Cuáles son los municipios bonaerenses que cobran tasas más altas a supermercados y otros comercios

El reciente caso de la suba de tasas municipales en Pilar reavivó el conflicto con el Gobierno nacional, que desde el año pasado viene reclamando a los intendentes que las reduzcan para evitar un impacto en los precios. En ese contexto, se decidió lanzar una herramienta destinada a exponer las jurisdicciones con los cargos más elevados.

En el nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal se detallan las tasas que cobra cada uno —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— y releva aspectos clave como las bases imponibles y las alícuotas vigentes.

Recientemente, el municipio de Pilar incrementó la Tasa de Protección Ambiental y recibió críticas de varios sectores, principalmente por la manera. Previamente, existía un esquema de monto fijo por módulos pero ahora se estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada en base al importe neto del Impuesto al Valor Agregado.

Es importante resaltar que esta percepción se aplica sobre cada venta realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, quien había recomendado “no comprar nada en Pilar”, hoy volvió hoy a la carga con un mensaje en X para promover el nuevo portal.

“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo. Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables", señaló Caputo.

El portal de Transparencia Tributaria Municipal muestra que en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene que deben pagar los hipermercados, sobre la base de Ingresos Brutos, puede resultar especialmente elevada.

Es el caso de Lanús, donde la alícuota alcanza el 6%. “Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien los supermercados explicitando que la suba es sólo en Lanús”, había manifestado Caputo en septiembre del año pasado, luego de que grandes cadenas colocaran carteles en la puerta de sus establecimientos avisando a los clientes que tuvieron aumentar sus productos por un ajuste del 3,3% en la tasa.

En el listado le siguen Pilar (4,50%), Quilmes (3,74%), Lomas de Zamora (2,70%), Escobar (2,70%), Bahía Blanca (2,70%), Moreno (2,60%), La Plata (2,50%), General San Martín (2,20%), San Fernando (2,03%), La Matanza (2,00%), Berisso (2,00%), Avellaneda (1,80%), Ituzaingó (1,80%), San Isidro (1,50%), Tigre (1,50%), Vicente López (1,50%), Esteban Echeverría (1,30%), Almirante Brown (1,10%), General Pueyrredón (1%), José C. Paz (1%), Marcos Paz (1%), San Vicente (1%), Malvinas Argentinas (0,90%), Florencio Varela (0,80%), General Rodríguez (0,80%), Berazategui (0,54%) y Presidente Perón (0,30%).

En lo que respecta a la tasa vial, General Pueyrredón y Pinamar presentan la alícuota más elevada, con un 3%. Moreno y Pilar aplican un 2,5%. Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora establecen una tasa del 2%.

Antecedentes del conflicto

La cruzada del Ejecutivo con los intendentes, sobretodo los bonaerenses, es de larga data. A principios de este año, Caputo instó a las provincias a adoptar medidas para que los municipios deroguen aquellas tasas cuyo monto no guarda proporcionalidad con el costo del servicio prestado y que, a criterio del Gobierno, resultan “ilegales y arbitrarias”.

En el escrito solicitó que se eliminen “las tasas municipales que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Además, pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

El Ministerio de Economía sostuvo que “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”, lo cual obstaculiza la baja de la inflación.

Incluso, en octubre de 2024 se habilitó un canal para denunciar si un bien o servicio contratado incluye tasas como alumbrado, barrido y vigilancia, lo cual quedó prohibido por la Secretaría de Industria.

“La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”, indica la resolución 267/2024, que desató una catarata de amparos judiciales por parte de los intendentes.