Reforma laboral: qué iniciativas propone el Gobierno y por qué formalizarían prácticas habituales de las empresas

Luego de la suspensión del encuentro de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno impulsa que el Senado debata el proyecto de reforma laboral el próximo miércoles 11 de febrero. El texto propone cambios para incentivar la contratación formal. Aunque no todos los artículos introducen medidas nuevas, varios buscan otorgar respaldo legal a prácticas ya instaladas en el mercado laboral argentino, que, según especialistas en derecho laboral, representan un “ahorro futuro” para las empresas.

Con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, en diversas provincias, el oficialismo logró el respaldo general de varios gobernadores al proyecto. El principal punto de conflicto es la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades que impacta en la coparticipación. Si bien existen alternativas para superar este obstáculo —como supeditar el cambio a la evolución de la actividad—, aún resta definir cómo se resolverá.

Hasta ahora no se observa un debate significativo entre la administración central y las provincias aliadas en torno al contenido de la reforma, su efecto sobre las empresas o los incentivos para la contratación de personal. Es que varios artículos no crean figuras nuevas, sino que buscan dar respaldo legal a prácticas ya vigentes, lo que, según especialistas, permitirá reducir los costos empresariales.

“Legalizar prácticas habituales en las empresas representa un aporte relevante y una ventaja económica, porque si algo no está legalizado existe un riesgo ante un accidente cubierto por la ART o durante una inspección”, señaló la abogada laboralista Silvina Scarimbolo.

La especialista indicó que muchos pequeños empresarios la consultan sobre los cambios concretos de la reforma, ya que mecanismos como el “banco de horas” o el fraccionamiento de las vacaciones ya se aplican en la práctica. “Muchos desconocen los riesgos que enfrentan por mantener prácticas, incluso acordadas con los trabajadores, que carecen de respaldo legal en caso de accidente, inspección o juicio laboral”, añadió en diálogo con Infobae. Es que si bien en la diaria varias firmas permiten que sus empleados dividan las vacaciones, lo hacen en contra de la ley, que establece un mínimo de 14 días corridos.

A la vez, Scarimbolo subrayó que la reforma laboral incorpora la opción de que empleado y empleador acuerden —o este último disponga de forma unilateral— componentes retributivos adicionales, ya sean transitorios, fijos o variables, que podrán otorgarse por un período determinado sin transformarse en derecho adquirido. “Este cambio permite premiar el desempeño y que las empresas mejoren su productividad”, añadió. Aunque ya es una práctica frecuente en Argentina, hoy no tiene marco legal y puede acarrear riesgos.

Fondo de Asistencia Laboral y blanqueo de empleados

Entre los puntos más relevantes, la experta destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé un aporte del 3% de la nómina salarial de las empresas para cubrir futuras indemnizaciones. “Es un cambio sustancial para muchas pequeñas empresas porque les dará mayor seguridad para afrontar indemnizaciones laborales. También beneficia a los trabajadores, que tendrán mayor certeza de cobro”, afirmó.

De aprobarse el proyecto, se implementará una contribución especial del 3% sobre la nómina salarial, destinada a un fondo administrado por una entidad cuya creación y regulación dependerá de la Comisión Nacional de Valores (CNV). “De algún modo, se obliga al empleador a generar un fondo de previsión para despidos”, indicó el abogado especialista en relaciones de trabajo, Pablo Mastromarino.

Y aclaró que la medida no representará un costo adicional para las empresas, ya que las cargas sociales se reducirán en igual proporción. "El costo será el mismo, pero si se aprueba la reforma, las empresas podrán destinar ese monto al pago de indemnizaciones, cuando antes era percibido por el Estado“, señaló.

Otra iniciativa relevante es el “blanqueo de trabajadores”, que prevé como incentivo para el empleador una reducción significativa de las contribuciones patronales. Las destinadas al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares quedarán en 2%, mientras que las correspondientes al PAMI se ubicarán en 3 por ciento. “El objetivo es que las empresas, especialmente las pymes, que concentran la mayor parte del empleo informal, regularicen a sus trabajadores”, explicó Mastromarino.

Indemnizaciones y preaviso

Uno de los cambios más destacados de la reforma es la definición de los conceptos que se deberán considerar para calcular las indemnizaciones. “En la actualidad, según la provincia y la interpretación de la Suprema Corte local, ciertos conceptos pueden incluirse o no. El proyecto también establece que los intereses judiciales se calcularán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Se fija así un criterio nacional, lo que implica una modificación”, detalló Silvina Scarimbolo. Además, resaltó que si la reforma se aprueba en el Congreso, dejará de existir la obligación de preaviso en el contrato de prueba de los trabajadores, eliminando un costo laboral para las empresas.

RIGI pyme: cambios impositivos

En el título 23, la reforma introduce modificaciones fiscales como un mecanismo indirecto para impulsar la contratación privada, reduciendo la carga del Estado sobre el sector privado. Entre ellos, sobresale el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), reclamado hace tiempo por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, la contadora Elizabeth Piacentini advirtió que “los umbrales son elevados, ya que el monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios es de USD 150.000”. Piacentini participó en las reuniones entre cámaras empresarias y el Gobierno, donde se propuso disminuir ese piso a 50.000 dólares. El acceso al RIMI permite deducir un porcentaje mayor en el impuesto a las Ganancias y recuperar el IVA, aunque estas ventajas solo aplican si la inversión alcanza al menos los 150.000 dólares.

“Invertir en bienes, obras de infraestructura o en el sector agropecuario, como vallas antigranizo o sistemas de riego, implica adquirir bienes de uso que, según la ley, deben amortizarse al 10%. El RIMI permite amortizarlos por completo en un año, según el tipo de bien. Así, pueden computarse como gasto. Algunos bienes se amortizan en dos años o en un lapso apenas mayor, pero el régimen otorga esa facilidad”, explicó Piacentini.

Cabe destacar que estas no son la únicas reducciones impositiva previstas. Además de la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades, la reforma contempla una disminución de los impuestos internos sobre los seguros, la telefonía celular y los automóviles, así como también sobre bienes suntuarios como el oro y las embarcaciones. Estas modificaciones han generado cuestionamientos.