El Gobierno, duro con los delegados gremiales: “Van a tener hasta 10 horas mensuales pagas libres; el resto, a laburar”

Ante cientos de empresarios y ejecutivos industriales, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó del cierre del Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint, y se mostró dura con el sector sindical, al referirse al proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió este jueves al Congreso.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, disparó la legisladora, cuando se refería a los bloqueos que se habían producido durante este año en distintas fábricas, a pesar de que no hayan estado expuestos en los diarios. “Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, aclaró la ex ministra ante los empresarios y ante el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, con quien compartió el cierre del evento.

Al intentar explicar una de las medidas planteadas en el proyecto, y que mayor debate generan dentro del sindicalismo, Bullrich planteó que el nuevo texto busca ordenar el tiempo destinado a la representación gremial dentro de las empresas y conectar de manera directa la función sindical con el trabajo productivo cotidiano.

La senadora subrayó, aplausos mediante, que esta modificación apunta a que los delegados continúen ejerciendo responsabilidades propias de su tarea y no se limiten exclusivamente a la actividad gremial. “Siguen siendo trabajadores y no solo delegados”, describió la senadora, al explicar que la reforma limita los beneficios exclusivos a quienes asumen la representación en los lugares de trabajo. En la presentación, remarcó que la propuesta responde a la lógica de equilibrar derechos y obligaciones dentro de cada compañía, para fortalecer la eficiencia y evitar distorsiones prolongadas en la gestión sindical.

Otra de las definiciones que dejó Bullrich en el encuentro fue la firme política frente a bloqueos de plantas, cortes y tomas. Detalló que la reforma incorpora reglas estrictas y sanciona estas acciones como infracciones graves bajo el Código Penal. Relató que durante su etapa en el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antibloqueos en ciento sesenta y cuatro ocasiones.

Luego de escuchar el cierre de Rocca, quien hizo hincapié en la preocupación de la industria por el avance chino, pero también en las reformas que está encarando el Gobierno, Bullrich tomó la palabra e hizo un repaso de cada uno de los puntos en los que se basa el recientemente enviado proyecto.

Planteó que la estructura actual debe modernizarse para que las empresas funcionen con previsibilidad y reglas estables. Recalcó que el Gobierno propone un esquema de indemnización por despido basado exclusivamente en “un mes por año trabajado” y sobre el salario básico, excluyendo adicionales. Además, la reforma incorpora una actualización clara de montos residuales: IPC más tres por ciento anual para los casos en litigio, de modo que empresas y trabajadores puedan anticipar cuándo y cuánto corresponde abonar en cada decisión judicial.

Al abordar la organización interna, la senadora anticipó cambios en la movilidad laboral y el diseño de las vacaciones, con contratos más adaptados a los ciclos reales de producción y demanda regional. Subrayó que la actualización de los convenios colectivos eliminará la ultraactividad de los acuerdos de 1975 y abrirá la puerta a pactos por empresa, rama o establecimiento.

“Queremos jueces laborales de la ley”

El proceso de reforma también abarca cuestiones judiciales. A raíz de consultas de los asistentes, Bullrich explicó que la propuesta prevé la transferencia de las competencias de la Justicia Nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia ya aprobó este traspaso y que el objetivo final consiste en incorporar jueces laborales que se rijan estrictamente “por la ley, no a favor de empresa o sindicato”, lo que, según dijo, mejorará la imparcialidad y el funcionamiento del sistema.

Bullrich sumó en su exposición casos personales para ilustrar las dificultades de la gestión estatal de los conflictos laborales. Mencionó su experiencia como ministra de Trabajo y observó que durante años hubo decisiones judiciales que beneficiaron a una sola parte. Sostuvo que la nueva selección de jueces perfiles busca incorporar criterios objetivos y probos en la resolución de litigios, por encima de favoritismos.

El encuentro con empresarios fue también el escenario para detallar los principales incentivos fiscales previstos en la reforma. La senadora anunció la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FALN), donde las empresas destinarán el tres por ciento de sus contribuciones patronales a un fondo que servirá para afrontar pasivos laborales como despidos o jubilaciones. Ratificó que este esquema brinda seguridad ante eventuales ventas, sucesiones o cierres, ya que al comprar una empresa el fondo queda en la compañía y cubre todos los pasivos laborales previstos.

Bullrich expuso que la agenda oficial elimina impuestos internos a seguros, telefonía, automóviles, embarcaciones y aeronaves, y reduce la carga fiscal para fomentar la compra de maquinaria e inversiones entre ciento cincuenta mil dólares y treinta millones de dólares. Detalló que el nuevo régimen habilitará la devolución acelerada del IVA en tres meses, amortización acelerada de ganancias y menor presión sobre aportes patronales para quienes generen nuevos puestos de trabajo.

La funcionaria destacó que la iniciativa busca un crecimiento sistemático de las empresas argentinas en la próxima década. “Queremos que cada una de las empresas del país, de los comercios, de los servicios, en diez años tenga siete sucursales”, afirmó. Remarcó que el esquema no pretende que las pymes queden estáticas, sino que pasen de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, con más exportación, innovación e incorporación de personal registrado.

En materia de regularización laboral, la propuesta incluye una condonación de deudas y un reconocimiento previsional de hasta sesenta meses para trabajadores no registrados, únicamente ante nuevas incorporaciones verificables. Para los formatos de la economía colaborativa, Bullrich ejemplificó con el caso de las plataformas digitales, donde cerca de quinientas mil personas se desempeñan bajo la figura de monotributistas y, bajo la reforma, accederán obligatoriamente a seguros por riesgo laboral.

Por último, la senadora señaló que el Gobierno promueve una reforma impositiva amplia, pensada en coordinación con las provincias y municipios, para eliminar tributos locales que dificultan la actividad comercial. Subrayó que tasas como ingresos brutos en algunos distritos no tienen vinculación con servicios concretos y terminan por desalentar la inversión y la generación de empleo formal.

Al respecto, en una de las preguntas finales de los asistentes, Bullrich se refirió a un nuevo pacto fiscal que el Gobierno buscará generar, de forma tal de que los gobernadores e intendentes se comprometan a no subir o crear tasas que no tengan una real contraprestación.