Acreedores rechazan la propuesta de la empresa de Vicentin y bregan por un salvataje para poder reactivar la empresa

La historia de la cerealera Vicentin, que está en default desde diciembre de 2019 por más de USD 1.500 millones, ingresó en un nuevo capítulo con la devolución por parte de la Corte Suprema de Santa Fe del concurso preventivo de acreedores a manos del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, con una serie de recomendaciones para que el proceso llegue a buen puerto.

No obstante esta decisión de la Justicia, el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, que agrupa a unas 75 firmas a las cuales Vicentin les debe USD 100 millones, entiende que la propuesta presentada por esta última para saldar sus deudas no es legal y que uno de los caminos más factibles para reactivar la compañía es que un tercero emprenda un salvataje de la misma.

“La esperanza que tienen nuestros clientes es que Lorenzini, habiendo tenido en cuenta todos los plazos que se cumplieron dentro del proceso concursal que está abierto desde marzo de 2020 hasta la actualidad y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Corte y que Vicentin ya tuvo dos oportunidades para hacer su propuesta concursal, es que lo más razonable sería dar por finalizado el periodo de exclusividad y pasar a un periodo de salvataje previo a una eventual quiebra”, dijo a este medio el abogado representante del Fideicomiso, Franco Dimónaco.

Para Dimónaco, “el periodo de salvataje puede ser una solución, porque permite no solamente al concursado, sino también a terceros que puedan hacer una propuesta, entendiendo que tiene una funcionalidad y rentabilidad si es bien administrada Vicentin. Nosotros creemos que si viene un tercero va a recobrar la confianza de la gente”. Por eso, el letrado considera que “si aparece un tercero que haga una propuesta razonable para los acreedores puede llegar a reactivarse la empresa. La otra propuesta concursal, estando esta administración, no nos genera ninguna expectativa y si se aprueba tal como está va a perder muchísimos activos y no sabemos cómo va a funcionar hacia adelante”.

Los representados por Dimónaco entienden que la última propuesta de Vicentin para ponerle fin al concurso y que contó con un amplio respaldo entre los acreedores, no es legal. “Se les propuso a todos por igual un pago de USD 30.000 iniciales. Esa es una primera cuestión que hace que la propuesta no sea legal, porque hay un principio concursal de igualdad entre los acreedores. Esto quiere decir que no puede haber un acreedor que cobre el 100% de su crédito, como puede ser uno acreedor que tenga verificada una deuda USD 30.000 y otros, como muchos de los que están en el Fideicomiso, cobren un 0,01% de su crédito”.

En segunda instancia, el abogado sostuvo que “Vicentin, para poder pagar la propuesta, pone en venta activos en base a la participación accionaria que tiene en el caso de Renova y esos activos se encuentran cautelados por la justicia penal. Es como si ofreciera vender un auto que se encuentra embargado. Acá estamos en esta situación” y agregó que “están proponiendo votar una propuesta que no saben si van a poder cumplir el día de mañana”.

Recomendaciones

Según Dimónaco, más allá de que la Corte Suprema provincial haya rechazado el pedido de avocación y haya devuelto el concurso a Lorenzini, lo hizo con una serie de recomendaciones que catalogó como “fuertes advertencias hacia la propuesta de Vicentin”, y que “el máximo tribunal provincial no se limitó al thema decidendum respecto de la procedencia o no de la intervención de la corte en el concurso de la agroexportadora, sino que va más allá de esta cuestión y fija una serie de pautas que condicionan severamente el futuro de la propuesta acompañada por la empresa defaulteada”.

El abogado de los acreedores remarcó que el actual presidente de la Corte, Daniel Erbetta, “comienza aclarando que el proceso concursal debe evitar una desviación de los fines del ordenamiento jurídico procurando la conservación de la empresa, la protección de las fuentes de trabajo, la tutela del crédito y del comercio en general y, especialmente, la prevención del fraude”.

“Seguidamente, expone la debilidad de la propuesta concursal ante la existencia de medidas cautelares dictadas en sede penal –donde se encuentra imputado todo el Directorio de Vicentin- que impiden la enajenación de activos por parte de la defaulteada agroexportadora para pagar a los acreedores diciendo que las eventuales controversias y vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción”, agregó.

“Es muy importante, porque le dicen a Lorenzini que tenga mucho cuidado porque él no tiene facultades para decidir sobre las medidas cautelares de la Justicia Federal”, dijo Dimónaco, al mismo tiempo que recordó que “otras de las recomendaciones que hacen es que la propuesta tiene que contemplar el crédito del Banco Nación, que hoy no lo está”.

“La Corte le está indicando que lo más sano para que continúe el concurso es que Lorenzini tome una decisión. Si lo hace teniendo en cuenta estas recomendaciones, la propuesta tal como estaba formulada no se puede sostener bajo ningún punto de vista. Por lo cual, puede tomar la decisión de dejar sin efecto la propuesta y mandarla a reformular o dejarla sin efecto y habiéndose agotado el periodo de exclusividad, pasar a un periodo de salvataje, que se presente cualquier tercero y pueda hacer alguna propuesta mejor para los acreedores”, concluyó Dimónaco.

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