Tras la quiebra, la histórica láctea SanCor ya tiene precio de venta y hay seis interesados en quedársela

La cooperativa láctea SanCor, que a mediados de abril solicitó su propia quiebra, ya tiene precio oficial. Sus activos, conformados por seis plantas industriales y un paquete de marcas con fuerte presencia en el mercado local saldrán a la venta por una base total de USD 52,1 millones.

La venta de los activos, dispuso la Justicia santafesina que lleva el caso de la láctea, se hará en una licitación pública donde ya se presentaron al menos seis interesados. El proceso llega semanas después de que el juez Marcelo Gelcich declarara la quiebra de la empresa, tras el fracaso del concurso preventivo que la cooperativa había iniciado en febrero del año pasado. Sancor arrastraba varios años de crisis productivas y una deuda superior a los USD 120 millones.

La licitación divide los activos en siete lotes. Los seis primeros corresponden a las plantas industriales —tres en Santa Fe y tres en Córdoba— y el séptimo agrupa los activos intangibles, que podría considerarse como uno de los más valiosos: se trata ni más ni menos que de la marca SanCor y sus submarcas. Las instalaciones fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones, de los cuales USD 18,7 millones corresponden a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.

La planta de Devoto encabeza las valuaciones individuales con USD 7 millones. Allí se producían leche en polvo, manteca y crema. Le sigue la planta de Gálvez, tasada en USD 5,5 millones, dedicada al fraccionamiento y empaque de lácteos. Las plantas de La Carlota y Balnearia fueron valuadas en USD 5 millones cada una, mientras que la de San Guillermo, especializada en quesos, alcanzó los USD 2,5 millones. La planta de Sunchales, afectada por un incendio durante la primera semana de junio, recibió una reducción del 20% en su tasación y quedó en USD 2,4 millones.

Ya hay seis empresas interesadas

De acuerdo con la disposición del juez, los interesados podrán presentar ofertas por activos individuales, por combinaciones de plantas o por la totalidad del negocio. Para participar deberán adquirir un pliego valuado en USD 10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta realizada. El juzgado aclaró que el monto ofrecido no será el único criterio de evaluación, sino que también se ponderarán los antecedentes de los oferentes y sus proyectos de continuidad operativa y laboral.

Según pudo saber Infobae, la mayoría de los interesados son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. El vínculo data al menos de noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso en la Cámara de Rafaela convocó a los acreedores a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Aunque había inversores dispuestos a desembolsar, la quiebra era la condición excluyente para avanzar con cualquier propuesta.

Recientemente, el gremio Atilra mencionó entre los oferentes a Savencia —dueña de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela. También figura el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en Rosario, Salta, Tucumán y Bahía Blanca, con participación en el Grupo América. Scaglione no asistió a la reunión con el gremio, aunque adelantó la posibilidad de presentar una propuesta integral con respaldo de socios del exterior.

Desde el entorno del proceso, señalaron a Infobae que la expectativa es que el comprador adquiera el conjunto: “La propuesta es que el que compra, compra todo”.

La caída de SanCor

La quiebra fue el desenlace de años de deterioro financiero de la empresa que supo ser una de las mayores procesadoras de leche del país. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la situación y, a mediados de abril, la cooperativa solicitó su propia quiebra ante una deuda acumulada de USD 120 millones. El juez Gelcich definió el caso como una "quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo“, y sostuvo en la sentencia que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

El documento judicial registró una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914 de capital, más $12.788.850.187 en salarios netos adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026, a los que se suman aportes a obras sociales, ART y sindicatos por $3.380.071.061. A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó la continuidad operativa de la empresa para proteger a los 914 trabajadores en relación de dependencia, ya que el cese total de actividades “causaría un perjuicio” a empleados, acreedores laborales y proveedores, según el fallo.