El Juzgado Federal de Quilmes ordenó suspender la liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), en respuesta a un amparo presentado por el gremio que representa a los trabajadores municipales. La decisión judicial se produjo luego de una serie de protestas en ese distrito del sur del conurbano bonaerense, organizado por el sindicato.
La medida judicial anuló la resolución que había emitido la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, con la que se pretendía iniciar el proceso de cierre de la OSPMA. Según se argumentaba en la resolución original, el organismo consideraba que la obra social “no subsanó en forma integral las observaciones formuladas, incumpliendo el plan de contingencia aprobado”.
El pedido de amparo fue impulsado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, que denunció que la decisión de liquidar la obra social no solo era injustificada, sino que también podía poner en riesgo el derecho a la salud de miles de personas. Tras analizar el planteo, el Juzgado Federal de Quilmes resolvió aceptar la medida cautelar y ordenó frenar el proceso de baja.
A través de un comunicado citado por la agencia Noticias Argentinas, el gremio celebró la decisión judicial y explicó que desde la entidad también se habían iniciado contactos con las nuevas autoridades de la Superintendencia para aclarar los motivos que llevaron a dictar la resolución original. “Nuestros equipos técnicos tomaron contacto con las nuevas autoridades de la Superintendencia a fin de acercar información probablemente mal direccionada por el sistema TAD (Trámites a Distancia) y evacuar dudas”, detallaron.
La resolución original había sido firmada por Gabriel Oriolo, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como superintendente de Servicios de Salud. Sin embargo, su renuncia fue aceptada en las últimas horas y en su lugar fue designado Claudio Stivelman, quien hasta entonces ocupaba el cargo de gerente general del organismo.
Stivelman es un funcionario de confianza del actual ministro de Salud, Mario Lugones, y su desembarco en la Superintendencia marcó un cambio de perfil en la conducción del organismo.
La salida de Oriolo se conoció pocas horas después de la protesta organizada por los trabajadores municipales frente a la sede de la OSPMA, ubicada en la calle Laprida, en la ciudad de Avellaneda. El sindicato había convocado a un “abrazo solidario” con la consigna de defender la institución, el derecho a la salud y la continuidad de los tratamientos médicos que garantiza la obra social.
Desde la conducción gremial rechazaron que la OSPMA presente problemas financieros. Esa había sido una de las principales razones esgrimidas por la Superintendencia para justificar el intento de cierre. Según afirmaron desde el gremio, la obra social está al día con el pago de sueldos, proveedores y prestadores, y no registra quejas formales por parte de sus afiliados.
Asimismo, en su comunicado explicaron que la única vez que la OSPMA fue declarada en crisis fue en el año 2020, durante la pandemia de COVID-19, para poder acceder al programa de Aportes al Trabajo y la Producción (ATP) implementado por el gobierno de Alberto Fernández como medida de apoyo a empresas y entidades en situación crítica.
Documentación sin presentar
“Desde hace años nos encontramos al día en todas nuestras obligaciones, tanto salariales como contractuales. Por eso no existen motivos reales que justifiquen una medida tan drástica como la liquidación de nuestra obra social”, señalaron voceros sindicales. También calificaron la resolución como “curiosa y llamativa”.
La particularidad de la OSPMA en el sistema de salud bonaerense también fue subrayada en el conflicto. Mientras que la gran mayoría de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires tienen cobertura de salud a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), mediante convenios que los municipios suscriben por ley, en Avellaneda existe una excepción: cuenta con una obra social propia.
Fuentes de la Superintendencia de Salud explicaron a Infobae que la decisión de iniciar el procedimiento de baja se tomó ”porque hace por lo menos tres años que esa obra social no presenta en el organismo ninguna documentación de la que se le solicitó. De hecho la obra social está en crisis desde 2022, y ni aun así, frente a los últimos requerimientos de la superintendencia, presentaron lo que corresponde".
Durante los 18 meses en los que Gabriel Oriolo estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, se firmaron múltiples resoluciones de intervención y liquidación de entidades. Entre ellas se encuentran la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF).
Ese conjunto de intervenciones generó malestar en distintos sectores sindicales, que cuestionaron el avance del organismo regulador sobre obras sociales que, en algunos casos, consideraban funcionales. La decisión de cerrar la OSPMA, en ese contexto, fue interpretada por parte del gremio como una continuidad de esa política.
Con información de NA
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