En línea con la premisa oficial de reordenar el Sistema de Salud, el Gobierno de Javier Milei dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, en la última semana ya se liquidaron cinco obras sociales.
La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este lunes a través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, sostienen desde la SSS. En tanto, el titular del organismo, Gabriel Oriolo, afirmó que el objetivo es “velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran”.
La Superintendencia continúa con las auditorías sobre el sistema, que cuenta con casi 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud y evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.
Esta transformación va en línea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, y, en particular, los aquellos denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas organizaciones que solo se inscribían en el sistema para obtener subsidios o brindar servicios que, en la práctica, estaban escasamente controlados. La falta de verificación posibilitaba la manipulación de registros para incrementar el volumen de fondos públicos determinados a su favor.
Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De un total de 290 entidades, 201 fueron perjudicadas por la nueva fórmula, sufriendo una merma inmediata de 3.483 millones de pesos. Por el contrario, las obras sociales que reportaron una mayor cantidad de afiliados resultaron ganadoras bajo el nuevo sistema.
Este recorte en las cajas de las obras sociales sindicales significó una reducción en los ingresos para gremios con estructuras menores. La situación guarda semejanza con la disposición tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud en febrero de este año, cuando se eliminó la intermediación entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. Dicha decisión también generó controversias públicas en el ámbito sindical, aunque varios referentes gremiales admitieron en privado que la resolución impacta principalmente sobre las entidades identificadas como “sellos de goma”.
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