La Cámara Argentina de la Construcción rechazó el cierre de Vialidad Nacional

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su “profunda preocupación” tras la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), medida anunciada por decreto y publicada en el Boletín Oficial.

En un comunicado difundido este martes, la entidad advirtió que la eliminación del organismo técnico con casi un siglo de trayectoria “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”.

CAMARCO destacó que Vialidad Nacional “garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones”.

La Cámara alertó que el traspaso de funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional “genera una fuerte incertidumbre”. Advirtió su preocupación por “la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial”.

Además, señaló que “el mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30.000 kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por el importante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos”.

Para la entidad, “la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional”.

Por eso, reclamó “abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica” y reafirmó su disposición a “trabajar junto al Estado en el diseño de políticas que garanticen obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo”.

“El país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio”, concluyó el comunicado.

La decisión del Gobierno

Tras la publicación del decreto 461/2025, el Gobierno defendió la medida señalando que la Dirección Nacional de Vialidad tiene “una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional”.

Según informó la Casa Rosada, el organismo cuenta con 5.184 agentes: 1.091 en Casa Central y 4.053 en los 24 distritos viales, de los cuales “el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo”.

El Gobierno también criticó la distribución de recursos en Vialidad: “Se registra un cargo (gerencias, subgerencias, divisiones y seccionales) cada 3 agentes; prácticamente un auto o camioneta por agente operativo; y maquinaria pesada cada dos agentes, lo que refleja una desproporción entre los recursos materiales disponibles y la capacidad para operarlos”.

Además, denunció supuestos casos de nepotismo y “casta sindical” al señalar que son empleados de la DNV la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, su esposo que es el secretario adjunto, sus dos hijas y un yerno.

Finalmente, el Gobierno argumentó que la disolución de la DNV permitirá “un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares”, además de “optimizar el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”.

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