El Gobierno auditará a las empresas de colectivos por denuncias de que habrían manipulado los subsidios al boleto

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la retención de subsidios económicos a empresas de colectivos urbanas en las que se detectaron irregularidades, como parte de una serie de controles sobre el mecanismo de compensaciones estatales al sector. Esta decisión, confirmada tras una reunión con las principales cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), surge luego de una denuncia que involucra maniobras en la liquidación de subsidios y que derivó en la apertura de una auditoría integral sobre el sistema.

Las denuncias apuntan especialmente al grupo La Nueva Metropol, acusado por otras empresas de modificar la asignación de boletos para aumentar el monto de subsidios percibidos. La maniobra habría consistido en la entrega de boletos de recorridos largos a pasajeros que realizaban trayectos cortos, lo que incrementa el monto de compensaciones liquidadas por el Estado. La situación generó fuertes tensiones entre los principales actores del sector y motivó la intervención estatal.

En respuesta, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para realizar de inmediato una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, extendiendo el control a todas las empresas del sistema y no solo a la denunciada.

La auditoría contará con el apoyo de informes técnicos de Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de fiscalizaciones prácticas y presenciales en las unidades de colectivo. El objetivo de este procedimiento es implementar correcciones que eviten futuras irregularidades y asegurar que la distribución de recursos públicos se realice bajo estrictos criterios de transparencia y exactitud.

El origen de esta medida puede vincularse a la reciente modificación del sistema de subsidios, impulsada por la resolución 45/2024. La normativa desplazó el foco de la asignación de compensaciones, dejando de priorizar la oferta (kilómetros recorridos y consumo de combustible) y pasando a calcular los montos según la demanda efectiva de pasajeros, con datos provistos por el sistema SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK). Esta transición dejó al descubierto desplazamientos inusuales en la validación de boletos que, según los denunciantes, permitirían a ciertas empresas duplicar el importe a liquidar.

Las cámaras empresarias del sector sostienen que la maniobra denunciada habría generado un desvío estimado en 30.000 millones de pesos, y algunas anticipan la presentación de una causa penal ante la Justicia. En tanto, desde el grupo señalado rechazan las acusaciones y atribuyen los cambios a la adaptación a la nueva regulación, que busca corregir la llamada “evasión gris” en el sistema de boletos.

La Secretaría de Transporte indicó que las medidas se aplicarán de inmediato y tendrán carácter transitorio, mientras se verifica técnicamente lo ocurrido. El objetivo, subrayaron el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, es garantizar que la distribución de subsidios se ajuste a la normativa vigente y mantener la transparencia en el uso de recursos públicos.

La paritaria que negocian los colectiveros con el Gobierno

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público retomarán el viernes desde las 11 la negociación salarial en la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar un paro que dejaría sin colectivos a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sector sindical enfatizó que los choferes “atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas” y que esa realidad “no admite más dilaciones”, según un comunicado de la UTA tras la última reunión fallida. Este llamado se produce cuando la instancia de diálogo es considerada, tanto por gremialistas como por empresarios, como la última oportunidad para destrabar el conflicto y mantener la paz social.

El reclamo apunta a elevar el salario básico, actualmente en $1.370.000, a más de $1.550.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida recientemente. Aunque las empresas admiten la presión salarial, insisten en que no pueden convalidar el aumento sin una actualización de subsidios o ajuste de tarifas, lo que representa el principal escollo para avanzar en la paritaria.

Las negociaciones, iniciadas formalmente a mediados de enero, han atravesado múltiples propuestas, cuartos intermedios y encuentros sin acuerdo definitivo. Hasta el momento, la UTA mantuvo una postura que describe como “conciliadora”, privilegiando la continuidad del servicio.

La jornada del viernes será decisiva: de no alcanzarse un entendimiento, el sindicato advirtió que comunicará acciones gremiales en forma inmediata. El desenlace de la audiencia determinará tanto el futuro del salario de los trabajadores como la continuidad regular del transporte en los próximos días.