Por qué son récord los juicios por accidentes laborales: causas y efectos en el sector privado

El aumento de la judicialización laboral figura entre los principales problemas para el sector privado en Argentina.

El crecimiento de las demandas por accidentes de trabajo presiona la sostenibilidad del sistema, incrementa los costos empresariales y plantea nuevos desafíos en un mercado laboral que busca mayor formalidad y competitividad.

Según datos publicados por las aseguradoras, el sistema de riesgos del trabajo enfrenta una situación crítica debido al crecimiento sostenido de los litigios y a una proyección para 2025 de 130.240 demandas, un nivel récord que se mantiene desde hace años, pese a intentos para reducirlo.

Los ingresos registrados en junio confirman esta tendencia.Durante ese mes se iniciaron 10.947 nuevos juicios. En el primer semestre se acumularon 61.996 causas, informó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).En los últimos 12 meses, el total notificado llegó a 127.872 causas, por lo que la estimación anual supera las 130.000 demandas.

La distribución geográfica revela una concentración significativa en algunas jurisdicciones. La Provincia de Buenos Aires se mantiene como el distrito con mayor volumen, con valores superiores a los observados en 2024 y un peso del 40% sobre el total nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra un acumulado hasta junio por encima de los registros del año pasado. Por su parte, Santa Fe evidencia un crecimiento marcado, con una variación del 28% interanual en junio respecto del mismo mes de 2024, muy por encima del promedio general.

Más litigios con menos siniestros

La legislación vigente, en particular la Ley 27.348 de 2017, prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes, pero salvo algunas excepciones, como Mendoza, o recientemente Santa Fe -que acaba de llamar a concurso para crear el cuerpo de peritos-, en la mayoría de las provincias eso no sucedió, y actúan los peritos llamados por listados, que perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que genera un “circuito perverso de incentivos”, remarcó la entidad que dirige Mara Bettiol.

Las pericias suelen fijar porcentajes de incapacidad superiores al baremo oficial. En promedio, exceden en 12,5 puntos los valores de la normativa vigente.

A esto se suman tasas de interés judiciales elevadas, que transforman los juicios en una apuesta financiera con retorno asegurado, advierte el sector.

En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 130.000 nuevos para 2025, una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.

Mara Bettiol sostuvo que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización. El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo es de 2,77% de la nómina salarial. Aunque subió en el último año, no se incrementó al ritmo de la litigiosidad.

“Es imposible financiar todo esto. El objetivo es resolver el problema de raíz, mientras se cobra lo posible. Esperamos que la situación mejore”, dijo la directiva a Infobae.

La preocupación en el sector privado se justifica por el efecto directo en los costos laborales. La judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y se convierte en un freno para la generación de empleo formal. Este fenómeno genera incertidumbre y limita las posibilidades de planificar inversiones, especialmente en actividades intensivas en mano de obra, remarcó la entidad en un comunicado emitido meses atrás.

El 88% de los juicios ingresados corresponden a casos sin incapacidad reconocida, lo que pone en evidencia la existencia de una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el 60% de las demandas se presentan fuera del plazo legal establecido, profundizando la acumulación de causas y satura los tribunales.

El caso típico, explicó Bettiol, es el de una persona que tiene un accidente de trabajo, se recupera completamente y la ART le dice que le queda 0% de incapacidad. Luego la persona consulta en la comisión médica, que insiste con ese diagnóstico. Por lo tanto, la tercera instancia es el juicio. Y ahí es cuando el perito resuelve, en la mayoría de los casos, planteando que hay una incapacidad determinada, según las empresas, en función de su interés.

“En CABA -agregó la presidentre de la UART- en el 50% de los casos se le atribuye además de incapacidad física, incapacidad psicológica y en promedio esa incapacidad son 10 puntos”.

Avance en Santa Fe

Las provincias que lograron implementar los Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, como Salta y Río Negro, muestran índices de litigiosidad notablemente más bajos en comparación con otras jurisdicciones con condiciones socioeconómicas similares. Esta evidencia respalda la idea de que la aplicación plena de la norma podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y dar mayor previsibilidad al sistema, sostienen en el sector.

A su vez, en Mendoza creó un cuerpo médico con cinco peritos, que dependen del Poder Judicial, pero en paralelo siguen trabajando los otros peritos, que si bien son controlados por el cuerpo médico y se corrigen muchos de los planteos, la judicialidad persiste.

Y la última novedad, de comienzos de julio, es que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llamó a concurso para integrar el cuerpo médico forense con tres peritos. Dicho llamado estará en vigencia entre el 28 de julio y el 8 de agosto, ambas fechas inclusive.

Comparación internacional

Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Este diferencial pone en relieve las particularidades del esquema local, que combina incentivos distorsivos en el ámbito judicial con una cobertura amplia y prestaciones superiores a las de muchos sistemas comparables.

“Si aplicáramos la tasa de judicialidad de España, tendríamos que tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600. Pero se registran 130.000, con similares índices de siniestralidad y mayor cobertura” explicó Bettiol.

Desde la creación del sistema, la mortalidad laboral se redujo un 81%; la siniestralidad bajó 55%, y la gravedad de los accidentes cayó 39%. Estos datos surgen del balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema.

El costo económico de esta cantidad de juicios impacta sobre el sector productivo. Según la UART, tomando el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentar el empleo registrado.