El campo reclama por la falta de obras para el sector en los últimos 40 años y hay alerta por las inundaciones

En un contexto de freno a la obra pública, más de un millón de hectáreas del campo se encuentran afectadas por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, lo cual pone en jaque la actividad agropecuaria y evidencia la falta de avances en infraestructura rural. Productores y representantes del sector manifestaron su preocupación por el impacto económico y social de la emergencia, así como por la ausencia de obras hidráulicas que permitan mitigar estos episodios recurrentes y cuyo costo es mucho menor a las pérdidas.

La magnitud de la superficie afectada provocó pérdidas productivas considerables y complica el acceso y la operatividad en los caminos rurales. Las consecuencias se extienden más allá de los cultivos, ya que la saturación de los suelos y el deterioro de la infraestructura dificultan tanto la circulación como la evacuación del agua, lo que agrava la situación de los productores agropecuarios.

Entre las zonas más impactadas se identifican Carlos Casares, Bragado, Bolívar, Pehuajó, Olavarría, Alvear, Tapalqué y Roque Pérez.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, enfatizó, durante una reunión de la comisión directiva de la entidad, “en lo poco o casi nada que se ha avanzado en los últimos 40 años en las obras de infraestructura que hacen que la vida del productor agropecuario sea un poco más liviana, con respecto a las condiciones relacionadas con este tipo de clima”.

El presidente de la SRA sostuvo que “los productores tenemos que producir y pagar impuestos, pero esos recursos deben volver en mejoras concretas: caminos, obras y tasas viales. Si se hacen las obras necesarias, podremos evitar volver a sufrir este flagelo”.

En la Jornada Abierta, los productores coincidieron en que el escenario actual resulta especialmente complejo. “Necesitamos saber si se están desarrollando las subcuencas. Es fundamental realizar estudios y proyectos técnicos que nos permitan ordenar el desorden actual y planificar a futuro”, sostuvo Tomás Bond.

Por su parte, Ricardo Debernardi, destacó que en los últimos años no se hizo el trabajo de limpieza de cunetas y alcantarillas, esenciales para que el agua escurra de los campos. En tanto, Luciano Macaroni, productor y delegado de la SRA destacó que: “Estamos siendo escuchados y esperamos la ayuda pronto”.

Al cierre del encuentro, el ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, analizó el estado de situación del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado y explicó que las causas de los actuales problemas hídricos tienen raíces históricas y se vinculan con la evolución geomorfológica de la región y la variabilidad climática.

“La obra de canalización y dragado del río, iniciada en 2003, busca retirar los obstáculos naturales y ampliar su capacidad para responder a los requerimientos hidráulicos del plan”, señaló.

El especialista advirtió que, debido a la alta concentración de lluvias, los suelos se encuentran saturados, lo que dificulta la infiltración y agrava la emergencia actual.

También, indicó que el proceso de contratación y ejecución de las obras llevará tiempo, por lo que sus efectos no serán inmediatos.

En la misma línea, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) afirmaron que “se requieren medidas urgentes de asistencia a los productores, ya que en muchos casos no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos. Es indispensable que se habilite financiamiento específico, con tasas diferenciadas y razonables, ya que las actuales resultan absolutamente inviables en este contexto”.

Consideraron imprescindible la puesta a disposición de maquinarias (camiones, palas, retroexcavadoras) para ayudar a recomponer caminos y limpiar canales. Además, “debe disponerse un alivio fiscal inmediato, tanto desde ARCA como de ARBA y de los municipios, mediante la postergación o suspensión de pagos de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales. La situación es crítica y no se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial”.

“La crisis actual no solo expone la gravedad de las precipitaciones, sino también la inoperancia de no haber concluido en tiempo y forma el Plan Maestro del Río Salado, como así también la falta de mantenimiento de los caminos rurales. Los productores realizan aportes millonarios en concepto de tasas viales, que muchas veces se desvían hacia otros fines municipales, y hoy las consecuencias de esa desatención afloran con crudeza”, reclamaron en la entidad.

“Una obra estratégica como el Salado y el mantenimiento adecuado de los caminos rurales y canales no hubiera evitado las lluvias ni la totalidad del daño ocasionado, pero sí habría permitido morigerar el impacto y facilitar el drenaje de las aguas en plazos más razonables”, añadieron.

Vale precisar que la cuenca del río Salado, con una extensión aproximada de 17 millones de hectáreas, constituye un pilar fundamental de la economía argentina. En el caso de la producción ganadera, según datos de SENASA, se concentra allí el 75% del stock vacuno de la Provincia de Buenos Aires, lo que representa el 28% del total nacional.

En cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región, lo que equivale aproximadamente al 20-25% de la producción nacional. En particular, la cuenca concentra el 40% de la producción nacional de cebada y girasol. Respecto a la lechería, en la provincia se produce un 20% de la leche nacional, de la cual más de 75% está dentro de la cuenca del salado.

Las obras que no fueron

En 1999 se diseñó un Plan Maestro Integral para reducir el impacto de eventos hídricos extremos, mejorar el potencial productivo y crear un marco institucional de gestión del agua. Preveía ejecutarse en 10 años y finalizar en 15, pero tras 25 años solo se completó poco más del 50%.

Según CARBAP, el análisis financiero revela que el costo de no hacer ha sido exponencialmente mayor que el costo de hacerlo

• Costo original del Plan: USD 2.000 millones (actualizado, cerca de USD 4.000 millones).

• Recaudación fiscal generada en la cuenca: durante el período de inacción, se estima que los productores de la cuenca han aportado al fisco, principalmente vía retenciones a las exportaciones, una cifra superior a los 35.000 millones de dólares.

• Pérdidas productivas acumuladas: estimadas en más de USD 5.000 millones.

En respuesta las inundaciones de la década del 80′ y 90′, y la necesidad de financiar obras necesarias, el Ejecutivo Nacional estableció en noviembre de 2001 la Tasa de Infraestructura Hídrica, (un impuesto sobre la transferencia o importación de naftas y sobre el gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores) con afectación específica al desarrollo de proyectos hídricos rurales. Sin embargo, posteriormente se eliminó el carácter exclusivamente rural del Fondo hídrico Nacional creado, lo que derivó en una redistribución de recursos hacia proyectos urbanos.

“La suma entre recaudación y pérdidas evitables excede en más de diez veces el costo total del plan. En otras palabras, la cuenca ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, manifestó CARBAP. El impacto económico acumulado supera los 40.000 millones de dólares entre recaudación no reinvertida y pérdidas productivas.