Cómo la historia de un puente roto de más de 50 años puso en foco el destino de los impuestos provinciales y las tasas municipales

Construido en 1972, el puente Héctor Ligorria, sobre lo que algunos lugareños llaman arroyo y otros río Piray Miní, fue refaccionado en 1992, y tras la última crecida estaba al borde del colapso, como muestran fotografías más adelante. El hormigón sumergido sufrió 54 años de embate de crecidas, impacto de troncos, socavamiento de la corriente.

El puente está emplazado en el Municipio 9 de Julio, del Departamento de Eldorado, cerca de la Ruta Provincial 226, zona de Valle Hermoso y el río abastece de agua a Eldorado. Alfredo Gruber cuenta: “Uno de los pilotes se hundió y otro se quebró y se fue hundiendo la plataforma de hormigón, que está bien hecha”.

El arreglo correspondía al Municipio de 9 de Julio (del otro lado está la localidad de Colonia Victoria), o a la Provincia, pero hace dos años, dice Gruber, “aparecieron 5 ingenieros de Vialidad Provincial, dijeron que al puente había que hacerlo de nuevo y echaron tierra a ambos lados, para que no se pueda usar”. El tiempo pasó y del puente nuevo no hubo noticias.

Un grupo de productores autoconvocados formado a raíz del robo de ganado y otros problemas que no solucionaba la policía y -menos aún- la Justicia, juntó 150 firmas y pidió audiencia al gobernador misionero, Hugo Passalacqua, al ministro Coordinador, Carlos Sartori, y al director de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal, por el tema del puente. No tuvieron respuesta.

Cincuenta kilómetros de rodeo

”Teníamos que dar una vuelta de 50 kilómetros para llegar a nuestra chacra”, recuerda Alfredo a Infobae. “Empezaron a pasar primero motos y después se fue sacando la tierra y se volvió a usar, pero era peligroso, en cualquier momento se caía un camión o un colectivo”, dice el productor misionero, que junto a sus hermanos Aldo y Gerardo son dueños de Gruber Hermanos SRL y del Establecimientos Guillermo -productores integrados que plantan pino, tienen aserradero, producen sorgo, maíz y girasol y hacen feedlot y cría de cerdos-.

“Cada vez que bajaba el agua Aldo me presionaba para arreglar el puente”, cuenta Alfredo. Este verano los Gruber hicieron lo que por años no hicieron ninguna de las instancias estatales: pusieron maquinaria, grúas, palas, camiones, cemento, hicieron encofrados, arreglaron los pilotes y repararon lo que localmente llamaban “Puente 4 Caminos”, por el número de canales, que se redujo a tres. Ahora quieren que la provincia les reconozca la reparaciónmediante una compensación impositiva.

¿A quién le corresponde el arreglo?

Recientemente, un grupo de 20 diputados kirchneristas calculó que Economía retuvo ilegalmente 1,16 billones (esto es, millones de millones) de pesos que debería asignar por ley al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.

Alfredo Gruber no sabe a quién le corresponde, pero sostiene que la reparación debería estar a cargo de la Nación, que cobra impuesto a los Combustibles e IVA, o -más cerca del problema, a la Provincia (que cobra impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliarios, Patentes), o al Municipio corresponde (que cobra tasas viales).

“La zona tiene pino y yerba; ahora, por los bajos precios, los yerbales de baja producción tendrán que reconvertirse, pero para eso hacen falta créditos a tasa razonable”, señala a Infobae. Del otro lado de la frontera, compara, los productores brasileños “tienen créditos al 4%, 8% o 10% anual a 6 a 10 años, con 3 de gracia. Y no tienen IIBB”. El productor recordó además que en las últimas décadas, pese a las tasas municipales e impuestos provinciales, “muchos caminos rurales se cerraron, dejaron de existir”.

¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera?, pregunta el empresario y economista Gustavo Lazzari, que llamó la atención sobre el caso, ejemplo de las “peripecias” que deben atravesar las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.

La historia es aún más llamativa por ocurrir en Misiones, caso paradigmático de uso y abuso de las “retenciones” de IIBB, impuesto del que en 2023, según la última información disponible, debía devoluciones por entre 12 y 14 meses.

