
Tras un año en que varios sectores tuvieron aumentos salariales por debajo de la inflación, las empresas buscarán este año alinear los sueldos a la evolución de los precios y espaciar los ajustes, sin hacer correcciones en relación a lo sucedido en 2025.
Un informe de PwC señala una modificación en el panorama respecto de los años anteriores, en base a un sondeo a 148 organizaciones de todo el país. Mientras que en 2025 persistieron las tensiones entre inflación y salarios, las proyecciones para 2026 anticipan un escenario con mayor previsibilidad, en el que los aumentos salariales esperados tenderán a alinearse con la inflación, que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA, llegará a 22,4 por ciento.
En 2025, la inflación alcanzó el 31,5% y los incrementos salariales promedio para el personal fuera de convenio fueron del 29,56%, ubicándose levemente por debajo del índice de precios al consumidor.
De acuerdo a PwC, solo el 33% de las empresas otorgó aumentos iguales o superiores a la inflación oficial, mientras que el 67% restante quedó por debajo de esa referencia.
Dentro de este último grupo, algunas compañías analizan la posibilidad de compensar la diferencia, aunque más de la mitad ya resolvió no implementar medidas correctivas.
Para 2026, las organizaciones prevén una suba salarial anual del 23% y estiman una inflación en niveles similares.
Además, se incrementa significativamente la cantidad de empresas que optan por esquemas de incrementos más espaciados. Casi la mitad de la muestra planea realizar entre uno y tres ajustes en el año.
“El dato más relevante de este sondeo es que las organizaciones empiezan a recuperar capacidad de planificación. La convergencia entre inflación proyectada y ajustes salariales permite salir de una lógica reactiva y volver a pensar políticas de compensación con una mirada estratégica, más alineada al negocio y al desempeño”, indicó Damián Vázquez, Socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.
Expertos señalan que las paritarias serán más equilibradas y anuales, con aumentos en línea con la inflación y un posible punto extra cuando sea viable, para no afectar el programa antiinflacionario.

Se prevé una recuperación económica heterogénea, con sectores como energía y minería con mayor capacidad de mejora salarial, mientras que la industria y el comercio enfrentarán mayores restricciones.
De momento, para principios de 2026, la paritaria de empleados de comercio, uno de los gremios más grandes del país, fijó un esquema de sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales—compuestas por $40.000 prorrogados y un refuerzo de $60.000— para los meses de enero, febrero y marzo, que se incorporarán al salario básico a partir de abril.
En el caso de los trabajadores bancarios, el acuerdo contempló una suba del 2,8% para los salarios de enero —a abonarse en febrero—, en línea con la inflación de diciembre informada por el Indec. El sindicato encabezado por Sergio Palazzo viene aplicando este esquema desde hace más de un año, lo que le permitió garantizar la homologación oficial de los aumentos.

Como referencia general, según Bumeran, el salario pretendido por los trabajadores argentinos registró en 2025 un aumento acumulado del 34,66%, un incremento que se ubicó por encima de la inflación del mismo período, que fue del 31,5%.
Aunque el balance anual terminó con una suba real frente a la inflación, diciembre registró una contracción mensual marcada. Ese mes, el salario pretendido promedio cayó un 3,71% respecto de noviembre y se ubicó en $1.731.592 brutos mensuales, lo que constituyó el retroceso más pronunciado de todo 2025.
En paralelo, con la reforma laboral, que en general debilita a los sindicatos, el Gobierno busca implementar los “salarios dinámicos” o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.
Para el Consejo de Mayo —ámbito del que surgió el proyecto de reforma—, estos componentes retributivos, de carácter transitorio y variable, apuntan a vincular los salarios con los resultados y a habilitar ajustes sin afectar los mínimos legales y convencionales obligatorios.
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