De todas formas, a partir del acuerdo de integración Mercosur-Unión Europea, en el sector confían en que la Argentina va a comenzar a trabajar en que se reflote el tratamiento legislativo de incorporación al PCT, "para estar alineado con el 95% de los países que ya adhirieron".

Uno de los beneficios para la comunidad que representa el cumplimiento de la Ley de Patentes, aseguran en la industria, es que los precios caen al vencimiento de la protección en hasta un 77%, mientras que en la Argentina se da el caso particular de que los productos genéricos se llegan a comercializar a un valor muy superior a los valores registrados.

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