Paro de controladores aéreos: el Gobierno habla de extorsión y trabaja para que se cumpla con los vuelos

En la antesala del inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del país, el Gobierno nacional cuestionó con dureza la medida de fuerza anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos. Desde fuentes oficiales calificaron el accionar del gremio como una “extorsión” que perjudica a los trabajadores del sector y a los pasajeros, y aseguraron que se está “trabajando contrarreloj para garantizar que las aerolíneas puedan cumplir con los vuelos programados”.

Atepsa comunicó días atrás un plan de retenciones de tareas que se desplegará durante julio, con impacto en todos los aeropuertos del país. La medida prevé interrumpir funciones esenciales vinculadas al movimiento de aeronaves, como la autorización de despegues, circulación de vehículos en pista y la gestión de planes de vuelo. El cronograma difundido por el sindicato establece paros para los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de este mes, entre las 12 y las 14 horas.

Según explicó el gremio, la decisión responde a un conflicto que lleva más de diez meses sin resolverse, en el que “no se habrían obtenido respuestas” de parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ni la Subsecretaría de Transporte Aéreo. En concreto, las medidas surgen en rechazo a lo que consideran una política de “desregulación salvaje”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

Frente a esta situación, fuentes oficiales señalaron que Atepsa “no nuclea a la totalidad de los trabajadores ni los representa ideológicamente”, y atribuyeron la conducción del gremio a una “alineación con el kirchnerismo”. Según explicaron, “la manera en que están encarando esta medida de fuerza ha generado un proceso de desafiliación masiva en los aeropuertos del país”.

“Una vez más, la casta sindical aeronáutica extorsiona, tomando de rehenes a los propios empleados de EANA, que no están pudiendo percibir la paritaria justamente por la politización de todo esto, y a todos los argentinos de bien, al restringir la posibilidad de volar con normalidad en plenas vacaciones de invierno”, afirmaron las fuentes consultadas.

Desde el Gobierno también cuestionaron una presentación judicial realizada por el sindicato. “Increíblemente, Atepsa solicitó a la Justicia una cautelar para que la ANAC se abstenga de emitir la reglamentación sobre la prestación de los servicios de navegación aérea durante las medidas de fuerza. Es decir, se niegan a garantizar el 45% de los despegues planificados por hora, conforme a lo que establece el convenio colectivo de trabajo”, indicaron.

En esa línea, advirtieron que si el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 31 avanza con la cautelar solicitada sin evaluar el cronograma de paro anunciado ni la reglamentación dictada por la autoridad aeronáutica, se podría “poner en riesgo la seguridad operacional”. Las fuentes destacaron que esa dimensión “no puede ser una variable de negociación ni un instrumento de presión” y que el Ejecutivo está realizando gestiones para asegurar la prestación del servicio aéreo y minimizar el impacto sobre los usuarios.

Impacto en el turismo

El paro se implementará en plena temporada alta, cuando muchas familias argentinas se trasladan por vía aérea hacia los principales destinos turísticos del país. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe, entre otras, iniciarán su receso escolar el lunes 15 de julio. De sostenerse la medida en las fechas previstas, la afectación del servicio coincidiría con el momento de mayor demanda de vuelos del año.

El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión entre el Gobierno y distintos sectores gremiales. En este caso, las autoridades aeronáuticas expresaron que no permitirán que se utilicen herramientas sindicales “para condicionar la seguridad aérea ni para imponer medidas que perjudiquen a millones de personas”.

En paralelo, las empresas aéreas monitorean el desarrollo del conflicto con preocupación, ya que los paros afectan tanto a las operaciones comerciales como a las logísticas. Si bien el cumplimiento parcial de los vuelos podría permitir cierta continuidad del servicio, la incertidumbre respecto al alcance de las retenciones de tareas y a las resoluciones judiciales en curso mantiene en alerta a todo el sector.