El Gobierno anunció un “big bang” para el mercado: habilita la emisión automática de instrumentos financieros y elimina burocracia

La Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó una transformación de gran escala en el mercado de capitales argentino. El objetivo central apunta a dinamizar el financiamiento de empresas, facilitar la emisión de instrumentos financieros y ampliar el acceso al ahorro para los ciudadanos. La medida, presentada como un “big bang” por el presidente de la CNV, Roberto Silva, y difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elimina trámites previos y traslada el control de la emisión de títulos desde el Estado al sector privado.

Sturzenegger calificó la reforma como un cambio que permitirá crear “un universo nuevo” en el mercado local. El funcionario estableció un paralelo con la desregulación de la Bolsa de Londres en 1986, una referencia que, según él, resulta adecuada dada la magnitud de la iniciativa. En palabras del ministro, la reforma “va a permitir crear un universo nuevo”. El nuevo régimen, titulado “Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado”, entró en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26.

El anuncio implica que la mayor parte de las emisiones de deuda inferiores a unos 130 o 140 millones de dólares podrán realizarse sin autorización previa de la CNV. El nuevo marco limita el rol del organismo a la recepción de presentaciones, sin la necesidad de evaluar cada caso antes de la salida al mercado. “Básicamente implica que la gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130/140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa de la CNV para ser emitidas”, explicó Sturzenegger al difundir la reforma.

El propósito central de la modificación es simplificar el acceso al financiamiento para empresas de todos los tamaños. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrán emitir bonos en forma directa, sin depender de canales formales o informales alternativos. También se abren posibilidades para productores agropecuarios y otros actores que buscan capitalizarse a través de instrumentos distintos al endeudamiento bancario tradicional. “Ahora será mucho más fácil para una PYME emitir un bono para financiarse sin recurrir a otros mecanismos formales o informales”, afirmó el ministro.

Dentro de los cambios, uno de los puntos más destacados es que los fondos comunes de inversión abiertos ya no requerirán autorización previa para su lanzamiento, independientemente de su tamaño o de a quién se dirijan. “Lo presentás y salís. Esto es absolutamente revolucionario”, sostuvo Sturzenegger en referencia a la operatoria para estos vehículos de inversión.

La reforma también impacta en los fondos comunes de inversión cerrados, las acciones, las obligaciones negociables y los fondos fiduciarios, siempre que el monto no supere los 100 millones de UVAs, equivalentes a unos 130 o 140 millones de dólares al valor actual. Dentro de ese rango, la emisión se autoriza automáticamente, sin revisión previa. Según el funcionario, esta transformación “radicalmente cambia la situación del mercado inmobiliario y es otro mundo para el financiamiento PYME, industrial, agropecuario o de cualquier sector”.

Para emisiones que superen ese monto y estén orientadas a inversores calificados, tampoco se exigirá autorización previa. La normativa define como inversor calificado a quien posea activos o depósitos en el sistema financiero por al menos 200 mil UVAs, aproximadamente 300.000 dólares. Este umbral reemplaza el anterior, que exigía 350 mil UVAs. A partir de ahora, las empresas podrán ofrecer instrumentos financieros directamente a ese segmento, sin necesidad de trámite ante la CNV. “Se confía en la capacidad de discernimiento del inversor y se deja interactuar libremente al oferente de ahorro con el demandante de ahorro”, explicó Sturzenegger.

El nuevo esquema responde a un cambio de filosofía regulatoria. El Estado deja de intervenir en la evaluación previa de las emisiones y transfiere esa facultad a los operadores privados. Según el ministro, la reforma “es una de las que va más en línea con la idea del presidente Javier Milei de hacer de Argentina el país más libre del mundo”. El funcionario celebró la medida con la expresión: “¡VLLC!”.

En cuanto a los efectos inmediatos, Sturzenegger sostuvo que la pelota pasa ahora al sector privado, que debe “innovar, salir a buscar empresas que necesiten capital y conectarlas con los argentinos que están ansiosos de poder invertir en su país”. En este contexto, el ahorro externo pierde atractivo frente a los activos domésticos, que, según la visión oficial, estarán mejor alineados con el costo de vida local en un escenario de crecimiento exportador.

