Juicio por YPF: quince estados de EEUU pidieron a la Corte Suprema revisar el fallo favorable a Argentina

Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un escrito ante la Corte Suprema de ese país para respaldar a Petersen Energía y Eton Park en su intento de que el máximo tribunal revise el fallo que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La presentación no implica que el tribunal haya aceptado tratar el caso, pero incorpora un nuevo argumento a favor de los demandantes antes de que venza el plazo para la respuesta argentina.

El escrito, presentado el 30 de octubre por Misuri y otros 14 estados y territorios, figura como amicus curiae, una herramienta mediante la cual terceros que no integran formalmente una causa exponen su posición ante un tribunal. Los fiscales generales que lo suscribieron solicitaron que la Corte otorgue el recurso promovido por Petersen y Eton Park contra la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Ese tribunal había revocado en marzo la sentencia de primera instancia que condenaba a la República Argentina por aproximadamente USD 16.100 millones en el pleito vinculado con la nacionalización de la petrolera, ocurrida en 2012. Los demandantes recurrieron luego a la Corte Suprema para que revise esa decisión.

Según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, los estados advirtieron que el criterio adoptado por el Segundo Circuito podría transformarse en una vía para que gobiernos extranjeros eviten decisiones de tribunales estadounidenses. “Los gobiernos de 15 estados y territorios de los EE.UU., representados por sus respectivos fiscales generales, presentaron en la Corte Suprema un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF”, señaló.

Maril agregó que los firmantes plantearon una preocupación institucional que excede el expediente argentino. “Advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos”, afirmó.

El documento de los estados enfoca su cuestionamiento en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos, conocida por la sigla FSIA. Los fiscales sostienen que, bajo la lectura de la cámara neoyorquina, un Estado extranjero podría evitar que una reclamación se resuelva en tribunales federales estadounidenses si establece que ese tipo de controversias debe litigarse ante sus propios jueces.

La posición de los estados coincide con el planteo central de Petersen y Eton Park: que la Corte Suprema debe intervenir para revisar un asunto que, a su entender, involucra los límites de la jurisdicción estadounidense frente a gobiernos extranjeros. El escrito pide expresamente que el tribunal acepte el recurso y revoque la sentencia del Segundo Circuito.

La presentación, sin embargo, abrió una discusión sobre el alcance que puede tener como respaldo para los demandantes. Sebastián Soler, abogado y exsubprocurador del Tesoro, relativizó la eficacia del amicus para persuadir a la Corte Suprema de que tome el caso. En primer lugar, destacó la composición política de los firmantes. “Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos —solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’—. La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, sostuvo.

Soler también objetó el punto de partida jurídico del escrito. Según su interpretación, los estados describen de manera incorrecta la resolución del tribunal de apelaciones al afirmar que este habría dejado de ejercer una competencia que la FSIA le concede por la existencia de legislación argentina.

“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino”, señaló Soler. El abogado agregó que las normas societarias argentinas y la ley general de expropiaciones eran, a su juicio, las reglas relevantes para resolver una disputa entre accionistas por el presunto incumplimiento del estatuto de una compañía argentina.

La diferencia entre ambas posturas resulta central para el recurso. Mientras el escrito de los estados presenta el caso como una cuestión de jurisdicción federal y de inmunidad soberana, Soler considera que el Segundo Circuito resolvió el conflicto dentro de su competencia y aplicó el derecho sustantivo que correspondía al vínculo societario discutido.

El abogado recordó, además, que la Corte Suprema admite una porción reducida de los recursos que recibe cada año. “La Corte Suprema acepta juzgar muy pocos recursos”, afirmó, y explicó que suele priorizar causas en las que existen criterios divergentes entre tribunales inferiores o se discute un precedente propio en una cuestión federal relevante. Para Soler, una revisión destinada solamente a corregir un presunto error de una cámara de apelaciones es una hipótesis poco habitual.

De todos modos, el amicus podría tener efectos sobre los tiempos. “Sí podría suceder que la presentación de este escrito justifique que la Corte solicite la opinión del Solicitor General del gobierno federal antes de resolver si acepta o rechaza tramitar el recurso”, indicó. En ese escenario, la decisión sobre la admisibilidad del caso podría demorarse varios meses.

La causa aún se encuentra en una etapa inicial ante la Corte Suprema. La República Argentina y YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus escritos de oposición al recurso de Petersen y Eton Park y responder a las presentaciones de terceros que lo respaldan. Maril anticipó que el mapa de apoyos todavía puede cambiar: por el momento, informó, había un amicus a favor de la Argentina y cinco en favor de Petersen y Eton Park, aunque prevé nuevas presentaciones en defensa de la posición nacional.

Una vez recibidas esas respuestas, la Corte deberá decidir si concede el recurso. Si lo rechaza, quedará firme la decisión del Segundo Circuito; si lo acepta, el litigio por la expropiación de YPF abrirá una nueva instancia ante el máximo tribunal de Estados Unidos.