La batalla legal de Manaos por un juicio laboral de $800 millones llegó a la Corte Suprema

La disputa judicial entre Refres Now SA, fabricante de la bebida Manaos, y un ex empleado de su filial en San Rafael, Mendoza, alcanzó un nuevo punto cuando la empresa recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir una sentencia que la obliga a pagar una indemnización superior a $800 millones. La presentación de este recurso extraordinario federal representa el último recurso legal disponible para la compañía en este extenso litigio laboral.

La raíz del conflicto se encuentra en un reclamo de un viajante de comercio de San Rafael, quien sostuvo haber sido víctima de fraude laboral por parte de la empresa. El caso ganó notoriedad nacional por el monto de la condena, que en su primera instancia llegó a rondar los $1.500 millones. La cifra resultó de la suma de la indemnización, diversas multas y la aplicación de tasas de interés desde abril de 2025.

Tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó la causa. Si bien confirmó la existencia de fraude en perjuicio del trabajador, modificó la fórmula de intereses, lo que redujo la suma a $807.676.293,72, con intereses agregados hasta la fecha de pago. El trabajador aún no recibió el pago, y la empresa busca que el máximo tribunal revise tanto la validez del acuerdo de conciliación firmado en 2018 como la tasa de interés aplicada.

La defensa de la compañía sostiene que el acuerdo celebrado en Buenos Aires ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en 2018, que implicó el pago de $236.000 al empleado en concepto de liquidación final, fue un acto de mutuo acuerdo y homologado por la autoridad laboral. Por eso, consideran que dicho acuerdo debe tener carácter de cosa juzgada y que la revisión posterior en sede judicial resulta improcedente. Tanto la Cámara Laboral como la Suprema Corte mendocina consideraron que ese convenio se realizó para simular un despido y cambiar el encuadramiento sindical del empleado, quien continuó cumpliendo funciones durante cuatro años más bajo un régimen distinto.

En ese contexto, la compañía busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia que declaró la nulidad del acuerdo y confirmó la existencia de fraude, así como el cálculo de los intereses. El abogado Diego Díaz confirmó al diario Uno de Mendoza la presentación del recurso extraordinario federal y detalló la estrategia de la defensa para intentar reducir la condena.

Según Díaz, el pedido ante el máximo tribunal del país se apoya en dos ejes centrales: la reducción de la tasa de interés y la discusión sobre la validez del acuerdo conciliatorio de 2018. El letrado explicó que la tasa de interés aplicada en la condena sigue siendo elevada, pese a la modificación introducida por la Suprema Corte mendocina. Además, insistió en que la declaración de nulidad del acuerdo de 2018 genera inseguridad jurídica para las empresas que alcanzan convenios homologados ante la autoridad competente.

La empresa argumenta que la condena, tal como fue dictada, afecta el derecho de propiedad al provocar un despojo patrimonial injustificado. La defensa sostiene que el fallo incurrió en arbitrariedad, ya que resolvió cuestiones que no habían sido planteadas originalmente y no ponderó el contexto económico al aplicar los intereses.

Con la presentación del recurso extraordinario federal, la compañía solicita también la suspensión de los efectos del fallo, que fijó un plazo de cinco días hábiles para el depósito de la suma una vez que la sentencia quede firme. De no prosperar este pedido, la empresa podría quedar en falta por no cumplir con el pago.

La resolución ahora queda en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán decidir si el caso amerita la intervención de la Corte Suprema y si corresponde revisar o modificar la suma de la indemnización. La compañía considera que existen cuestiones federales involucradas, como la doctrina de arbitrariedad y la vulneración de garantías constitucionales, que habilitan la intervención correctiva del máximo tribunal.

El litigio entre Refres Now SA y el ex viajante de comercio de San Rafael se convirtió en uno de los casos laborales más destacados por el monto de la condena y por el debate en torno a la validez de los acuerdos de conciliación laboral. La resolución definitiva dependerá ahora de la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única instancia que puede revisar el fallo provincial y determinar el destino de la millonaria indemnización.