La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) al inicio del ejercicio 2026 revela un marcado sesgo contractivo en las cuentas públicas. Según un informe detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total del Estado nacional registró una caída real del 22% al comparar el primer mes del año con el mismo período de 2023. En detalle, se pagó de $12.248.737 millones gastados en el primer mes de 2023 a $9.499.145 millones en enero de 2026, medido a pesos constantes de inicios de este año. Este ajuste, realizado bajo la actual gestión de Javier Milei, impacta de manera generalizada en casi todas las jurisdicciones, con recortes que en varios programas y organismos alcanzan la parálisis total.
El análisis resalta que, si bien se trata de una etapa temprana del año, los datos permiten identificar la orientación fiscal del Gobierno. “La APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo”. Mientras la mayoría de las partidas retroceden, se observa una excepción notable en los fondos destinados a la inteligencia y los servicios de la deuda pública.
El mapa del recorte ministerial
Al desglosar la ejecución por ministerios y grandes áreas de gobierno, la contracción es casi absoluta. Uno de los ajustes más significativos por su peso social se observa en el Ministerio de Capital Humano. Dentro de esta estructura, la Secretaría de Educación presenta una caída real del 42,3% respecto a enero de 2023, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió una disminución aún más profunda, del 72,4 por ciento.
Otras carteras también muestran retrocesos de dos dígitos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto registra una caída del 28% en términos reales. Por su parte, el Ministerio de Economía redujo su gasto en un 16,5% en la comparación trienal.
Incluso áreas tradicionalmente sensibles para la actual administración, como el Ministerio de Seguridad, no han quedado al margen del ajuste. La cartera muestra una caída global del 24,4 por ciento. Dentro de este ministerio, las fuerzas federales presentan recortes sustanciales: la Policía Federal Argentina retrocedió un 30,2%, la Gendarmería Nacional un 29,6% y la Prefectura Naval un 31,1 por ciento. El Ministerio de Defensa también registra una baja del 13,3% en su ejecución total.
En el ámbito de los poderes del Estado, el Poder Legislativo Nacional presenta uno de los recortes más drásticos con una caída del 41,3% real. En tanto, el Poder Judicial de la Nación muestra una baja más moderada del 6,1%.
Organismos y programas: la parálisis en áreas clave
El informe del CEPA pone el foco en organismos seleccionados donde el retiro del Estado es más evidente. En el área de salud, aunque la Superintendencia de Servicios de Salud se mantiene estable (-1,4%), otros organismos técnicos han perdido gran parte de su financiamiento. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” cayó un 34,2% y la ANMAT un 56,1 por ciemto.
La situación es crítica en programas específicos de salud. El informe destaca que partidas esenciales como el Acceso a Medicamentos e Insumos cayeron un 82,8%, mientras que los programas de Prevención de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y la Respuesta al VIH, Tuberculosis y Lepra registran una ejecución nula o cercana a cero, con caídas superiores al 99%.
En el sector de Ciencia y Tecnología, el panorama es similar. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación muestra una “virtual paralización” con una caída del 76,4 por ciento. Organismos de prestigio como el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) registran descensos del 21,1% y 24% respectivamente.
Seguridad Social y Desarrollo Social
La Seguridad Social, que representa el 63% del gasto total, no fue ajena a la poda presupuestaria. La ANSES registró una caída real del 10%. Al analizar los programas específicos de este sector, el impacto es mayor en sectores vulnerables: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se redujo un 42,2% y las Pensiones No Contributivas cayeron un 29,6 por ciento.
En Desarrollo Social, la desinversión es casi total en áreas de asistencia directa. Los programas de Economía Social, el Plan Nacional de Protección Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia registran una caída del 100%. “Los Comedores Comunitarios y Merenderos también muestran ejecución nula”, advierte el documento. Por su parte, la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) presenta una caída del 35,9% en términos reales.
Educación y Obra Pública: el ajuste al límite
El sector educativo exhibe recortes que el informe califica como “severos”. Los programas Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) muestran una caída del 100%, lo que implica su total desfinanciamiento en la práctica. Asimismo, la partida destinada a Infraestructura y Equipamiento escolar evidencia un recorte del 99,7%.
Finalmente, el rubro de Transporte y Obra Pública es el que presenta los niveles de ejecución más bajos, cercanos a la parálisis absoluta. Programas de infraestructura en municipios, rutas nuevas, pavimentación y el desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo registran caídas del 100%. La Dirección Nacional de Vialidad, organismo central para el mantenimiento de la red vial, redujo su presupuesto ejecutado en un 73 por ciento.
La excepción: Inteligencia y Deuda
Como contrapartida al ajuste generalizado, existen áreas donde los recursos han crecido o se han mantenido como prioridad. El caso más paradigmático es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según el CEPA, este organismo incrementó su ejecución un 68,8% en términos reales respecto de enero de 2023.
Asimismo, los Servicios de la Deuda Pública continúan teniendo un peso preponderante en el esquema de gastos del Gobierno, representando el 8% del total ejecutado en el inicio de este año.
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