El Gobierno, mediante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó las obras de infraestructura eléctrica que Vicuña, la compañía a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, necesitaba para conectar su proyecto de cobre en San Juan a la red nacional de alta tensión. De esta forma y luego de tres años, despejó el último obstáculo regulatorio para que la empresa controlada por BHP y Lundin Mining avance hacia una decisión final de inversión de hasta USD 7100 millones en una primera etapa.
A través de la Resolución 330/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo emitió el certificado que habilita la construcción de las obras y le otorgó a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica que se genere por 25 años. La inversión en infraestructura eléctrica podría rondar los USD 800 millones y será financiada en su totalidad por la compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema.
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La resolución pone fin a una disputa técnica y administrativa que se extendió por más de tres años. El proceso arrancó en 2023 con la presentación formal de la solicitud y se complicó en febrero de este año, cuando el ENReGE —entonces bajo la denominación ENRE, previo a su unificación bajo un mismo organismo— publicó la Resolución 79/2026, que habilitó provisionalmente el acceso pero recibió oposiciones formales de varios actores.
Esas presentaciones obligaron a convocar una audiencia pública, que se realizó el pasado 3 de junio en Buenos Aires. La escalada del conflicto fue tal, ya que la demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. A su vez, en su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica de la provincia.
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En esa instancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto de la asignación en el abastecimiento futuro de la provincia y reclamó que la capacidad que excediera las necesidades propias de Vicuña quedara disponible para otros proyectos mineros regionales. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules —impulsado por McEwen Copper—, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad utilizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.
El ENReGE rechazó todas las impugnaciones y sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional. Frente a las objeciones de las empresas competidoras, el organismo respondió que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea el acceso de terceros al sistema, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.
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Las obras comprenden cuatro componentes. El primero consiste en la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para permitir que la línea existente, que opera en 132 kV, pase a funcionar en 500 kV. El segundo es la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas de montaña a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El tercero es la nueva Estación Transformadora Chaparro, con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino. El cuarto es una línea de 220 kV de uso particular de unos 93 kilómetros que llegará hasta la Estación Transformadora Josemaría, dentro del propio proyecto minero, con tramos a 4.550 metros de altura.
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“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, afirmó José Morea, Country Director de Vicuña, en un comunicado de la compañía.
Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y quedarán bajo la operación y mantenimiento de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión, que acaba de ser privatizada. El organismo aclaró que la única excepción al régimen de prioridad del 90% es la ampliación del transformador de la Estación Rodeo, cuya carga no depende de forma apreciable de la demanda del proyecto minero.
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Avanza Vicuña en San Juan
La aprobación llega semanas después de que el Gobierno habilitara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión inicial declarada de USD 9.700 millones, el desembolso podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.
El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, había definido la concreción del plan como dependiente de una decisión final de los accionistas antes de fin de año. La infraestructura eléctrica aprobada este martes abastecerá una demanda de hasta 260 MW en la fase 1 del proyecto, con previsión de escalar hasta 400 MW y luego 700 MW en etapas sucesivas.
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