El impacto de los saldos a favor de Ingresos Brutos sobre la liquidez de las empresas industriales argentinas se intensificó en los últimos meses y genera malestar entre los industriales.
Según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), el saldo promedio por empresa alcanza los $719 millones, mientras que en el sector industrial la cifra se elevó a $805 millones. Esto representa un incremento interanual del 86% a marzo, muy por encima del aumento del 56% registrado en el Índice de Precios al Consumidor durante el mismo período.
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El informe realizado por el área tributaria de la central fabril había sido presentado en el marco de la 31° Conferencia Industrial y fue reproducido la semana pasada por Infobae. Pero ayer la entidad volvió a insistir sobre el tema, tras el encuentro mensual de la Junta Directiva, tras la cual se emitió un comunicado de prensa.
La acumulación de estos saldos a favor, que ocurre cuando una empresa paga al fisco más de lo que corresponde por el impuesto a los Ingresos Brutos, genera una serie de dificultades operativas.
Estos fondos, que podrían destinarse al pago de otros tributos, inversiones o necesidades operativas, permanecen inmovilizados, restringiendo la capacidad de maniobra de las compañías. Para la UIA, esta situación implica que el sector público utiliza recursos empresariales, limitando la productividad y la competitividad de la industria.
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El relevamiento de la UIA también detalló la distribución geográfica de los saldos a favor: el 54% se acumula en provincias donde las empresas no poseen establecimientos, y nueve jurisdicciones concentran el 87% del total. En particular, Misiones concentra el 30,5% de los saldos a favor, seguida por la provincia de Buenos Aires con el 22,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 13,5%.
La UIA subrayó: “Esta situación constituye un perjuicio directo para el sector productivo: se trata de capital de trabajo inmovilizado, que no puede destinarse al pago de otros impuestos, inversiones o necesidades operativas. En la práctica, implica que los fiscos provinciales terminan financiándose a costa de la liquidez empresarial, lo que afecta la productividad y la competitividad”.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la cuestión en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde afirmó: “Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos lo tenemos claro, nosotros desde el Estado, que el impuesto al cheque y retenciones son los peores, y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré”.
Pero para muchas provincias este tributo representa el 80% de sus ingresos, lo que convierte cualquier intento de reducción en un desafío que requerirá una reforma tributaria.
La UIA también reiteró su preocupación por la tendencia a la creación de nuevas tasas municipales o el aumento de las ya existentes, lo que incrementa el llamado “costo argentino” y deteriora la competitividad de la industria nacional.
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Según la entidad, “la proliferación de tasas municipales en diversas provincias, junto con la presión adicional de Ingresos Brutos y la no devolución de saldos, presionan aún más los costos financieros y económicos de la industria en un contexto de actividad amesetada y tensiones en la cadena de pagos”.
La problemática de los saldos a favor no se limita al sector industrial. Los exportadores también manifestaron su descontento ante la reciente Resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía, que instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a permitir que, hasta el 1 de marzo de 2026, los exportadores puedan dolarizar los saldos adeudados acumulados al 31 de octubre de 2025.
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La medida abarca los saldos de libre disponibilidad y los reintegros de exportación, pero los fondos estarán disponibles recién a partir del 1 de enero de 2027.
La Cámara de Exportadores (CERA) expresó su preocupación al respecto: “La resolución sorprende pues, de alguna manera, efectúa un reconocimiento tácito de imposibilidad de cumplir la deuda con los exportadores. El esquema opcional propuesto introduciría un diferimiento adicional a tasa cero en dólares, pero de costo financiero real para el sector privado, en muchos casos de sostenimiento imposible; esto a efectos de permitir que el Estado pueda postergar, aunque sea parcialmente, obligaciones que debiera cumplir en tiempo y forma”.
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