Jorge Colina, presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) dijo a Infobae: “Debe seguir siendo lo mismo, yo pude hacer ese cálculo por información que me pasaron de una Dirección de Rentas Provincial que integra la Comisión Arbitral, conformada por la mayoría de las provincias argentinas”.

La Justicia, las tasas viales y las provincias

Colina detalló que “todas las provincias tienen IIBB, con una tasa que no parece muy alta, 3%, 4% o 5%, pero al afectar todos los eslabones de la cadena productiva llega a pesar hasta 12% o 15% en el costo final de un bien o servicio. Más dañino aún es que las provincias hacen retenciones a las empresas no solo por las ventas que hagan en su territorio, sino también por ventas en otras provincias. Es el caso de Misiones, de Catamarca: a los contribuyentes inscriptos en sus direcciones de renta, aunque no sean de esas provincias, le hacen retenciones por ventas que son muchas veces fuera de la provincia. Eso genera un crédito al contribuyente, que si no tiene suficientes ventas allí no puede recuperar. Así Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia”.

La Comisión Arbitral de rentas provinciales estableció un esquema unificado para una sola retención de IIBB que el contribuyente use en cualquier provincia. Sin embargo, provincias como Misiones retienen por su cuenta.

“Una empresa puede netear esos créditos solo si vende en la provincia; si no, se transforma en un costo. Eso disgusta a otras provincias, pero sobre todo a las empresas. Hay algunas que decidieron no operar más en Misiones”, aclaró Colina a Infobae.

Un caso significativo es el de Las Marías, productora de yerba y té y dueña de marcas de yerba mate muy conocidas presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: dice que los “anticipos de Ingresos Brutos” que le retiene Misiones superan en más de 17.000% lo que le corresponde de pago anual. La vecina Corrientes se presentó como “tercero interesado” con el argumento de que lo que hace Misiones conspira contra planes de inversión de la empresa en su territorio.

Según un estudio de Idesa, en 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de 1 mes del impuesto. En 6 equivalen a entre 1 y 2 meses y en las 8 restantes los anticipos equivalen a más de 2 meses del impuesto. Misiones y Catamarca son de lejos las provincias que más dinero se quedan, en meses de la recaudación total de IIBB.

Ordenar la anarquía

“Cuando se habla de reforma impositiva: antes de hablar de si bajamos un poco la alícuota de Ganancias o las retenciones hay que ordenar la anarquía de las provincias con IIBB. Eso quita productividad. Algunos dicen que el tipo de cambio está apreciado un 15%, pero si arregláramos IIBB los insumos bajarían el 15%, porque no habría ese efecto cadena. Ni qué hablar con las retenciones que hacen y no devuelven nunca”, dijo Colina.

El experto considera que una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias”. Sobre el caso del puente sobre el Piray Mini, Colina acotó: “aún si la provincia le reconoce a los productores el gasto del puente, el problema sigue, porque la provincia va a seguir haciendo retenciones espurias a todos los demás”.

Lo cierto es que los abusos de algunos municipios en tributos como la “tasa vial” empezaron a multiplicar reclamos y generar fallos a favor de los demandantes. Recientemente el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen dictó que el municipio bonaerense de Daireaux devuelva sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial al comprobar, tras más de dos años de pericias judiciales e ingenieriles, graves deficiencias de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines.

La sentencia, del juez Pablo Germain, un extributarista, consideró nula la tasa vial para un grupo de contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso reducciones proporcionales.

Y esta semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, falló contra el municipio de Baradero (también en territorio bonaerense), conminándolo a informar sobre el uso de $1.000 millones de tasa vial pagada por productores rurales.

Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que combate la sobre-tributación y la imposición ilegal, dijo a Infobae que el fallo de Germain es ejemplar pues reafirma 3 aspectos centrales de las tasas municipales:

1. deben fundarse en una prestación efectiva,
2. su monto debe basarse en el costo (proporcional) del servicio prestado, y
3. su recaudación no puede asignarse a otros fines.

Las demandas de los productores, dijo, no son una “rebelión fiscal”, sino reclamos a favor de justicia fiscal.