Dólares del colchón: en qué quedó el plan del Gobierno para que los argentinos usen los que tienen sin declarar

En mayo, luego de generar la expectativa y postergarlo para no ser acusado de “electoralista”, el Gobierno lanzó una suerte de “plan colchón”: una iniciativa para que los argentinos utilicen los dólares que atesoraban sin declarar. Pero a cinco meses después del anuncio aún no se pudo implementar del todo, o al menos está muy lejos de tener el impacto esperado.

Bajo la premisa de que este no es un Gobierno que iba a perseguir a los contribuyentes, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, plantearon la posibilidad de utilizar los dólares que se compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo para adquirir desde un departamento hasta los consumos del supermercado.

Y si bien el fisco nacional avanzó (eliminó y aumentó los umbrales de los regímenes de información) y la Unidad de Información Financiera (UIF) los de declaración de origen de los fondos, en los hechos de la quedó poco y nada.

En parte, porque los bancos desestimaron las indicaciones de la UIF y comenzaron a solicitar a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de los fondos para realizar las transacciones. Una situación de la que fue alertado en reiteradas ocasiones el ministro Caputo, quien aseguró encargarse del tema.

“Los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno, siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la declaración jurada ya prepararon los formularios por si querés entregarla voluntariamente, con eso evitas hacer la certificación”, afirmó el contador Alejandro Rosenfeld en la red social X.

Lo que recibió la respuesta del ministro Caputo, quien les pidió a los contribuyentes que no le entreguen documentación a los bancos. “Si insisten con no atacar las normas habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, escribió en X.

Pero la iniciativa no avanzó porque el Gobierno no logró sortear el mayor obstáculo: aprobar en el Congreso el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. El mismo proponía cambios en el Régimen Penal Tributario, de Procedimiento, el Código Civil y Comercial y un Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Todo un marco que les iba a dar la seguridad jurídica a los contribuyentes de que si sacaban los dólares del colchón no iban a ser perseguidos, sobre todo por otra gestión.

“El plan colchón es una buena idea, pero requiere que pase por el Congreso para cerrar el círculo de la seguridad jurídica”, afirmó el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin. En esa línea, comentó, que la iniciativa tiene dos etapas: una que es el levantamiento de los umbrales de los regímenes de información de ARCA -que ya está vigente- y la segunda es la seguridad jurídica para lo que se necesita del Congreso.

La misma postura tuvo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien aseguró que solo quedaron las resoluciones generales de ARCA y el Decreto para el RGS que permite la adhesión a contribuyentes con fuentes locales de ingresos. “No funciona tampoco porque tendría que ser también para extranjeros, dijeron que los iban a incorporar y nunca lo hicieron”, destacó.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales del fisco nacional, dicha modificación se encuentra entre las prioridades de la gestión de Pazo, pero no pueden dar fecha de cuándo se concretará.

El proyecto de la oposición

El “problema” para el Gobierno no solo es que el entonces diputados y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, no logró que se trate el proyecto, sino que la oposición le dio media sanción a uno diferente, en agosto, del diputado Ricardo López Murphy y Oscar Carreño que lograron aprobar cambios en el Régimen Penal Tributario.

Si bien contó con el apoyo de diputados de La Libertad Avanza (LLA), el voto positivo se generó porque iban a quedar en evidencia. En las horas previas a la votación, tanto Espert como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, intentaron incorporar los artículos que faltan de la Inocencia Fiscal.

Según pudo saber Infobae, ahora los funcionarios del Ministerio de Economía siguen intentando sumar esos cambios, pero no cuentan con la cantidad de senadores para poder hacerlo. Mientras tanto, la oposición cuenta con el compromiso de que se otorgue la otra media sanción y que la ley quede firme antes de fin de año.

Ya hubo un llamado a comisión para que se trate y no hubo quórum por lo que, en caso de que llegue al Senado sobre tablas deberán conseguir dos tercios de los votos para que se apruebe. “El proyecto del oficialismo es superador al de López Murphy y Carreño porque contiene algunas menciones de cuestiones técnicas sobre situaciones que deberían estar más vinculadas a una sanción monetaria que a una denuncia penal”, sostuvo Litvin.