El Banco Central aplicó una multa de $18.000 millones a una financiera vinculada al “Chiqui” Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, del financista Ariel Vallejo con supuestos vínculos al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.098.701.115, y dispuso la revocación de su autorización para operar, tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria. La investigación determinó que, entre enero y diciembre de 2023, la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera con otras casas y agencias de cambio por más de 25 millones de dólares, sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos.

El BCRA concluyó que “la totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, en abuso de la habilitación otorgada.

De acuerdo a la resolución de la entidad monetaria, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624″.

Según la investigación oficial, el 99,1% de las ventas realizadas por ARS Cambios SAS se dirigió a otras casas y agencias de cambio —entre ellas Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA—. A la vez, la inspección arrojó que la operatoria de estas entidades no cumplía con la normativa vigente para su actividad, situación que motivó la apertura de actuaciones administrativas y sumarios en su contra.

“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y ‘alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo’, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”, reza el documento oficial.

Además, ARS Cambios fue sancionada por incumplir el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades durante diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, superando el tope permitido por la normativa. Según la resolución oficial, durante ese período la firma concretó ventas en exceso por más de un millón de dólares, en infracción al punto 1.5 del texto ordenado sobre Operadores de Cambio. El organismo remarcó que estas conductas “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.

La sanción también alcanza a las personas responsables de la firma: Graciela Beatriz Vallejo y su hijo Ariel Vallejo. La mujer, en su carácter de administradora titular y única accionista, recibió una multa de $7.228.280.446 e inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras. Su hijo, también administrador, fue sancionado con una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por cinco años. La resolución advierte que la conducta desplegada “implicó un abuso de la autorización oportunamente conferida” y que la sanción de inhabilitación tiene “efecto ejemplificador y preventivo” para el sistema.

El BCRA resaltó que las infracciones detectadas son de gravedad “muy alta” y “alta”, y que la revocación de la autorización para funcionar es la sanción más grave que puede aplicarse a una persona jurídica autorizada. Por último, el organismo informó que los sancionados pueden apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.

Sur Finanzas y ARS Cambios comparten como vínculo principal la figura de Vallejo. El hombre señalado como cercano a Tapia es identificado como titular o accionista de Sur Finanzas y, al mismo tiempo, fue directivo y accionista de ARS Cambios SAS, la casa de cambio recientemente sancionada por el Banco Central.

De hecho, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una denuncia penal contra Sur por presunta retención indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados, que no habrían sido depositados en los organismos correspondientes.

De acuerdo con la documentación presentada ante la justicia, la compañía habría omitido transferir al fisco un total de $46.511.222,65 entre junio de 2024 y noviembre de 2025, alcanzando siete períodos fiscales. Esta denuncia se enmarca en una causa judicial más amplia sobre las operaciones financieras de la empresa, que se encuentra en la mira de la Justicia por la compra irregular de dólares en el mercado cambiario entre 2022 y 2023.

La más reciente decisión del Central se tomó en el marco de un sumario financiero instruido a partir de las disposiciones de la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias concluyó la investigación y recomendó al Directorio del BCRA la revocación de la autorización de ARS Cambios SAS como entidad cambiaria, “por los fundamentos desarrollados en ese documento”.

El Directorio del Banco Central adoptó la recomendación y dispuso, según la resolución oficial, “revocar la autorización para funcionar de ARS Cambios SAS en los términos del inciso 6 del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras”. Además, el BCRA resolvió “formular oposición a la devolución de la garantía de funcionamiento constituida por ARS Cambios SAS”, en virtud de actuaciones administrativas aún en trámite en la entidad.

La decisión implica que ARS Cambios SAS debe “abstenerse de ejercer la actividad cambiaria” de manera inmediata. Si la sociedad decide continuar con otras actividades, deberá modificar su denominación social eliminando la palabra “Cambio” y adecuar su objeto social, suprimiendo toda referencia a operaciones cambiarias. Estos cambios deberán ser acreditados ante el Banco Central dentro de los 90 días de notificada la resolución. En caso contrario, la firma deberá acreditar el inicio del trámite de disolución de la sociedad ante los organismos correspondientes.

El texto oficial advierte que “la sanción impuesta únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con efecto devolutivo, dentro de los 30 días hábiles de notificada”.

El Directorio del BCRA fundamentó su competencia para adoptar esta medida en lo dispuesto por la Carta Orgánica de la entidad. Además, tanto la Gerencia Principal de Asesoría Legal como la Subgerencia General de Cumplimiento y Control participaron en el proceso previo a la resolución.