La petrolera YPF enfrenta una nueva demanda judicial en los Estados Unidos, esta vez por USD 14.000 millones y por "supuestas operaciones corporativas de reestructuración" que la empresa habría realizado hace varios años.
La demanda es promovida por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation, una compañía que YPF compró en 1995, y que arrastraba un antiguo conflicto por daños ambientales.
Según informó este jueves la empresa en un comunicado a la Bolsa porteña, dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings, fueron notificadas de una demanda judicial promovida por Maxus —que quebró hace dos años— por hasta USD 14.000 millones. El estado de Nueva Jersey acusó a Maxus de contaminar el río Passaic en las décadas del 50 y 60, mucho antes de que YPF comprara esa compañía.
En el texto presentado a la Bolsa, la compañía —controlada por el Estado nacional— adelantó que en caso de ser notificada válidamente, se defenderá "de cualquier acusación de que las operaciones corporativas referidas en el reclamo, las cuales se realizaron de acuerdo a las normas de gobierno corporativo y demás normativa aplicable, hagan responsable a YPF ante Maxus o sus acreedores".
La empresa aclaró que adquirió Maxus Energy en 1995 y "no ha causado contaminación ambiental alguna asociada al río Passaic ubicado en Nueva Jersey ni en ningún otro sitio relacionado con dicha adquisición".
En los 80, Maxus le había vendido Shamrock –en realidad, la supuesta responsable de la contaminación– a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).
"Oxy le exige a Maxus, que quebró, que se haga cargo del pasivo ambiental. No tenemos nada que ver. En el peor escenarios lo que deberíamos pagar es el monto que ya fijó el Estado de Nueva Jersey, USD 140 millones. Pero creemos que ni eso corresponde. Los USD 14.000 millones no se sabe de dónde salen. No contaminamos nada y no operamos nunca en EEUU", explican desde la petrolera local.
Además, YPF también fue demandada por el fondo Burford, que reclama unos USD 3 mil millones por la expropiación de la petrolera. A principios de este mes, un tribunal de Nueva York resolvió que este proceso debe continuar en Estados Unidos y no en la Argentina, como pretendía el gobierno argentino, que ahora apelaría ante la Corte Suprema de EEUU.
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