El proceso que condujo a la reforma involucró a varios funcionarios y equipos técnicos. El ministro mencionó a Roberto Silva y a Manuel Calderón, Inés Herbón y otros directivos de la CNV, así como a integrantes del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Finanzas, entre ellos Luis Caputo y Pablo Quirno. El trabajo conjunto incluyó la revisión de modelos internacionales de mercados regulados y semi-regulados, como los de Viena, Frankfurt y Toronto, donde los emisores cuentan con mayor autonomía para definir las condiciones de colocación de instrumentos.

La CNV ya había implementado a fines de 2024 un régimen de autorización automática más limitado, que, según el ministro, “solo nos deparó alegría, como cada cosa donde damos libertad”. El nuevo paquete normativo amplía ese modelo y lo extiende a una mayor cantidad de instrumentos y emisores.

En el proceso de elaboración, también participaron el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Subsecretaría de Desregulación y equipos técnicos especializados. Sturzenegger agradeció especialmente a Héctor Huici, Iván Rovok y a I. Durán, responsable de investigaciones sobre regímenes semi-regulados, quienes colaboraron en el diseño del marco normativo.

El enfoque de la reforma busca democratizar el acceso al capital y convertir al ciudadano común en socio de los proyectos productivos nacionales. “El objetivo es democratizar el capital, imbricar al ciudadano común como socio de los emprendimientos empresarios del país”, explicó Sturzenegger. La propuesta apunta a distribuir riesgos y a fomentar la participación directa de los ahorristas en el desarrollo económico.

El nuevo régimen normativo se encuentra respaldado por las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26, publicadas en el Boletín Oficial. El paquete legal establece los detalles operativos y los alcances de los instrumentos comprendidos. El marco regulatorio contempla esquemas diferenciados según el tamaño de la emisión y el perfil del inversor, con controles posteriores al lanzamiento y mecanismos de transparencia para mitigar riesgos.

La medida forma parte de una agenda más amplia de desregulación impulsada por el gobierno nacional, que busca reducir cargas administrativas y promover la libertad económica. “La libertad está en nuestro ADN”, resumió Sturzenegger al describir el espíritu de la reforma.

Como adelantó en abril pasado Infobae, las modificaciones llevan varios meses de trabajo.

El lunes siguiente a la entrada en vigencia de la reforma, el mercado local inició la adaptación al nuevo marco. El sector privado se encuentra ante un escenario de mayor flexibilidad y autonomía para estructurar operaciones, mientras el Estado asume un rol de supervisión posterior y de promoción de la transparencia.

Las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26 establecen las bases para el funcionamiento del “Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado”. El régimen elimina la necesidad de aprobación previa para la mayoría de los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados, acciones, obligaciones negociables y fondos fiduciarios hasta un monto determinado, y amplía el rango de emisores habilitados a operar bajo este esquema.

Entre los actores involucrados, la CNV, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas se integran en el proceso de modernización regulatoria, mientras el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado coordina la implementación de las nuevas reglas y promueve su difusión.

El nuevo marco legal refuerza la tendencia a la liberalización del mercado de capitales y marca una etapa de mayor protagonismo para el sector privado en la canalización del ahorro y la inversión. “A partir de hoy la decisión de cuándo emitir queda en manos de los CFOs y no de un burócrata al que había que ir a rendirle pleitesía para la autorización”, expresó Sturzenegger.

La desregulación se apoya en la confianza en la capacidad de los inversores calificados y en la responsabilidad de los emisores para gestionar riesgos y oportunidades. El régimen incorpora prácticas internacionales y adapta el sistema argentino a los estándares de mercados desarrollados, según coincidieron los funcionarios implicados en la reforma.

El gobierno nacional sostiene que la transformación normativa permitirá recrear un mercado de capitales local robusto, con mayor estabilidad y posibilidades de crecimiento. La expectativa oficial es que la medida incentive la inversión productiva, diversifique las fuentes de financiamiento y fortalezca la integración entre empresas y ahorristas.