La jueza Loretta Preska, del tribunal de Distrito Sur de Nueva York, decidió aceptar el stay que solicitaron el Estado argentino e YPF y esperará la opinión de la Corte Suprema de ese país ante de avanzar con los casos por la expropiación de la petrolera estatal durante el kirchnerismo. Si el país perdiera las demandas tendría que pagar unos USD 3.000 millones.
La Corte Suprema está analizando un recurso –o certiorati– que solicitó el país sobre la jurisdicción del caso y en ese proceso le consultó su opinión al gobierno de Donald Trump, por medio de su solicitor general (o procurador). Va a decidir si toma el caso o no a mitad de año, antes del receso. Si esto ocurre, lo estudiará por un año, aproximadamente. Si no, Preska podría iniciar la instrucción de los juicios.
"Es una muy buena noticia para Argentina e YPF. Ahora se posterga la definición por varios meses, al menos hasta septiembre", le dijo a Infobae el analista Sebastián Maril, de Fingurú.
Después de algunas idas y vueltas en el expediente en los últimos días, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa decidió no empezar el juicio contra la Argentina –que motoriza Burford Capital en representación de dos accionistas minoritarios de petrolera– y esperará a que la Corte diga si corresponde o no juzgar el tema en EEUU. Con todo, la demanda tuvo dos fallos negativos para el país, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones.
"Es una muy buena noticia, es lo que queríamos que pasara, lo que esperábamos. No sé si es un alivio, pero no tenía sentido seguir cuando lo que cuestionamos en la jurisdicción del caso. Si la Corte concede el recurso, luego de la opinión de solicitor, daremos los argumentos y esperaremos el fallo final. Si no lo concede, seguirán los juicios allá", detallaron fuentes cercas a la causa.
"Ya pasó antes: el gobierno de ese país opinó a favor de Argentina, pero la Corte igual siempre terminó fallando en contra", agrega Maril.
El argumento de los abogados locales –un team que lideran el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF, junto a importantes estudios de Argentina, EEUU y España– es que la expropiación la llevó adelante un país soberano y se aprobó en el Congreso. En EEUU, en tanto, alegan que el perjuicio sería a inversores de una empresa que cotiza en Wall Street, y que por eso el tema de debe dirimir allí.
Burford, un especialista global en litigios, argumenta que luego de que Argentina comprara el 51% de la empresa a la española Repsol por USD 5.000 millones, en 2012, tendría que haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) y equiparar el ofrecimiento a los demás accionistas. Eso no pasó y ahora Burford representa a dos de esos tenedores de acciones minoritarios: Petersen Energía y Petersen Energía Inversores (que al momento del juicio ya no tenían que ver con el Grupo Petersen local) y Eton Park Capital.
Demandas en España
En paralelo, y como detallo Infobae en exclusiva la semana pasada, los representantes de Estado y la empresa iniciaron demandas en España en febrero. Quieren que la justicia de ese país investigue si Burford es sólo un inversor de las empresas Petersen, que quebraron luego de la reestatización, o si directamente compró los derechos de litigar a la justicia española. Si los adquirió, argumentan, tendrían que ser ellos mismos lo que encabecen las demandas en EEUU y no las empresas.
Si prueban que es así sería otro argumento para hacer caer las causas en los tribunales de Preska.
Con todo, ahora que el stay fue aprobado habrá que esperar la decisión de la Corte Suprema de EEUU. No hay nada asegurado, pero es el escenario que los abogados locales esperaban en un juicio que ellos mismos definen como "muy complicado".
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