El fisco uruguayo lucha por cobrar deuda de Conexión Ganadera, la mayor estafa del sector del país

La Dirección General Impositiva (DGI) –el fisco en Uruguay– es uno de los tantos interesados en cobrar créditos del fondo pecuario Conexión Ganadera, una empresa que captaba el dinero de inversores pero que funcionaba en base a un esquema Ponzi. La Justicia le negó esa posibilidad, pero el organismo estatal recurrirá la decisión.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores para comprar ganado y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año y medio, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

El fondo pecuario tiene un pasivo de USD 387 millones de dólares y un activo de USD 115 millones.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido. Y también de la DGI.

La Justicia había desestimado darle cabida a esta pretensión de cobro, pero el fisco uruguayo recurrirá esta semana la decisión, informó el semanario Búsqueda. La pretensión de la oficina recaudadora es cobrar USD 13 millones por el concepto de retención de tributos a las rentas de las personas físicas, más multas y recargos, sobre los rendimientos obtenidos por los inversores de Conexión Ganadera.

Los servicios jurídicos de la DGI están trabajando en estos días para elaborar el recurso. Tiene plazo para presentarlo hasta el viernes 31.

El síndico del caso, Alfredo Ciavattone, había argumentado en su escrito que no existió una “generación real de renta” sino una “mera transferencia de capital” entre los propios damnificados.

“Las ganancias percibidas por los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de quienes ingresaban después, atraídos por rentabilidades que nunca tuvieron un correlato real. La actividad agropecuaria mediante la cual se abonarían los ‘intereses’ prometidos nunca generó el rendimiento que fundamentara la utilidad prevista en los contratos”, alegó.

El síndico señaló que la responsabilidad de la DGI “presupone la existencia válida de una obligación tributaria principal en cabeza del contribuyente. Si respecto de los inversores no se configuró el hecho generador, no existe obligación alguna de retener”.

Luego de este pedido del síndico, el juez de Concurso, Leonardo Méndez, hizo lugar a la desestimación.

Los dueños de Conexión Ganadera eran dos personas conocidas en Uruguay, que generaban confianza. Pablo Carrasco, uno de ellos, tenía un alto perfil mediático y solía generar polémica por sus opiniones en la radio. Gustavo Basso, el otro, era un empresario respetado que colaboraba de forma activa con la comunidad católica de Florida, la ciudad a 100 kilómetros de Montevideo en la que vivía.

La muerte de Basso, el 28 de noviembre de 2024, había generado conmoción. El empresario murió en un accidente de tránsito en su Tesla. En un principio, su siniestro parecía uno más de esos que se cobran decenas de vidas en el país.

Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, fueron a la cárcel de forma preventiva al ser imputados por estafa y lavado de activos. Lo mismo sucedió con la esposa de Basso, Daniela Cabral, pero en su caso la imputación fue solo por estafa y ahora cumple prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en Punta del Este.

El fiscal Enrique Rodríguez señaló tiempo atrás en una audiencia judicial que por la deuda que tiene Conexión Ganadera hace que sean “prácticamente impagables” los créditos que los inversores tienen a su favor.